Esta semana, los sindicatos médicos han puesto fecha de inicio a su huelga indefinida: el 28 de octubre.

Si no se remedia antes, este será el último episodio de un conflicto que lleva mucho tiempo enquistado alrededor de la reforma del Estatuto Marco.

El último, porque más allá de una huelga indefinida ya no queda más que hacer que sufrir sus consecuencias. Los sindicatos ya no tendrán más medidas de presión a su alcance.

En cualquier caso, creo que todavía estamos a tiempo de evitarla. Y que deberíamos hacer lo imposible por intentarlo.

No porque los médicos no tengan derecho a la huelga. Lo tienen.

Ni porque sus reivindicaciones deban ser ignoradas: muchas de ellas reflejan problemas que nuestro sistema sanitario arrastra desde hace años y que sería un error minimizar.

Y aunque también es cierto que el nuevo texto que se ha llevado al Congreso de los Diputados incluye mejoras significativas con respecto al actualmente vigente (en relación con las limitaciones de las horas de guardia, la regulación y el reconocimiento de los descansos, o la reclasificación de los grupos de profesionales, por ejemplo), es perfectamente lícito que haya a quien no le parezcan suficientes.

Pero la huelga con paros de forma indefinida debemos evitarla por una razón mucho más sencilla: no beneficia a nadie y perjudica a todos.

No beneficia a los médicos, que perderán retribuciones, asumirán un enorme desgaste reputacional (porque se va a producir a las puertas del invierno) y se verán obligados a mantener durante semanas o meses un conflicto con consecuencias sobre su propia actividad profesional.

No beneficia a la Administración, que tendrá que gestionar una crisis asistencial y laboral de enorme complejidad. Con muchísimo ruido social que apela a la responsabilidad de todos y cada uno de los partidos políticos, porque la salud afecta a todos sus votantes por igual.

Y, sobre todo, no beneficia a los pacientes.

Nuestro sistema sanitario parte, además, de una situación especialmente delicada. Tenemos tiempos de espera inaceptables para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas; profesionales sometidos a una enorme presión asistencial; dificultades para atraer y retener talento en determinadas especialidades y territorios; y, como consecuencia de esta carestía, problemas de agotamiento profesional.

Una huelga indefinida no crearía estos problemas, porque ya existen. Pero inevitablemente los agravaría a saber hasta cuándo.

Cada consulta suspendida, cada intervención aplazada y cada prueba diagnóstica retrasada se añadirá a unas listas de espera que ya constituyen uno de los principales problemas de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Por eso creo que debemos intentar evitar la huelga indefinida, que es en sí misma una situación de difícil retorno si no se consiguen los objetivos.

Existen otras formas de mantener activa la reivindicación que no implican consecuencias tan drásticas, consecuencias que pueden hacer que el conflicto y la presión sigan abiertos, como manifestaciones, paros parciales o concretos, etcétera.

En cualquier caso, creo que, de fracasar la negociación parlamentaria, se debería dar un paso atrás y replantear nuevamente el problema principal.

Quizás ahí esté la cuestión clave.

Durante los últimos meses se ha discutido mucho sobre las soluciones y, probablemente, demasiado poco sobre el diagnóstico. Se ha discutido sobre jornada laboral, guardias, clasificación profesional, retribuciones, jubilación, exclusividad, movilidad y, sobre todo, la conveniencia de disponer o no de un estatuto específico para los médicos.

Algo que se ha convertido en el asunto nuclear del debate sin pararnos a valorar el fondo de lo que dice el texto.

Todos ellos son debates legítimos.

Pero cuando, después de meses de negociación, los sindicatos de clase consideran que existe un acuerdo suficiente, mientras una parte importante de la representación profesional médica mantiene una oposición radical al resultado, deberíamos preguntarnos si el problema es únicamente de negociación o si existe una discrepancia previa sobre aquello que pretendemos solucionar.

Porque ningún tratamiento funciona correctamente cuando no existe un diagnóstico suficientemente compartido.

Por eso creo que todavía queda tiempo y margen suficiente para resolver en el Parlamento los principales escollos.

Sólo en el caso de que esto fracasara, se debería hacer algo diferente.

Ahora, el Estatuto Marco ha iniciado el camino institucional y debemos respetarlo. Dejemos que las Cortes Generales hagan su trabajo. Dejemos que los grupos parlamentarios debatan, escuchen, presenten enmiendas e intenten mejorar el texto.

Sería paradójico iniciar una huelga indefinida mientras se está negociando. Porque quizás el procedimiento parlamentario sea capaz de encontrar los consensos que hasta ahora no se han conseguido.

Pero si finalmente no lo consigue y el texto no obtiene el respaldo necesario, se debería constituir un grupo de trabajo en el que estén representados todos aquellos que conocen y viven directamente el funcionamiento del sistema sanitario: sindicatos médicos y profesionales, sindicatos de clase, consejos generales de las profesiones sanitarias y representantes de los pacientes.

Un espacio de trabajo fundamentalmente profesional y social, alejado de la confrontación partidista.

Que los representantes se sienten alrededor de una mesa, sin textos previamente impuestos y sin posiciones inamovibles.

Y empecemos por el principio.

Antes de discutir cuál debe ser el nuevo Estatuto Marco, lleguemos a un acuerdo sobre cuáles son los problemas que debemos resolver.

Qué condiciones necesitan nuestros profesionales. Qué organización necesita nuestro sistema. Cómo podemos hacer compatibles los derechos laborales con las necesidades asistenciales. Cómo hacemos atractivo trabajar en el Sistema Nacional de Salud.

Y, sobre todo, cómo conseguimos que cualquier reforma termine mejorando la asistencia que reciben los pacientes.

No saldrá un documento al 100% bueno para nadie. Pero, si se consigue elaborar entre todos algo suficientemente compartido, demos después el siguiente paso: llevémoslo juntos a los responsables políticos.

Y la política tendrá entonces que hacer su trabajo. Porque corresponde a las Cortes legislar y al Gobierno gobernar. Pero ambos dispondrán de algo que hoy parece difícil de encontrar: una base de consenso construida previamente por quienes conocen, trabajan y reciben asistencia dentro del sistema.

Luego, son los políticos quienes tienen la responsabilidad de convertirlo en norma.

Dejemos trabajar a las Cortes. Intentemos hasta el último momento alcanzar un acuerdo.

Y, si el camino actual finalmente fracasa, comprométanse todos a sentarse alrededor de una mesa y empezar por aquello que quizá se debería haber hecho desde el principio: compartir el diagnóstico antes de discutir el tratamiento. Evitemos utilizar el Estatuto Marco como arma para darle a unos profesionales cosas a costa de los otros.

Pero hagamos una cosa antes que ninguna otra: paremos la huelga indefinida.

*** Juan Abarca Cidón presidente de HM Hospitales.