El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba más de setenta años viviendo en el mismo piso del madrileño barrio del Retiro, es mucho más que un caso particular.
Su desalojo se ejecutó el pasado 23 de septiembre, después de un prolongado conflicto judicial y de varios intentos anteriores de desalojo.
Maricarmen se ha convertido, probablemente sin pretenderlo, en la punta de un iceberg que pone en evidencia algo que desde hace años nos resistimos a reconocer.
España tiene un grave problema de vivienda y demasiadas administraciones parecen más preocupadas por señalar al responsable de enfrente que por resolverlo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó recientemente ante inversores inmobiliarios que "la propiedad es sagrada" y que su Gobierno la defenderá "a ultranza".
Sagrada o no, la propiedad privada es, desde luego, un derecho. Y debe protegerse.
Los pequeños propietarios, especialmente, no pueden convertirse en los responsables subsidiarios de unas políticas sociales que corresponde financiar al conjunto de los ciudadanos mediante sus impuestos. Pero junto a ese derecho existe una responsabilidad de los poderes públicos.
Maricarmen, la noche de su desahucio.
En este caso, muy especialmente corresponde a quien tiene las competencias, que es la Comunidad de Madrid y, por tanto, la señora Díaz Ayuso no puede mirar para otro lado.
La cuestión fundamental que plantea el caso de Maricarmen no es si el propietario tenía o no derecho a recuperar la vivienda. Los tribunales resolvieron ese conflicto y el desahucio se produjo por orden judicial.
La verdadera pregunta es otra: ¿cómo puede una sociedad avanzada permitir que una persona de 87 años y en situación de vulnerabilidad llegue hasta el momento del desahucio sin que las distintas administraciones hayan encontrado previamente una solución para que se mantenga en su domicilio de tantos años?
El ciudadano contempla atónito cómo Ayuntamiento y Comunidad Autónoma no han sido capaces de buscar una solución que dé respuesta al problema.
Mientras tanto, recriminan al Gobierno de España —que sí parece haber realizado algún movimiento sin resultados— sus responsabilidades mientras el problema permanece.
Los propietarios no son los servicios sociales
Hay algo que conviene afirmar sin complejos. Una persona que ha comprado legítimamente una vivienda y paga sus impuestos no debería asumir personalmente el coste de resolver el problema habitacional de otro ciudadano.
Para eso existe el Estado. Y cuando se habla de Estado no es una referencia exclusivamente al Gobierno central. El Estado también son las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el conjunto de instituciones públicas.
El escudo social debe proporcionarlo la Administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid. Tampoco parece demasiado útil que nuestros responsables políticos escondan sus propios fracasos detrás de expresiones como "fondos buitre".
Los fondos de inversión podrán gustarnos más o menos, pero si desarrollan una actividad legal es porque las leyes permiten que la desarrollen. Si su concentración de viviendas produce efectos socialmente indeseables, corresponde al legislador actuar.
Se pueden estudiar límites a la concentración de vivienda, mecanismos fiscales diferenciados, derechos de tanteo y retracto de las administraciones, incentivos al alquiler asequible o restricciones específicas para determinados grandes tenedores.
Naturalmente, cada intervención produce consecuencias y debe diseñarse con enorme cuidado para no reducir aún más la oferta.
Pero lo que no tiene sentido es descalificar políticamente a determinados operadores y mantener intactas las reglas que permiten su comportamiento. No todo vale con mostrarse radical en el discurso para después comportarse de manera sumisa en la gestión.
"Si queremos disponer dentro de 50 años de un parque importante de vivienda asequible, alguien tendrá que empezar a construirlo hoy"
El suelo público no se vende: se administra para generaciones
Hay además una cuestión fundamental que prácticamente desaparece del debate público: el suelo. El suelo urbano es un bien limitado.
Una Administración puede vender una parcela pública y obtener inmediatamente ingresos con los que cuadrar un presupuesto o financiar una actuación determinada. Es tentador.
Pero hay que pensarlo: la parcela no vuelve. Por eso deberíamos establecer un principio político mucho más exigente: el suelo público destinado a vivienda debería permanecer en manos públicas.
Puede cederse como derecho de superficie —y en Madrid hay un precedente con el Plan 18.000 durante la alcaldía de Juan Barranco—, su uso durante 50, 75 o 99 años. Puede construirse mediante colaboración público-privada.
