En cuestión de días, un grupo de legisladores demócratas y republicanos tomó cartas en el asunto y comenzó a elaborar La Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras. Exactamente un mes después de la masacre de Uvalde, Joe Biden aprobaba ese paquete de reformas legales conminando a la acción: “No hay tiempo que perder; se salvarán vidas” aseguró el presidente.

La Cámara de Representantes se hizo eco de ese llamamiento rápidamente, poniendo a la congresista demócrata de Nueva York, Carolyn Maloney, al frente del Comité de Supervisión y Reforma. Este investiga el papel desempeñado por los principales fabricantes de armas en la epidemia de tiroteos masivos que asola el país desde hace una década.

La Congresista Carolyn Maloney. Reuters

Heredera política de Hillary Clinton, experta en educación y forjada en los círculos de poder de Manhattan (durante años representó los intereses del Upper East Side, el barrio de ricos en el que vivían Rudy Giuliani y el clan Trump), Maloney cuenta con amplia experiencia en materia de reformas de seguridad y control de armas. La neoyorquina jugó un papel fundamental en la renovación de las agencias de inteligencia tras los ataques del 11-S. En 2013 sacó adelante La Ley de Prevención del Tráfico de Armas, elevando el comercio de armas a delito federal por primera vez y endureciendo las penas para los "falsos compradores" que facilitan armas a delincuentes y enfermos mentales violentos. Uno de sus mayores triunfos en política tuvo lugar en 2015, cuando logró imponer la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil a todos los propietarios de armas del país.

El pasado 27 de julio, Maloney presidió una sesión especial del comité destinada presentar los hallazgos iniciales de su investigación y a “llamar la atención del Congreso para que actúe y responsabilice a los fabricantes por las armas mortales que están produciendo y que están matando a estadounidenses inocentes". 

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Lo cierto es que la popularidad de las armas automáticas y rifles de asalto se ha disparado en los últimos diez años, desde que en 2012 un hombre armado con un rifle de calibre militar matara a 20 niños y seis adultos en la Escuela Primaria Sandy Hook en Connecticut. Es más, las armas utilizadas en al menos seis de los 14 tiroteos masivos ocurridos en los últimos doce meses eran rifles semiautomáticos estilo AR-15 o de categoría similar, según datos facilitados por el Archivo de Violencia Armada. La década que ha registrado los tiroteos masivos más mortales de la historia nacional ha sido también una etapa de crecimiento récord para los pesos pesados de una industria que da trabajo a 54.000 estadounidenses.

Un negocio millonario

El Comité de Supervisión y Reforma ha centrado sus pesquisas en las empresas más influyentes del sector que en conjunto, han vendido el 70% de las armas que hay en 53,7 millones de los 122 millones de hogares estadounidenses.

Se trata de Smith & Wesson, cuyo rifle de asalto utilizó el hombre que abrió fuego en pleno desfile del 4 de Julio a las afueras de Chicago; Daniel Defense, fabricante de la metralleta automática del tirador del colegio de Uvalde; Ruger, la marca del rifle que usó el hombre que mató a 10 personas en una tienda de ultramarinos en Boulder en marzo de 2021; SIG Sauer, que diseña y comercializa el rifle estilo AR-15 que se usó para matar a 49 personas en un club nocturno de Orlando en 2016 y a otras cuatro en un centro comercial de Indiana este mismo mes de julio. Glock, empresa que comercializa la pistola semiautomática que utilizó el tirador del metro de Nueva York la pasada primavera, completa la lista.

Espoleados por una demanda cada vez mayor, los fabricantes de armas de fuego duplicaron su producción anual de rifles de asalto entre 2010 y 2019, sacando al mercado 8,57 millones de unidades por año. De ese total, alrededor de 741.000 son rifles completamente automáticos, según recoge el informe de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de 2021 del Departamento de Justicia.

