La mezquita del Polígono Sur de Sevilla continúa siendo -al menos en los medios- la noticia del verano.
El pasado martes se aprobó definitivamente la licencia de obra para el proyecto después de que los informes técnicos y jurídicos que exigió la formación verde avalasen que "cumplía con la normativa urbanística vigente", entre otros motivos porque se va a levantar en suelo privado y con fondos privados.
La decisión de Urbanismo provocó de forma instantánea una serie de advertencias por parte de Vox al Gobierno del ‘popular’ José Luis Sanz, con quien tiene un pacto presupuestario.
Entre ellas estaba el aviso de una posible ruptura de dicho acuerdo y un recurso ante los tribunales si no se daba marcha atrás.
Los motivos para rechazar la iniciativa tienen tintes ideológicos y políticos, algo que no niegan desde la formación. Pero también se agarran a argumentos jurídicos.
Fuentes de Vox señalan que el solar en el que se va a construir la mezquita tiene uso socio-cultural. No obstante, este es el mismo fin que, si se atiende a la licencia otorgada por Urbanismo, tiene la mezquita. Entonces, ¿cuál es el problema?
La "clave", según el grupo, es que "todo el proyecto está destinado al culto" puesto que "hay planteado un minarete de 30 metros de altura y el edificio está orientado a la Meca", entre otras características.
Además, defienden que "la mayoría de visitantes irán a rezar" al espacio y que la Fundación Mezquita de Sevilla -impulsores de la iniciativa- hace distinciones "entre áreas destinadas a mujeres y áreas destinadas a hombres".
Todo esto se traduce, según los verdes, en que "realmente se trata de una mezquita", "responde a los valores de la religión islámica" y, por ende, "debería de levantarse en un suelo destinado al culto".
Es por este motivo por el que, antes del 28 de agosto, presentarán ante la Gerencia un recurso de alzada. Este deberá de ser admitido o no y, dependiendo de la conclusión final, se procederá a elevar el asunto a los tribunales o no.
Esto último afectaría de lleno también al pacto presupuestario que tienen ambas formaciones.
El pasado martes, los concejales de Sevilla afirmaron que la confianza en el Ejecutivo local "estaba rota", dejando la puerta abierta a una posible rotura del acuerdo a menos de un año de las próximas elecciones municipales.
Desde Vox aseguran que en la ciudad "hay suelos destinados al culto disponibles" y que "es en ellos donde realmente se debería de levantar el proyecto". Estos están ubicados, por ejemplo, en Palmas Altas.
Aun así, los representantes de Abascal sostienen que, de plantearse un centro de este tipo en una parcela destinada al culto, se seguirían oponiendo igualmente por razones políticas e ideológicas, pero que ahora pueden acogerse a "argumentos jurídicos".
No obstante, cabe destacar que, de seguir el proyecto y la polémica adelante, deberá ser un juez quien decida si Vox tiene la razón y la mezquita no puede situarse en el solar de las Tres Mil o, por el contrario, no hay motivos para dar marcha atrás.
En paralelo, fuentes del partido han subrayado la "rapidez" con la que se ha concedido la licencia, sin embargo, fuentes municipales hacen hincapié en que reducir los tiempos ha sido "uno de los objetivos" que se puso el Gobierno de Sanz.
Vecinos del Polígono Sur
Por su parte, la plataforma vecinal También Somos Sevilla ha quitado hierro a la mezquita.
En un comunicado, la organización ha asegurado que "no es el problema" del barrio.
"Hace años que convivimos personas de diferentes razas, ideologías y creencias religiosas: jamás ha habido ningún problema causado por este pluralismo ideológico y religioso".
La asociación asegura que los "graves problemas de seguridad" que tienen "no han estado, ni están, provocados por diferencias religiosas".
En su opinión, obedecen a "la persistencia de la pobreza y la exclusión, que genera conductas marginales impunes", de modo que el "principal núcleo de inseguridad" está constituido por la existencia de "grupos que controlan el cultivo y tráfico de drogas y necesitan un barrio hecho a la medida de su negocio".