A pesar de que el debate sobre la vivienda comporta una complejidad técnica mayor de la que la pugna visceral está dispuesta a reconocer, hay algunas evidencias difíciles de desmentir.
La primera es que se ha convertido en una crisis social de primera magnitud.
La segunda, que resulta difícil de sostener, lejos de una burda propaganda, el compromiso de este Gobierno con las políticas públicas redistributivas o con un escudo social que "no deje a nadie atrás". Cuando, en los estertores de esta legislatura, constatamos, más agravado que nunca, el drama de muchas personas incapaces de acceder a (o mantener) su vivienda habitual.
La tercera es que la responsabilidad de un gobernante serio no consiste en perpetrar mala literatura (como la que fabula con una renta antigua que le deberíamos al PSOE, mientras el decreto Boyer o la LAU de 1994 serían franquistas (y machistas)), sino en enfrentar lo que ocurre y adoptar medidas que pongan remedio al sufrimiento social de tantos.
Si fuéramos capaces de asumir este preámbulo, habríamos dado un paso adelante esencial: la asunción del principio de realidad, esa línea divisoria entre una política racional y la performatividad adolescente.
A partir de ahí, se estima imperativo realizar un ejercicio inédito y harto complicado en nuestra España, cada vez más tribal y atrincherada: quitarnos las anteojeras de la peor ceguera ideológica y analizar con rigor lo que ocurre.
Como han explicado propios y extraños hasta la saciedad, una política de vivienda pública como la que tiene Viena, por poner el ejemplo manido de casi todas las comparaciones, no se hace con promesas huecas de campaña electoral durante un par de legislaturas fallidas.
Exige diseño, planificación y continuidad, rasgos imprescindibles de una política pública de vivienda de luces largas.
La vivienda es el primer problema de los españoles.
España tiene un problema sangrante con los alquileres inaccesibles, que no puede desligarse de la escasez de oferta.
Una escasez donde desempeña un papel especialmente deprimente la clamorosa falta de un parque de vivienda pública en alquiler, que en nuestro país se sitúa entre el 1,5 y el 1,7 %, muy lejos de la media europea. Comparación puramente retórica, por supuesto, porque, a efectos materiales y concretos, la voluntad real por acortar la brecha brilla por su ausencia.
Recordaba el arquitecto Sergio Sanz en un post de X que, según sus estimaciones, “el gobierno prometió 184.000 viviendas de alquiler asequible. Sin embargo, en los últimos años (2018-2026), se han entregado efectivamente unas 12.000-15.000”.
Con estas cifras, la situación no dejará de ser dramática.
A pesar de que una buena parte de la izquierda se ponga en guardia al escucharlo, es obvio que, en los últimos años, se ha producido un tensionamiento excesivo de la demanda, especialmente en determinados núcleos de población.
Este es uno de los grandes argumentos de la derecha radical, cuando analiza el asunto de la vivienda desde la perspectiva monocular de la inmigración.
El problema, como ocurre con todos los integrismos, es adoptar un prisma que se centre en un factor y descarte otros, por fundamentalismo ideológico, por exigencias de agenda y relato, o, simplemente, por intereses de quien patrocina o financia.
Lo cierto es que señalar esa parte de la realidad (un crecimiento demográfico incuestionable que alimenta el shock de demanda) no debe excluir otros factores complementarios.
Empezando por un fenómeno siamés e interrelacionado: el capital extranjero ha distorsionado de forma sustancial el mercado de la vivienda.
En estas últimas dos legislaturas ha tenido lugar la adquisición de decenas de miles de viviendas por parte de inversores extranjeros, también no residentes, que compiten por un bien escaso en zonas tensionadas.
"En las últimas dos legislaturas inversores extranjeros han adquirido decenas de miles de viviendas, que compiten por un bien escaso en zonas tensionadas"
Aceptar acríticamente las distorsiones especulativas del mercado tampoco es una solución. Y un gobierno de vocación social debería haber intervenido de forma ejemplar el mercado con, entre otras, medidas fiscales que pusieran coto a estas dinámicas.
Los mitos y leyendas no afectan únicamente a la izquierda oficial.
