El último comunicado del Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores puede leerse como una respuesta a las acusaciones formuladas tras los graves acontecimientos de Ceuta.
Pero su mensaje más importante mira hacia el futuro: España y Marruecos ganarán si preservan unas relaciones serenas, mientras que ninguno de los dos países saldrá beneficiado de una espiral de tensión y desconfianza.
Marruecos comienza recordando su elección soberana de construir con España una relación basada en la buena vecindad, el entendimiento político, la asociación económica y la cooperación en materia de seguridad. Es la orientación consagrada por la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022 y traducida desde entonces en resultados concretos.
España es el primer socio económico de Marruecos, mientras que Marruecos es el segundo socio comercial de España fuera de la Unión Europea.
La cooperación entre ambos países permite luchar contra el terrorismo y las redes criminales, gestionar los movimientos migratorios y salvar vidas.
No se trata, por tanto, de una relación accesoria, sino de una asociación estratégica construida sobre intereses comunes.
Este capital debe protegerse, especialmente en momentos de crisis.
No anticipemos conclusiones
El comunicado marroquí no se opone a esclarecer lo ocurrido en julio. Al contrario, reconoce expresamente la necesidad de realizar un examen exhaustivo que permita determinar las circunstancias de los acontecimientos, identificar posibles injerencias y manipulaciones y, sobre todo, evitar que se repitan.
Lo que Rabat rechaza es que esa investigación parta de una culpabilidad marroquí establecida de antemano. Investigar seriamente significa examinar todas las hipótesis con el mismo rigor, no seleccionar solamente los elementos que supuestamente permiten confirmar una acusación previa.
Uno de los principales argumentos utilizados contra Marruecos es que el CNI advirtió el 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes sobre convocatorias difundidas en dos grupos de Facebook con unos 180.000 miembros o seguidores.
Agentes realizando tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.
Sin embargo, una audiencia digital no equivale a una fuerza movilizada sobre el terreno. Que dos grupos reúnan a 180.000 usuarios no significa que todos ellos, ni siquiera una parte significativa, tengan la intención, la capacidad o la proximidad geográfica necesarias para dirigirse a Ceuta.
Además, el CNI no informó únicamente a Marruecos. También transmitió esa información a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil. Pero a un nivel muy bajo como se publicó.
El CNI mismo no vio oportuno hacer llegar esa información a niveles superiores. Y por eso tampoco las autoridades españolas interpretaron la advertencia como el anuncio de una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.
Si los responsables españoles que recibieron el mismo aviso no previeron una movilización semejante, no parece razonable convertir aquella alerta en prueba de que Marruecos conocía exactamente lo que iba a suceder y decidió permitirlo.
La advertencia acredita que existían llamamientos en las redes sociales. No demuestra una orden marroquí, una coordinación estatal ni una voluntad deliberada de provocar la crisis o permitirla.
Las imágenes necesitan contexto
El otro argumento se basa en imágenes presentadas como prueba de que la Gendarmería marroquí guiaba a los migrantes hacia la frontera.
Sin embargo, uno de los vídeos más difundidos fue grabado en la carretera entre Tánger y Tetuán, a unos 50 kilómetros de Ceuta, y muestra a los agentes tratando de detener o desviar a los jóvenes.
Este caso demuestra que ninguna imagen puede interpretarse correctamente sin verificar su localización, su secuencia completa y el contexto en el que fue grabada.
Esto no invalida toda la documentación reunida, que debe ser examinada individualmente. Pero sí demuestra el peligro de construir una acusación contra un Estado mediante imágenes descontextualizadas, testimonios indirectos o inferencias todavía no verificadas.
Hasta ahora no se ha presentado públicamente una orden, una comunicación operativa o una cadena de mando que demuestre que las autoridades marroquíes planificaron o facilitaron deliberadamente las entradas. El propio presidente del Gobierno español afirmó ante el Congreso que no existe una prueba concreta de que Marruecos organizara la operación.
La reacción marroquí
El Partido Popular sostiene que Marruecos es responsable "por acción u omisión". Pero un partido de gobierno, para atribuir una omisión deliberada habría que determinar qué sabían exactamente las autoridades marroquíes, desde qué momento, qué capacidad efectiva tenían para controlar una movilización imprevista y qué instrucciones impartieron.
Esa acusación tampoco toma suficientemente en consideración la reacción de Marruecos una vez constatada la gravedad de la situación.