Pueden intervenir cooperativas, empresas o concesionarios. Hay multitud de fórmulas jurídicas y económicas, pero lo verdaderamente importante es que el patrimonio público no desaparezca.
Si queremos disponer dentro de cincuenta años de un parque importante de vivienda asequible, alguien tendrá que empezar a construirlo hoy. Y probablemente alguno de quienes gobiernen hoy no llegará políticamente a inaugurar esas viviendas.
Ese es precisamente uno de nuestros problemas: hemos acostumbrado la política a pensar en cuatro años cuando la vivienda exige pensar en cuarenta.
Viena demuestra que no es una utopía
No necesitamos inventar un modelo desde cero. Viena lleva aproximadamente un siglo desarrollándolo.
"No se trata de copiar literalmente a Viena. Se trata de tener un criterio de larga duración"
Alrededor del 60 % de sus dos millones de habitantes reside actualmente en viviendas municipales o subvencionadas. Su Ayuntamiento posee, coposee o gestiona unas 220.000 viviendas, a las que se añaden más de 200.000 viviendas sociales construidas con subvención pública y gestionadas por cooperativas.
Lo verdaderamente interesante no son solamente las cifras, sino la filosofía. Viena no afronta la vivienda pública como una medida excepcional para atender una emergencia.
La considera una infraestructura urbana permanente, igual que el transporte público o las redes de abastecimiento. Y hay un dato particularmente revelador: al menos dos tercios del nuevo suelo residencial vienés se destinan a vivienda social.
No se construyó ese patrimonio en una legislatura; ni siquiera en dos. Comenzó a levantarse en la década de 1920 y sucesivas generaciones lo conservaron y ampliaron.
Ahí reside seguramente la lección que Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades españolas deberían estudiar con humildad. ¿Es tan difícil hacer eso en Madrid o en Barcelona?
No se trata de copiar literalmente a Viena. España tiene su propia estructura competencial, su mercado inmobiliario y sus condicionantes económicos.
Se trata de hacer algo mucho más importante: tener un criterio de larga duración.
Numerosas personas se concentran en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid.
Un pacto nacional por la vivienda
La dimensión alcanzada por el problema obliga finalmente a aceptar una evidencia: ninguna Administración puede resolverlo sola.
El Gobierno de España dispone de instrumentos legislativos, fiscales y financieros; las comunidades autónomas acumulan importantes competencias de vivienda y ordenación territorial; los ayuntamientos gestionan urbanismo, suelo y servicios sociales en ámbitos decisivos. O colaboran o fracasarán y no se dará respuesta al problema.
Quizás sea el momento de dejar de ver quién consigue el mejor titular después de cada desahucio y empezar a preguntarnos qué estamos construyendo para que dentro de veinte años no vuelva a suceder.
"Defender la propiedad privada es perfectamente compatible con defender una política pública de vivienda poderosa"
Porque defender la propiedad privada es perfectamente compatible con defender una política pública de vivienda poderosa.
Porque garantizar un techo a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad no exige desproteger al pequeño propietario; exige que las administraciones hagan su trabajo.
La pregunta es si dentro de unos años tendremos decenas de miles de viviendas públicas más, más suelo público y unas administraciones capaces de anticiparse a la emergencia, o si seguiremos asistiendo al mismo espectáculo.
Un ciudadano desesperado y tres administraciones explicándonos por qué la responsabilidad corresponde a las otras dos.
Porque, llegados a este punto, la pregunta ya no es solamente quién tiene la competencia.
La pregunta es mucho más sencilla: ¿hay alguien en las administraciones?
Necesitamos un gran pacto nacional por la vivienda con una duración mínima de treinta años, que sobreviva a los cambios de gobierno y establezca, al menos, cuatro compromisos:
1. Preservar el suelo público destinado a vivienda;
2. Incrementar sostenidamente el parque de alquiler público y asequible;
3. Proteger al pequeño propietario sin convertirlo en responsable de la política social; y
4. Establecer una auténtica coordinación entre servicios sociales y vivienda para impedir que una persona vulnerable llegue a un desahucio sin una alternativa.
*** José María De la Riva Ámez es profesor de Geografía y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.