Las administraciones españolas pagan casi 500 millones de euros en nóminas cada día. La pregunta no es cuánto cuesta el sector público, sino quién lo hace crecer y cuánto costará si nadie decide nada.
Empecemos por una cifra que conviene leer despacio: 181.494 millones de euros.
Es lo que pagaron en salarios todas las administraciones públicas en 2025, según la IGAE. Cerca del 10,8% del PIB, unos 3.700 euros por habitante.
En 2018 eran unos 128.000 millones. En siete años, la nómina pública ha crecido 53.000 millones. Sólo en el último año, 8.745 millones, un 5,1%.
La plantilla acompaña: 3.071.725 personas en enero de 2026, más de medio millón que en 2018.
Parte del salto es contable, porque desde 2023 la estadística incluye los contratos temporales cortos, unos 300.000 efectivos de golpe.
Y en el último año, con la IA generativa ya en todas las oficinas, siguió creciendo un 1,27%.
Inteligencia artificial.
¿Quién contrata?
Aquí cae el primer tópico: el crecimiento no está en los ministerios.
Entre 2018 y 2026, las comunidades autónomas (universidades incluidas) pasaron de 1,48 a 1,93 millones de empleados: 450.000 más, un 31%.
El Estado sumó unos 35.000 (un 7%) y las entidades locales unos 24.000 (un 4%). Casi nueve de cada diez nuevos empleados públicos trabajan para una comunidad autónoma, que ya concentran el 63% del total.
La mayoría está en sanidad y educación, donde también se acumula la temporalidad: tres de cada cuatro temporales públicos son autonómicos.
Un país que envejece necesita más profesionales sanitarios, pero la mayor parte de la factura no se decide en un ministerio, sino en diecisiete consejerías de Hacienda.
El gabinete que se duplicó
El Estado crece poco en plantilla, pero mucho en otra cosa.
Altos cargos, asesores y una categoría llamada "otros" sumaron 250,5 millones en 2024, frente a 132,1 en 2018: casi el doble.
El crédito para asesores pasó de 40,4 a 71,2 millones, y en abril de 2026 había 1.264 cargos de confianza, 609 en el entorno de Presidencia.
Lo que más sube es lo más opaco: "otros" se multiplicó por 4,5.
Sumando todas las administraciones, las estructuras de confianza cuestan entre 400 y 600 millones al año, con gobiernos de todos los colores. No es un problema de un partido, sino un hábito del sistema.
"Sumando todas las administraciones, las estructuras de confianza cuestan entre 400 y 600 millones al año"
En una frase: el Estado multiplica asesores; las comunidades multiplican plantillas.
Pero seamos justos con la aritmética: suprimir toda la estructura política del Estado equivaldría a menos del 3% de lo que subió la nómina en un solo año. Quien prometa cuadrar las cuentas despidiendo gabinetes vende humo.
Menos bajas, pero más largas
Hay un terreno donde la comparación con la empresa privada incomoda.
El absentismo en la Administración pública alcanza el 8,2% de las horas, un punto por encima de la media: 114.000 empleados públicos faltan cada día a su puesto.
Los funcionarios de Muface inician menos bajas que los trabajadores del régimen general, pero duran mucho más: 59,4 días de media frente a 45,9, un 29% más. La propia AIReF señala, entre otras causas, la edad, las listas de espera y la estabilidad laboral.
Y falta la herramienta básica de cualquier pyme: medir. El Estatuto del Empleado Público obligó en 2007 a evaluar el desempeño; quince años después, casi ninguna administración lo aplicaba de verdad. Ningún autónomo sobrevive tanto tiempo sin saber cuánto rinde.
La factura que viene
El verdadero problema es lo que comprometemos sin decidirlo. Si la nómina sigue creciendo al ritmo de estos siete años, en torno al 5% anual, en 2030 superaría los 230.000 millones: 50.000 millones más cada año que hoy.
Y hay una ventana que España está a punto de desaprovechar. Más de un millón de empleados públicos, el 29% de la plantilla, se jubilará en menos de diez años: unos 620.000 en las comunidades autónomas y unos 215.000 en ayuntamientos y diputaciones.
"El Estado multiplica el gasto en asesores mientras las comunidades autónomas multiplican el gasto en plantillas"
En el Estado la proporción es aún mayor: casi la mitad de la plantilla y tres de cada cuatro auxiliares administrativos. Son los puestos que más expone la IA generativa: tramitar, registrar, redactar, comprobar.
Hagamos la cuenta: si la mitad de los 1,57 millones de empleados públicos de 50 años o más ocupa puestos administrativos, saldrán unos 740.000 en 10 a 15 años. No reponer entre el 10% y el 20% de esas plazas, rediseñando procesos con IA, ahorraría entre 3.300 y 6.700 millones anuales. Sin despedir a nadie. Y dado dónde está el empleo, esa decisión la tomarán, o no, las comunidades autónomas.
Ni milagro ni excusa
El Reino Unido va por delante. Su Gobierno anunció ahorros de hasta 45.000 millones de libras anuales por digitalización e IA en el sector público y después hizo algo inusual: corregirse a la baja.
Aun así, la cifra revisada, 23.600 millones de libras al año, es extraordinaria. Es varias veces el rango español, aunque su sector público es mayor y el cálculo abarca toda la digitalización, no solo la IA.
La IA necesita un periodo de adaptación y rediseño de procesos, pero lo que ya ofrece justifica empezar ya.
Cuesta imaginar a un ciudadano bien informado en contra: seguir sumando plantilla al ritmo actual es una factura fiscal inadmisible, que pagarían con más dureza quienes menos margen tienen, vía impuestos indirectos o servicios peores.
En España ni siquiera estamos en ese debate. El gasto público en IA fue de unos 162 millones en 2025, y no existe ningún plan que vincule IA y plantillas, ni en el Estado ni en ninguna comunidad.
La conclusión es incómoda para todos.
Para quienes ven en cada funcionario un despilfarro, porque la nómina es sobre todo servicios esenciales.
Para quienes defienden que todo siga igual, porque la demografía ofrece una oportunidad única de modernizar sin traumas, y dejarla pasar cuesta miles de millones al año durante décadas.
Esa es la factura que nadie firma. Se paga igual.
*** Santiago Rodríguez Agúndez es ingeniero civil, empresario e inversor, fundador de Ingenostrum y presidente ejecutivo de Nostrum Group.