Se calcula que hoy en día hay alrededor de 19,8 millones de rifles de asalto en circulación en EEUU. Prácticamente la mitad (unos 8,5 millones) han acabado en manos de civiles desde que la prohibición federal de armas de asalto instaurada por el Presidente Clinton expiró en 2004.

En total, los consumidores estadounidenses poseen alrededor de 393 millones de armas de fuego (tanto legales como ilegales), según datos de Small Arms Survey, un proyecto con sede en Suiza del Instituto de Graduados de Ginebra. En otras palabras, en EE.UU. hay más armas que personas.

Los hallazgos del equipo de Maloney vienen a confirmar que la fabricación y venta de rifles de asalto y otras armas de gran potencia es un negocio de lo más lucrativo. Prueba de ello son los más de 1.700 millones de dólares que se han embolsado en la última década los principales fabricantes. Gran parte de esos ingresos provienen de la venta de ametralladoras, pistolas semiautomáticas y rifles de asalto similares al que utilizaron las tropas estadounidenses que lucharon en Vietnam, la AR-15 diseñada por la misma empresa que fabrica los revólveres Colt, otro de los símbolos de la imaginería popular americana. Por contra, los muertos contabilizados desde 2013 en tiroteos masivos según la definición del FBI establecida aquel año alcanzan el millar.

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La principal beneficiada de esta bonanza teñida de sangre ha sido Smith & Wesson. La empresa con sede en New Hampshire vio como las ventas de rifles de asalto se duplicaron entre 2019 y 2021, generando 253 millones de dólares en ingresos. La facturación total pasó de 529 millones de dólares en 2020 a más de 1.100 millones en 2021. La dirección de la empresa reconoció el buen hacer del consejero delegado, John P. Smith, triplicando su sueldo anual hasta los 3 millones de dólares.

Miembro reconocido del exlusivo Circulo de la Libertad (grupo de miembros VIP de la National Rifle Association), Smith no cuenta precisamente con el favor de Maloney, quien ha tenido que recurrir a una citación judicial para conseguir que coopere con la investigación de su comité.

Mientras, Daniel Defense, cuyo fundador Marty Daniel empezó vendiendo metralletas modificadas por él mismo, pasó de generar 40 millones de dólares en ventas de rifles de asalto en 2019 a superar los 120 millones de dólares a finales del año pasado, cumpliendo con su misión corporativa de apoyar “los derechos de la Segunda Enmienda". 

"[La Segunda Enmienda es inquebrantable, porque sin los dientes de la Segunda Enmienda, no hay Primera Enmienda... ni Estados Unidos como lo conocemos", aseguró Daniel, quien testificó de forma voluntaria ante el comité del Congreso. Allí,  rechazó las acusaciones de Maloney argumentando que "los tiroteos masivos eran casi inauditos hace solo unas décadas".

"Entonces, ¿qué ha cambiado? Desde luego no las armas de fuego, que son prácticamente las mismas que las que se fabricaban hace más de 100 años. Creo que la respuesta de nuestra nación debe centrarse no en el tipo de arma sino en el tipo de personas que probablemente cometerán tiroteos masivos", añadió el empresario armamentístico.

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De forma similar, las ganancias brutas de Sturm, Ruger & Co prácticamente se triplicaron en el mismo periodo, generando más de 103 millones de dólares gracias a la venta de rifles de asalto.

En una conferencia con analistas en febrero, el presidente y director ejecutivo Christopher Killroy, atribuyó ese crecimiento explosivo a la fuerte demanda de productos de Ruger por parte de los consumidores y los aumentos en la producción en cada uno de sus últimos siete trimestres. Killroy, que según su perfil en LinkedIn es un “líder con extenso conocimiento y amplia experiencia de negocio en la industria de deportes al aire libre”, también soportó el interrogatorio de la presidenta del comité del Congreso el pasado 27 de julio. Al igual que Daniel, el CEO de Ruger también acudió a prestar testimonio de forma voluntaria y declinó la oferta de Maloney de disculparse con las víctimas de los ataques perpetrados con armas fabricadas por su compañía.