También lo hacen con esa derecha neoliberal que olvida buena parte de la mejor tradición conservadora y católica. Y que se desentiende, sin miramientos, de la Doctrina Social de la Iglesia y de una mirada compasiva hacia el más débil o necesitado, que es la que exige coherentemente una red sólida de protección social.
Parece que algunos han sustituido a Dios por el dios libre mercado, con idéntico fundamentalismo al de los integristas de toda la vida.
A estas alturas del partido, resulta sonrojante que algunos traten de zanjar cualquier debate con la defensa desnuda de la propiedad privada. Como si esa invocación constituyera una suerte de bálsamo de Fierabrás hábil para solventar cualquier disquisición moral y, sobre todo, para disolver el drama social de cientos de miles de personas tan rápidamente como ocurriría con un azucarillo en un vaso de agua.
La propiedad privada no es absoluta ni incondicional, como bien recuerda nuestra Constitución.
La limitación social de la misma no es una rémora franquista, sino una seña de identidad de cualquier Estado social que quiera seguir siéndolo, aun mínimamente. Aunque algunos activen, como el perrito de Pavlov, el acto reflejo de pasear la dictadura para descalificar cualquier intervención del mercado de la vivienda.
Todo diseño legislativo e institucional supone, en realidad, una imprescindible intervención del mercado de la vivienda. Máxime cuando no hablamos de un simple bien de inversión, sino de un teórico derecho que se ha convertido en pesadilla y quimera para muchas personas.
De ahí no se sigue que cualquier intervención sea acertada ni que el Estado deba eludir sus responsabilidades y transferirlas a los particulares.
Pero tampoco que podamos aceptar que las dinámicas especulativas y la voracidad acumulativa de unos cuantos terminen por estrangular una obligación a la que los poderes públicos deben dar cumplimiento si queremos vivir en sociedades de ciudadanos cuya dignidad no se encuentre indefinidamente suspendida.
"No podemos invocar la seguridad jurídica para blindar a los que se lucran con el enloquecimiento de los precios del mercado del alquiler"
Quiero terminar haciendo un par de apuntes ulteriores sobre lugares comunes que, con frecuencia, aderezan este debate.
Por una parte, la seguridad jurídica, principio de invocación habitual que, sin embargo, no se exige con el mismo celo para todos.
El ejemplo más paradigmático de un déficit evidente de seguridad jurídica ocurrió durante años en el mercado hipotecario, cuando las entidades bancarias inundaron de cláusulas abusivas los préstamos que concedían sin ningún límite ni análisis de riesgos.
Esos préstamos hipotecarios leoninos, con vencimientos anticipados, cláusulas suelo o intereses moratorios verdaderamente depredadores terminaron traduciéndose en procedimientos de ejecución hipotecaria y en lanzamientos que agravaron la vulnerabilidad y la desprotección de muchos.
Más allá de las sentencias judiciales y de las tibias correcciones legislativas a las que nos ha ido conduciendo una realidad tan gravosa e injusta, resulta difícil sostener que la respuesta sancionadora haya sido proporcional a la gravedad de las consecuencias sufridas por tantos ciudadanos.
Cuando invocamos la seguridad jurídica, no debemos hacerlo para blindar a los que se lucran desconsideradamente con el enloquecimiento de los precios del mercado del alquiler. Debemos aplicar el loable principio a todos, muy especialmente cuando se trata de enfrentar los abusos de los más fuertes.
La segunda y última cuestión viene, en el fondo, relacionada con esta y es la que remite al patrimonio, la riqueza inmobiliaria y la herencia.
Una de las grandes brechas que distorsiona el mercado de la vivienda viene dada por la diferencia capital entre heredar y no hacerlo. Casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España se ha estimado que viene asociada a las herencias.
Si nos tomamos en serio la igualdad de oportunidades o la mejor vindicación meritocrática en favor de una sociedad con verdadera movilidad social, no podemos aceptar que la nuestra camine hacia una con rasgos feudales, en la que el linaje de tener se configura como el mejor aval para prosperar en la vida.
*** Guillermo del Valle es abogado y director de El Jacobino.