José Jiménez pecó de optimista al ofrecer 5.000 euros para desbloquear su vida y expulsar a la okupa de su chalet. La respuesta de Aimee E., la mujer británica que ocupa su propiedad desde hace dos años, fue negativa, pues pretende mantener el nivel de vida y estatus que dice y parece tener.
"Con eso no me da para la entrada del chalet que me quiero comprar", le dijo. Ahora, el precio para liberar la vivienda de José se ha fijado en una cifra de cinco ceros: 30.000 euros.
Este vecino de Son Ferrer vive en una pesadilla. Tras el fallecimiento de un familiar, y con la necesidad de mudarse cerca de sus padres, decidió pujar por una casa a través del portal oficial de subastas, una oportunidad que, en principio, no presentaba incidencias. "No constaba que estuviera okupada", sostiene.
La adjudicación se formalizó, y durante los primeros días, nada hacía sospechar que la vivienda estuviera habitada. Sin embargo, una semana después, al regresar con sus allegados, observó señales incuestionables de que había alguien dentro.
Este hallazgo activó un procedimiento judicial que, más de un año después, sigue sin resolverse. Así lo ha compartido el propietario con EL ESPAÑOL.
Propiedad en litigio, ubicada en Son Ferrer.
Un chalet que ronda el millón
El inmueble en disputa es un chalet de más de 150 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, con varias habitaciones y ubicado en una de las urbanizaciones más cotizadas del municipio de Calvià (Mallorca).
Se trata de una vivienda unifamiliar que, según el propietario, adquirió como residencia para él y sus dos hijos. Sin embargo, hoy no puede acceder a ella. Actualmente vive con sus padres, tras haber destinado todos sus ahorros en el caso.
La vivienda fue adquirida a través del Portal de Subastas del Estado. Según el adjudicatario, en la documentación disponible no figuraba que hubiera okupas en el interior, circunstancia que, de haberse visto reflejada, hubiera influido en la compra del inmueble. "Me hubiera salido mucho más barata", afirma.
La vivienda por la que pelea José, con evidentes signos de ocupación.
Tras observar que la vivienda no estaba vacía, el juzgado fijó una fecha de lanzamiento. No obstante, el 12 de mayo de 2025 esa fecha fue suspendida para dar traslado a la okupa y permitir acreditar, si disponía, el título justo que justificara su permanencia en el inmueble.
En lugar de presentar un contrato formal, la mujer aportó capturas de conversaciones mantenidas por Messenger y justificantes de pagos realizados en un locutorio. "Eso no tiene ni origen ni tiene destino", relata José.
El procedimiento queda a la espera de una vista judicial.
La mujer británica que ocupa ilegalmente la vivienda.
'Okupa de lujo'
En la sede judicial, la okupa de lujo alegó vulnerabilidad económica y solicitó abogado de oficio. "Se personalizó que había pedido abogado de oficio porque era una persona vulnerable y no tenía medios económicos", explica.
Sin embargo, Jiménez sostiene que la realidad es muy distinta. "Ella vive en una nube, en una vida irreal, se codea con las altas clases, lleva ropa y accesorios que valen más de 1.000 euros... Lleva una vida de lujo y encima farda por redes sociales", comenta indignado.
Según el propietario de la vivienda, la mujer británica mantiene un alto nivel de vida y lo exhibe a través de redes sociales. Trabaja en una de las inmobiliarias más lujosas de Mallorca y también asegura que dispone de un vehículo de alquiler.
Imágenes que la okupa publica en redes sociales mostrando su nivel de vida.
Antes del lanzamiento, José intentó alcanzar un acuerdo informal. "Fui con toda mi buena intención", explica. "Sé qué tiene una hija, le ofrecí 5.000 euros para facilitar su salida".
"Se echó a reír, me dijo que con eso no le llegaba para la entrada del chalet que se quería comprar", recuerda. "Me exigió 30.000 euros como condicionante para irse". A partir de ahí, Jiménez decidió seguir únicamente la vía judicial.
Son Ferrer es una localidad pequeña, por lo que encontrarse por las calles es habitual. "Cuando nos cruzábamos se reía de mí, me veía de lejos y me hacía una peineta", recuerda. "Me enfadó tanto que decidí empezar a darle publicidad al caso", sentencia José.
A raíz del consecuente despliegue de medios nacionales en la puerta de la vivienda, la okupa ha denunciado a José por acoso ante la Guardia Civil. "Ha aportado una serie de pruebas y hechos que no se ajustan a la realidad", explica tranquilo. "Estamos esperando a que archiven el caso".
Separado y con dos hijos
Actualmente, Jiménez vive con sus padres. Padres y allegados formalizaron incluso préstamos personales para ayudarle. "Mis padres pedían préstamos a su nombre porque yo ya no tenía capacidad, el endeudamiento era máximo".
Para el propietario, el caso refleja un claro ejemplo de problema estructural del país: "Aquí tenemos unos representantes políticos que te alientan a patear puertas y entrar a ocupar casas", condena.
A su juicio, la administración debería asumir la protección de personas vulnerables sin trasladar la carga al propietario, porque al final "han conseguido hacer al cara dura más cara dura y al vulnerable cada vez más vulnerable".
Hoy por hoy, mientras espera fecha para la vista, la vivienda adquirida en 2024 sigue sin poder ser utilizada por quien figura como propietario en el decreto de adjudicación.