Por su parte, aunque no esté incluido por el momento en la investigación que está llevando a cabo el comité del Congreso, el fabricante de pistolas semiautomáticas Glock también ha contribuido al enriquecimiento del sector. La empresa reportó 556 millones de dólares en ventas en 2017, año en el que sus ventas cayeron un 36%.

Algo que no parece preocupar mucho al fundador de la empresa, quien posee el 99% del negocio a través de un fideicomiso que la revista Forbes estima que tiene un valor de 1.500 millones de dólares. Con una cuota de mercado de casi el 65% de las pistolas registradas en EEUU, las armas de Glock cuentan con un macabro récord de popularidad entre los responsables de varios de los tiroteos masivos más mortíferos de la última década, desde las matanza de Virginia Tech (33 muertos en 2007) y una discoteca en Florida (49 fallecidos), a los ataques en una iglesia protestante africana de Charleston y una sinagoga en Pittsburgh.

Por el momento se desconocen los beneficios obtenidos de la venta de armas de asalto de SIG Sauer, una empresa con raíces suizas y que se expandió tras una fructífera relación comercial con la Alemania nazi en los años 30. Sus dirigentes se han negado a colaborar con el comité del Congreso. La empresa tiene en el pedigrí de su CEO una de las mejores cartas de presentación para el público civil y militar. Nacido en 1963 y de ascendencia israelí, Ron Cohen estudió en el Instituto de Tecnología de Israel, y sirvió en las Fuerzas Armadas hebreas, donde fue comandante de una unidad de combate entre 1979 y 1984.

En los próximos meses, SIG Sauer sacará al mercado una réplica para uso civil del nuevo rifle estándar que usara el cuerpo de infantería del ejército estadounidense. En palabras del propio Cohen, adquirir una de esas piezas “es una rara oportunidad para que los consumidores apasionados sean dueños de una parte de la historia”.

Niños, supremacistas...

Tras el tiroteo masivo del 4 de julio en Highland Park, Illinois, que dejó siete muertos, Maloney dijo que el comité también está examinando cómo estas empresas comercializan armas estilo AR-15 entre los civiles.

“Mi comité ha descubierto que las prácticas comerciales de estos fabricantes de armas son profundamente perturbadoras, explotadoras e imprudentes. Estas empresas utilizan tácticas de marketing agresivas para dirigirse a los jóvenes, especialmente a los hombres jóvenes, y algunas incluso evocan símbolos de la supremacía blanca. Sin embargo, descubrimos que ninguna de estas empresas se molesta en realizar un seguimiento de la muerte y destrucción causada por sus productos”, destacó Maloney al presentar sus conclusiones el pasado 27 de julio.

Un rifle AR-15 en una feria de armas en EEUU en 2013. Reuters

Los materiales de ventas y marketing obtenidos por el Comité muestran cómo los vendedores promocionan el pedigrí militar de los rifles de asalto, hacen astutas referencias a supremacistas blancos violentos como los Boogaloo Boys y se aprovechan del sentido de masculinidad de los jóvenes al afirmar que sus armas los pondrán “en la cima de la cadena alimenticia de la testosterona”.

En este sentido, Karl M. von Meter, editor del Boletín de Metodología Sociológica BMS, explica a EL ESPAÑOL | Porfolio que "el mayor uso de las redes sociales parece aumentar la disposición de resolver conflictos o disputas menores mediante el uso de la violencia".

Por ejemplo, Smith & Wesson comercializa su rifle de asalto con anuncios que imitan los videojuegos de disparos para niños mientras que Daniel Defense facilita los pagos a plazos de uno de sus top-ventas, la metralleta de gama AR-15 utilizada en el tiroteo de Uvalde, alardeando de que el financiamiento se aprueba “en segundos”.

