El Govern de la Generalitat ha puesto en marcha un nuevo decretro-ley que establece la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas", en una clarísima alusión al fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que, en Cataluña, al menos, una de las cuatro asignaturas troncales sea cursada en español.
El Govern tenía hasta este mismo martes para cumplirlo, pero apenas unas horas antes de que este plazo expirase, el Ejecutivo independentista firmó este lunes el decreto.
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Además, con esta jugada maestra, los centros escolares podrán realizar análisis socioculturales del entorno que "han de servir de base para elaborar un proyecto lingüístico" que luego validará la Consejería de Educación.
Con esta estrategia, la Generalitat que encabeza Pere Aragonès trata así de dejar sin objeto esta sentencia, cuyo plazo de ejecución expira, precisamente, este martes. Y, desde ahora, el Govern podrá alegar que el fallo judicial es ya inejecutable.