El Gobierno que se conforme tras el 29 de noviembre tendrá ante sí una responsabilidad histórica: impulsar las reformas necesarias para preservar el carácter solidario de nuestro modelo sanitario, cuyo principal protagonista es el Sistema Nacional de Salud.
Histórica porque el sistema ya no da más de sí. Está agotado.
De no hacer esas reformas, el sistema se va a ir deshilachando. Dejándose en cada hilo una prestación o servicio que perderán los ciudadanos que no tengan la opción de financiarlo por sí mismos, rompiendo de forma definitiva los principios de universalidad, accesibilidad y equidad sobre los que se construyó hace cuarenta años y que deberían seguir siendo la guía sobre la que se sustente lo que tenga que venir en el futuro.
España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Durante décadas hemos conseguido resultados de salud muy buenos sobre un modelo basado en un principio irrenunciable: que cualquier ciudadano pueda recibir atención sanitaria independientemente de su capacidad económica.
Pero sería un grave error confundir esos buenos resultados históricos con la fortaleza actual del sistema.
Las listas de espera, las dificultades de acceso, la fragmentación asistencial, el envejecimiento de la población y los obstáculos para incorporar determinadas innovaciones están poniendo en riesgo precisamente aquello que queremos preservar.
Sanitarios en un hospital español.
Por eso, el próximo Gobierno, sea cual sea su composición política, debería afrontar diez reformas estructurales que considero inaplazables y que van mucho más allá de poner más dinero o más recursos encima de la mesa, porque esto ya se ha hecho los últimos cinco años (en los que se ha incrementado la inversión sanitaria pública en casi un 40%), y las prestaciones y el servicio a los ciudadanos han seguido empeorando.
1. Un gran pacto de Estado y una nueva Ley General de Sanidad
La sanidad necesitaría salir de la confrontación política. No podemos seguir condicionando su futuro a los ciclos electorales.
Lo ideal sería que se diese ese pacto que facilitara unos cambios que afectan a todos los votantes y que ciertamente persiguen cosas que la gran mayoría de los ciudadanos desean.
Pero, si nuestros políticos no alcanzan ese acuerdo, creo que ha llegado el momento de priorizar las reformas al pacto y que el que llegue consiga los apoyos suficientes para ponerlas en marcha, lo que, en mi opinión, debe comenzar por cambiar nuestra Ley General de Sanidad.
La Ley General de Sanidad de 1986 fue extraordinaria para su tiempo, pero cuarenta años después necesitamos un nuevo marco legislativo que la adapte a la realidad demográfica, tecnológica y asistencial actual.
2. Evolucionar hacia un verdadero sistema de bienestar
El paciente no distingue entre necesidades sanitarias, dependencia o cuidados. Son las Administraciones las que han construido fronteras artificiales.
Necesitamos integrar funcionalmente sanidad, dependencia y servicios sociales bajo una planificación y responsabilidad política únicas. El objetivo debe dejar de ser exclusivamente tratar enfermedades para convertirse en preservar la salud, la autonomía y el bienestar de las personas durante toda su vida, con independencia del momento que esté viviendo.
Necesitamos que el ciudadano vuelva a ser el objetivo central de las políticas públicas de nuestro país.
3. Garantizar por ley el acceso efectivo a la asistencia sanitaria
Este debería ser uno de los compromisos fundamentales del próximo Gobierno.
No podemos seguir hablando de universalidad o equidad mientras millones de ciudadanos esperan para acceder a consultas especializadas y cientos de miles aguardan una intervención quirúrgica.
Necesitamos una Ley de Garantías que establezca tiempos máximos de acceso a consultas, pruebas y tratamientos, ofreciendo alternativas asistenciales cuando se incumplan.
Y debemos medir toda la espera del paciente, desde la solicitud de atención hasta el diagnóstico y el tratamiento, de forma real y con transparencia, porque la verdadera desigualdad sanitaria empieza cuando el tiempo de espera depende de la capacidad económica del ciudadano.
4. Sustituir progresivamente el actual modelo laboral sanitario
No podemos gestionar organizaciones extraordinariamente complejas mediante un régimen laboral rígido, escasamente incentivador y que apenas diferencia responsabilidad, desempeño o resultados.
La reforma no puede limitarse a introducir modificaciones parciales en el Estatuto Marco.
Debemos plantear una transición progresiva hacia un nuevo régimen laboral para las incorporaciones futuras, permitiendo que los profesionales actuales puedan incorporarse voluntariamente, respetando sus derechos adquiridos y mediante negociación social.
Al mismo tiempo, necesitamos revisar las competencias profesionales para que cada colectivo trabaje al máximo nivel de su formación y acreditación, para aprovechar las capacidades de todos los profesionales.
No se trata solamente de tener más profesionales, sino de organizar mejor su trabajo, reconocer su aportación y aprovechar todo su potencial.
5. Hay que otorgar autonomía a los servicios de salud para que funcionen como si fueran empresas
Los hospitales públicos no pueden seguir funcionando como simples unidades administrativas sometidas a decisiones políticas y procedimientos burocráticos que dificultan su gestión.