Argucias legales

Uno de los testigos que prestó declaración en la sesión del 27 de julio fue Ryan Busse, asesor principal del centro de investigación y defensa del control de armas Giffords Law Center. Busse, antiguo directivo de la industria armamentística expuso ante el comité que ya en 2007 muchos negocios del sector comenzaron a combinar las armas con el miedo político y “la maquinaria de conspiración de la Asociación Nacional del Rifle (NRA)”.

Esa técnica "funcionó muy bien, porque las mismas cosas que impulsaron la radicalización de la NRA también impulsaron la venta de armas", declaró Busse en referencia la exaltación del nacionalismo y del extremismo religioso y a la desconfianza hacia las instituciones del Estado. El asesor del Gilffords Law Center concluyó su testimonio advirtiendo a los legisladores de "que hay mucho más de este tipo de acciones en camino".

Una estratagema habitual en este entorno es la de abandonar estados –normalmente demócratas- proclives a poner en práctica leyes para restringir y controlar la compra-venta de armas automáticas y de autorizar bases de datos con información sobre la identidad y capacitación de los propietarios de pistolas y rifles.

El CEO de SIG Sauer, Ron Cohen.

En California, el gobernador Gavin Newsom ha ido más allá con la aprobación de una ley que permite a los ciudadanos afectados por la violencia armada demandar a los fabricantes. Para escapar de este escrutinio, fabricantes y vendedores como Remington, el fabricante de armas más antiguo de Estados Unidos, se están yendo de Nueva York y Massachusetts y trasladando sus sedes a Georgia (Remington). A Florida se ha desplazado Storm Industries y, a Tennessee, Smith & Wesson y Troy Industries.

"La decisión de ubicarnos en Georgia es muy simple. El estado de Georgia no solo es un estado favorable a los negocios, es un estado favorable a las armas de fuego", apuntó en noviembre el presidente de Remington.

La relativización es otra de las técnicas utilizadas habitualmente por ejecutivos y lobbyistas de la industria de armas de fuego y del que dieron buen ejemplo los CEOs de Ruger y Daniel Defense durante la audiencia del comité del 27 de julio.

Acorralados por una impacable Maloney, los ejecutivos de SIG Sauer dijeron que no tienen los medios para rastrear las muertes causadas por sus rifles de asalto. En términos similares respondió el CEO de Ruger, quien aseguró enterarse de los “incidentes” a través de su "departamento de servicio al cliente", los medios de comunicación o de demandas ocasionales.

Cuestionado sobre el papel que deberían tomar las empresas del sector al que pertenece, el CEO de Daniel Defense opinó que "estos asesinatos son problemas locales que deben resolverse localmente". Fue el CEO de Sturm Ruger, quien consiguió hacer que la presidenta del comité perdiera la compostura, negándose a disculparse con las víctimas de los tiroteos, al considerar que no tenía sentido dado que sus productos eran "objetos inanimados".

Derecho a portar armas

Tal y como explica en declaraciones a EL ESPAÑOL | Porfolio Filippo Marino, experto en inteligencia de riesgo y fundador de la empresa de seguridad para directivos Safe-esteem, cuando se debaten temas relacionados como este, “no se pueden aplicar ni los datos, ni las estadísticas, ni el sentido común.”

Marino se refiere en particular a la famosa Segunda Enmienda a la Constitución, que desde 1791 dicta que "Una Milicia bien organizada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no debe ser infringido". Estas veintisiete palabras cristalizan una de las libertades más fundamentales de Estados Unidos y son clave para entender no sólo los cimientos del Sueño Americano, sino la idiosincrasia de una de las principales industrias del país. "El derecho a tener armas de fuego es un rasgo fundamental de la identidad cultural estadounidense", destaca el experto en seguridad.