El mismo 30 de julio, hacia las 15:30 horas, Marruecos aceptó la readmisión de quienes habían entrado irregularmente. Durante aquella tarde, sus fuerzas de seguridad intervinieron para contener nuevos desplazamientos, sufriendo daños humanos y materiales. En los días posteriores, la cooperación permitió el retorno de más del 90% de los migrantes.
Estos hechos difícilmente encajan con la tesis de un Estado decidido a mantener la presión sobre Ceuta. Una reconstrucción equilibrada no puede destacar únicamente los elementos que supuestamente alimentan la acusación e ignorar aquellos que demuestran una cooperación rápida y efectiva.
El comunicado formula, por ello, dos preguntas legítimas.
¿Por qué no se ejecutan con mayor rapidez los retornos si Marruecos se ha comprometido oficialmente a readmitir a sus nacionales?
¿Y por qué se mantiene a menores alejados de sus familias cuando Rabat ha solicitado insistentemente su regreso?
No se trata de trasladar toda la responsabilidad a España, sino de reconocer que la gestión de la crisis requiere decisiones coordinadas y responsabilidades compartidas a niveles políticos, judiciales y administrativos.
Una nueva realidad
Marruecos ya advirtió, en su comunicado del 3 de agosto, que había trasladado a España los riesgos y las consecuencias operativas de la sentencia del Tribunal Supremo español que restringía las devoluciones por mar. Según Rabat, esa decisión ponía en jaque el efecto disuasorio sobre el que descansaba una parte de la lucha contra la inmigración irregular.
Cuando se extiende en las redes sociales la idea de que quien consigue entrar a nado no será devuelto inmediatamente, cambia el cálculo de quienes contemplan intentar la travesía. Las convocatorias digitales pueden multiplicarse rápidamente sin que necesariamente exista un centro estatal que las organice.
Reconocer las consecuencias prácticas de una resolución judicial no supone cuestionar la independencia de los tribunales españoles. Significa comprender que el marco jurídico ha cambiado y que los mecanismos de cooperación bilateral deben adaptarse a esa nueva realidad.
Ganar juntos o perder
Las crisis entre España y Marruecos nunca quedan limitadas a los gobiernos. Afectan al comercio, a las empresas, a la seguridad, a la circulación de personas, a la gestión migratoria y a miles de familias cuyos vínculos se extienden a ambos lados del Estrecho.
Las relaciones tensas tampoco benefician a Ceuta y Melilla. Estas ciudades necesitan estabilidad, cooperación transfronteriza y una comunicación fluida entre las autoridades españolas y marroquíes. Convertir cada incidente en una confrontación política puede ofrecer algún rendimiento electoral inmediato, pero deteriora los instrumentos necesarios para resolver los problemas reales.
España necesita la cooperación de Marruecos, del mismo modo que Marruecos necesita una relación sólida y previsible con España. Esta interdependencia no debe presentarse como una debilidad, sino como una oportunidad.
Ambos países pueden ganar más mediante el diálogo, la coordinación y el respeto mutuo que mediante las acusaciones generales y la escalada retórica.
La fórmula "por acción u omisión" no puede convertirse en una presunción automática según la cual Marruecos sería responsable tanto si interviene como si no consigue impedir totalmente una movilización excepcional e imprevista.
Tampoco sería razonable que Marruecos ignorara las inquietudes legítimas de la sociedad española. Cada parte debe escuchar las preocupaciones de la otra y responder con hechos verificables.
El verdadero desafío no consiste en decidir qué país debe cargar con toda la culpa, sino en comprender por qué fallaron los mecanismos de alerta, cómo una convocatoria digital se transformó en un movimiento de masas y qué instrumentos conjuntos deben establecerse para impedir que se repita.
Ese es el sentido más constructivo del comunicado marroquí. Pese a la firmeza de su respuesta, Rabat sigue situando la relación con España dentro de una perspectiva estratégica y mantiene abierta la puerta al diálogo.
La geografía no puede modificarse y los intereses compartidos no pueden ignorarse. España y Marruecos ganarán con unas relaciones serenas, basadas en la verdad, el respeto y la cooperación.
En cambio, ninguno saldrá beneficiado si la simplificación, el oportunismo electoral o la escalada verbal transforman una crisis grave, pero superable, en una fuente permanente de tensión y desconfianza.
*** Abderrahmane El Fathi es catedrático y jefe del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Tetuán.