Necesitamos organizaciones con personalidad jurídica, autonomía, contabilidad analítica y equipos directivos seleccionados por criterios profesionales y evaluados por resultados. Y, en mi opinión, las necesitamos a nivel autonómico.
La gestión empresarial no es incompatible con la titularidad pública. Al contrario, puede ser uno de los instrumentos más eficaces para garantizar su sostenibilidad. Porque el hecho de que una institución sea pública o privada no lo determina el régimen laboral, sino la titularidad de las instalaciones o el origen de la financiación.
6. Cambiar el modelo de financiación: de mantener estructuras a financiar resultados
Incrementar presupuestos sin modificar los incentivos puede perpetuar las mismas ineficiencias.
El dinero debe seguir las necesidades de los pacientes, su complejidad, la actividad apropiada y los resultados obtenidos.
Necesitamos conocer cuánto cuesta cada proceso, qué resultados conseguimos y qué intervenciones aportan verdadero valor.
La sostenibilidad no consiste simplemente en gastar menos, sino en conseguir mejores resultados de salud utilizando adecuadamente los recursos disponibles.
7. Organizar la asistencia alrededor del paciente y no de los departamentos
La cronicidad y la multimorbilidad hacen insostenible una atención organizada exclusivamente por especialidades que funcionan como compartimentos estancos.
Necesitamos trabajar en red, por procesos y con equipos multidisciplinares, reforzando el papel coordinador de la Atención Primaria, que debe ser el verdadero director de orquesta de la asistencia a su paciente.
El paciente debe ser único, independientemente del profesional, centro o nivel asistencial que intervenga, para lo cual la continuidad asistencial debe convertirse en uno de los principales indicadores de calidad de nuestro sistema.
8. Construir una sanidad digital verdaderamente interoperable
Resulta difícil justificar que, en plena revolución tecnológica, la información clínica continúe fragmentada entre comunidades autónomas, centros públicos y privados y diferentes niveles asistenciales.
España necesita una estrategia nacional que garantice la interoperabilidad real de los datos y una historia clínica compartida con todas las garantías.
Y necesitamos un plan efectivo, no una estrategia vacía, que de arriba abajo implemente la inteligencia artificial en todas las infraestructuras del sistema de forma homogénea. La inteligencia artificial debe permitirnos reducir burocracia, mejorar las decisiones clínicas y liberar tiempo profesional para atender a los pacientes.
9. Convertir la prevención y la innovación en prioridades estratégicas
Nuestro sistema continúa demasiado orientado a tratar la enfermedad cuando ya se ha manifestado. Necesitamos avanzar hacia una prevención más personalizada, adaptada a los riesgos individuales y basada en la evidencia científica.
Al mismo tiempo, debemos garantizar el acceso efectivo a las innovaciones farmacológicas y tecnológicas, evitando que la capacidad económica determine quién puede beneficiarse de ellas, promoviendo, si es preciso, que quien pueda contribuya a su acceso (en la medida de su capacidad) para que el sistema llegue a quien no tiene oportunidad de hacerlo.
Innovar también significa reevaluar y retirar prácticas obsoletas o de escaso valor para reinvertir los recursos disponibles.
10. Aprovechar todos los recursos sanitarios, independientemente de su titularidad
España no puede permitirse mantener capacidad asistencial infrautilizada mientras miles de pacientes esperan atención.
La cooperación entre centros públicos y privados debe abordarse desde la calidad, los resultados, la eficiencia y las necesidades de los ciudadanos, no desde prejuicios ideológicos.
La financiación pública y la garantía de acceso universal son compatibles con una provisión plural, sometida a reglas transparentes, evaluación y control público.
Porque lo importante es que el paciente reciba la atención adecuada, a tiempo y con las máximas garantías.
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Estas reformas requieren algo más que declaraciones de intenciones. Y además de plasmarlas en un programa, el próximo Gobierno debería presentar durante sus primeros cien días una hoja de ruta con objetivos, responsables, financiación y plazos concretos.
Antes de finalizar la legislatura, debería haber impulsado una nueva Ley General de Sanidad, una Ley de Garantías de Acceso y las reformas organizativas y laborales necesarias para iniciar una transformación irreversible.
No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de establecer un rumbo, una dirección, que no vuelva a abandonarse con el siguiente cambio político.
España dispone de profesionales extraordinarios, conocimiento científico, tecnología y recursos suficientes. Lo que necesita es voluntad política para organizarlos de otra manera. Voluntad… y coraje para hacerlo.
El próximo Gobierno tendrá que decidir si continúa administrando los problemas del sistema o asume el coste político inicial de afrontar sus causas.
Porque el mayor riesgo para nuestro Sistema Nacional de Salud no es reformarlo profundamente. El verdadero riesgo es no hacer nada y permitir que su deterioro termine vaciando de contenido los principios de universalidad, equidad y solidaridad que lo hicieron extraordinario.
Reformar nuestro sistema sanitario no significa renunciar a sus valores.
Significa hacer lo necesario para preservarlos.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.