A una conclusión similar llegaron las sociólogas Abbie Vergt y Margaret Kelley, quienes en su informe de 2020 sobre "La Ética Protestante y el Espíritu de la tenencia de Armas de Fuego" describen como "la posesión de armas es parte de una 'ética' o visión del mundo más amplia que se presenta como una batalla entre el bien y el mal y que parte de la creencia de que el mal sobrenatural está ligado a las actitudes políticas" relacionadas con el control de las armas.

Marty Daniel, presidente ejecutivo de Daniel Defense, junto a su esposa Cindy Daniel.

Por su parte, Andrew Whitehead, profesor de sociología en la Universidad de Purdue, añade a este respecto que esa parte de la población percibe la adquisición de un arma como un "deber de defender o una voluntad de matar cuando sea necesario". Whitehead puntualiza que, aunque "el nacionalismo cristiano no provoca el amor por las armas", tanto el Cristianismo como las armas son parte de las "suposiciones sobre lo que significa ser estadounidense".

Los fabricantes de armas de fuego han sabido entender y explotar esas actitudes para hacer crecer su negocio. Es el caso de Smith & Wesson, cuya historia se remonta a los duelos entre pistoleros del Salvaje Oeste. Creadores del revolver que puso de moda el Harry 'El Sucio' de Clint Eastwood y de algunos de los modelos más populares de rifles de asalto del mercado, definen su razón de ser en su web corporativa recordando lo siguiente:

"A lo largo de nuestra historia, hemos brindado a los propietarios de armas los medios para protegerse y proteger a sus familias. Esto ha empoderado a todos en nuestro gran país para vivir el estilo de vida estadounidense. Lo defendemos: empoderamos a los estadounidenses".

Las opiniones de los ciudadanos de los Estados Unidos sobre la tenencia y uso de armas presentan una división cada vez mayor. Las últimas encuestas de opinión pública de Cox, Public Religion Research Institute y The Economist pintan un retrato sombrío en el que el 70% de los adultos piensa que "la democracia estadounidense solo sirve a los intereses de los ricos y poderosos".

Además, menos del 20% cree que los líderes políticos harán lo "correcto" para ellos y sus comunidades. Mientras, uno de cada cinco de quienes como se definen como republicanos conservadores o votantes de Donald Trump no aceptan que "la democracia es la mejor forma de gobierno".

Para el fundador de Safe-esteem, "la polarización política tiene mucho que ver" con la proliferación de armas de asalto entre la población civil. Marino se pregunta cuál es el precio que los estadounidenses están dispuestos a pagar por defender su libertad de tener armas y hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos y otras partes interesadas para justificar la venta de armas a civiles sin cortapisas.

Cuerpos policiales durante su intervención en el tiroteo masivo de Uvalde (Texas), que acabó con la vida de 19 niños y dos maestras. Reuters

"Que se pueda equiparar esa libertad a la vida humana, o medir su coste en muertes es un argumento aterrador. Argumento por otra parte que defienden típicamente personas que desconocen lo que realmente significa la libertad. ¿O acaso la gente en España, en Alemania, en Japón es menos libre que aquí? Ellos no pagan ese precio. Argumentar que la muerte de inocentes como los niños del colegio de Uvalde es el precio de la libertad no sólo es ofensivo sino moralmente insostenible", sostiene el experto.

El informe presentado por el Comité de Supervisión y Reforma llega a una conclusión similar: "¿Cuánto valen las vidas de los niños, maestros, padres y familias estadounidenses para los fabricantes de armas?" reflexiona Maloney. "La investigación de mi Comité ha revelado que los principales fabricantes de armas del país han recaudado más de mil millones de dólares en ingresos por la venta de armas de asalto de estilo militar a civiles. Estas compañías están vendiendo el arma preferida de los asesinos en masa que aterrorizan a los niños pequeños en la escuela, persiguen a los fieles en las iglesias y sinagogas y masacran a las familias el 4 de julio. En resumen, la industria de las armas se está beneficiando de la sangre de estadounidenses inocentes", concluye.