Avanza la investigación del presunto fraude electoral en el voto por correo en las elecciones municipales de mayo de 2019 en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe.
Desde que Pedro Sánchez apretó el botón electoral, varios dirigentes del PP y Vox han sembrado dudas sobre la limpieza del voto por correo.
De ahí que el propio candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaya a proponer a la Junta Electoral Central en los próximos días que adopte "algunas medidas adicionales" para "incrementar la garantía del voto por correo".
En ese contexto, un juzgado de Instrucción de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) ha dado ahora un paso clave en una causa que lleva siete años investigándose.
En concreto, ha citado a declarar como investigada a Soledad Cabezón, una exdiputada del PSOE en el Congreso, exparlamentaria europea y alcaldesa de la localidad desde 2003 a 2011.
La cita es el próximo 1 de diciembre a las 10:00 horas, según reza en la providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Junto a ella también declararán como investigados la actual concejala de Educación, Festejos, Turismo y Patrimonio y miembro de la Ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla, Rocío López Cid; la concejala de Cultura, Ángela de la Cruz López Castilla, y el responsable de prensa en el Ayuntamiento.
Aunque no los cita en esa misma fecha, siguen siendo investigados en la misma causa el actual alcalde socialista José Antonio Gelo, otras personas vinculadas al socialismo local y trabajadores municipales o de Correos.
En aquellas elecciones, los socialistas obtuvieron seis concejales frente a cinco el PP. La coalición de izquierdas, bajo las siglas de Adelante, se quedó solo a seis votos de obtener representación en el Ayuntamiento, lo que aumenta la trascendencia de la posible compra de votos.
El 'modus operandi'
Precisamente fue IU quien denunció los hechos. El voto por correo se quintuplicó respecto a las anteriores elecciones municipales y, enseguida, se dispararon las sospechas.
El pasado mes de mayo la Fiscalía, en uno de sus últimos escritos presentados, se refirió a los hechos como "una trama" de compra de voto por correo en favor de los socialistas para captar votos a cambio de contratos públicos.
En concreto, en abril de 2025, según publicó The Objective, un joven de la localidad declaró ante la Guardia Civil que le ofrecieron un contrato a cambio de firmar su voto por correo a favor del PSOE en las elecciones municipales de 2019.
Según su testimonio, ni siquiera fue necesario que acudiera a una oficina de Correos: entregó su DNI y firmó unos documentos.
En el atestado se recogieron las declaraciones íntegras de este testigo, que apuntó directamente a un cargo del Ayuntamiento: B.D.A., entonces encargado general del consistorio y marido de la teniente de alcalde. Este lo negó todo.
En la causa, que fue archivada y reabierta por la Audiencia, ya han testificado varios vecinos de Albaida. Por ejemplo, un matrimonio reconoció que nunca votó, sin embargo, sus votos estaban en las urnas tras supuestamente haberse falsificado sus firmas.
Otro admitió que le ofrecieron un trabajo en el Ayuntamiento si firmaba por el PSOE.
En la causa están pendientes diligencias claves como las pruebas caligráficas para comprobar las firmas. En concreto, IU denunció que hasta 47 solicitudes presentan idéntica caligrafía.
Trabajadores de Correos
Por otro lado, también tendrán que declarar trabajadores de Correos. En concreto, según los denunciantes, uno de ellos recogía en el Ayuntamiento las solicitudes de voto y las llevaba a la oficina postal, sin necesidad de que los solicitantes tuvieran que realizar trámite alguno.
El pasado mes de julio ya lo hizo como testigo y por videollamada la directora de operaciones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Olga García, que en el momento de los hechos no ostentaba ese cargo.
El objetivo de su declaración era que detallara cómo actúa la entidad en el caso de las solicitudes de sufragio por vía postal. Olga García aseguró que no podía encontrar explicación a cómo fueron tramitadas las solicitudes con las supuestas irregularidades denunciadas.
Según aseguró, un funcionario de Correos no debe admitir una solicitud de voto por correo sin firma del peticionario o sin una dirección postal concreta de comunicación, circunstancia que según IU ocurre en algunos de los votos investigados.
En su defensa, la agrupación socialista de Albaida, ha argumentado que se limitó a ayudar a la ciudadanía para facilitar los trámites del voto por correo, descartando cualquier delito.