Por fin, el 3 de septiembre, pasados más de treinta días desde el asalto de nuestras fronteras por parte de miles de personas, el presidente del Gobierno promete acudir al Congreso para rendir cuentas de su gestión en este desastre nacional.
La prioridad en estos momentos es resolver la situación angustiada de los ciudadanos de Ceuta, así como la identificación y devolución a la mayor brevedad posible y con respeto a la ley (la vigente o la que se reforme) de todos los que han entrado ilegalmente.
Urge saber qué piensa hacer el Gobierno para resolver los problemas diarios de los ceutíes, cuáles son las medidas que va a tomar, así como las fases y los tiempos de su implementación.
Pero también es el momento de la exigencia de responsabilidades políticas – al margen de las judiciales que, en su caso, pudieran plantearse- a los miembros de un Gobierno que no ha sabido ni prever ni evitar esta violación de la integridad territorial.
El maestro de juristas Ernesto Garzón Valdés (en Calamidades) distinguía entre las catástrofes y las calamidades.
Los ministros José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
Las catástrofes, nos decía, son desgracias provocadas por causas naturales que escapan al control humano como puede ser la caída de un meteorito, un terremoto, un volcán, una epidemia de etiología hasta ahora desconocida, un tsunami...
Tales desastres son imprevisibles e inevitables; y por ello habitualmente no tiene sentido andar buscando responsabilidades sobre su origen.
Las calamidades, por el contrario, son desastres o desgracias que resultan de acciones humanas; pueden ser previsibles y por tanto evitables. Y, por ello, están sujetas al juicio de responsabilidad.
Pues bien, es evidente que el desastre que supone la violación de la integridad territorial de España que hemos sufrido no es el fruto de fuerzas naturales desatadas sino el resultado de acciones y omisiones humanas previsibles y evitables.
Y, como tales, requieren el juicio de responsabilidad.
De ahí que la primera cuestión es la de conocer quien organizó y provocó la estampida de esos miles de extranjeros sobre la ciudad de Ceuta.
Desde el primer momento el presidente Sánchez y su gobierno insisten en la lealtad y colaboración ejemplar del reino de Marruecos.
Pero cada vez, como ha revelado este periódico, aparecen más datos e informaciones que cuestionan el comportamiento de Rabat.
Es necesario que el Parlamento, con todos sus mecanismos de investigación, sea capaz de hacer luz en un punto tan delicado de nuestra seguridad nacional.
La segunda cuestión a aclarar es la actuación de los titulares de los Ministerios de Interior, Defensa y Exteriores, quienes tienen un especial protagonismo en la gestión de nuestras fronteras.
Es sobre ellos sobre quienes prima facie se puede y se debe plantear el juicio de responsabilidad política.
¿Qué supieron y, en su caso, qué hicieron con esa información todos los servicios de inteligencia nacionales sobre los miles de emigrantes que se estaban acumulando en el entorno de la frontera de Ceuta?
"La violación de la integridad territorial que hemos sufrido no es el fruto de fuerzas naturales, sino el resultado de acciones y omisiones humanas previsibles y evitables"
Si pese a los precedentes de cercanos asaltos nada supieron, como dice el ministro del Interior, está claro que los citados ministros han estructurado y organizado pésimamente los servicios de su Departamento y por ello su gestión como ministros de Estado es reprochable.
Y si, como afirma la ministra de Defensa, sus servicios sí que se enteraron, deben dar cuenta de qué hicieron con dicha información; a quien se la dieron y cuándo se la dieron.
Porque, si no la comunicaron adecuadamente a quienes tenían la obligación de tomar medidas para proteger las fronteras, su actuación sería igualmente reprochable.
Estamos viviendo en nuestra democracia el ocaso de la responsabilidad política. Lo hemos visto a lo largo de esta legislatura con la pandemia, con la DANA, con el gran apagón, con Adamuz… Y ahora con la invasión de Ceuta.
Aquí nadie dimite; nadie es cesado. En realidad, cabe sospechar que prefieren el denostado lawfare a asumir la responsabilidad política ante el Parlamento.
Pero en este momento tan delicado de la vida nacional, el Parlamento tiene que estar a la altura planteando con rigor y seriedad el debate sobre la actuación del Gobierno ante esta violación de nuestras fronteras.
En política funciona lo que llamaba Hart la responsabilidad-función: todo desempeño de un puesto en una organización social (presidente, ministro, diputado, alcalde, director de hospital…) implica la asunción de toda una serie de obligaciones.
Obligaciones muchas veces indeterminadas e imposibles de codificar, pero de cuyo cumplimiento depende que dicha organización alcance sus objetivos.
Para hablar de las obligaciones del gobernante, Platón (República, VI) recurría a la metáfora, que hizo fortuna, del Estado como una nave de la que el gobernante es su piloto. Entre las obligaciones del piloto están las establecidas en el código de comercio, ley de navegación marítima, convenios internacionales…
Pero no son suficientes.
En todo caso, el piloto no realizará su función si no consigue llevar a buen puerto a los pasajeros y las mercancías encomendadas.
Pilotar a reglamento no será suficiente para eludir su responsabilidad, porque el capitán tiene un especial deber de diligencia que va más allá del simple cumplimiento de la legalidad.
"Tras anunciarnos dramáticamente que se había producido una violación de la integridad territorial de España, el presidente se marchó de vacaciones"
Lo mismo que la función del capitán es llevar a buen puerto la nave con su tripulación y su carga, la primera función de todo gobernante es, extrapolando a Maquiavelo, la de "mantenere lo stato". No en su versión de mantener el príncipe en el poder a cualquier precio, sino en el sentido de preservar la propia comunidad política asegurando su estabilidad y su permanencia.
Y la entrada irregular de miles de personas en una ciudad como Ceuta supone un fracaso de esta misión principal.
Por eso creo que la gestión de los tres ministros de Estado –Interior, Defensa y Exteriores- es reprochable políticamente: no han llevado a buen puerto la nave.
O, mejor dicho, en este caso la nave se les ha llenado de pasajeros no autorizados sin que se enteraran. Lo que, según el presidente Sánchez, ha supuesto una violación de la integridad territorial de España.
¿Y qué decir del presidente del Gobierno? La invasión de Ceuta era el momento del presidente.
El artículo 98.2 establece que el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo.
De él se esperaba que, como dice el artículo 98 CE, se pusiera al frente para dirigir la acción del Gobierno. Que coordinara los distintos Departamentos y que activara la política exterior e interior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Y no lo hizo.
Como líder del Ejecutivo era también el momento de expresar con su presencia diaria la empatía del Gobierno de la Nación hacia unos ceutíes agobiados.
Era el momento asimismo de preparar la visita del S.M el Rey a Ceuta, puesto que el Rey, y no el presidente del Gobierno, es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado.
Son estas algunas de las obligaciones de su rol como presidente. Unas, claramente explícitas en la Constitución. Otras, como mostrar empatía y cuidado del pueblo ceutí, implícitas en el rol de presidente.
Pero nada de esto es lo que hizo. En su lugar, y tras anunciarnos dramáticamente que se había producido una violación de la integridad territorial de España, el presidente se marchó de vacaciones.
Aquí ya no cabe hablar de responsabilidades, sino simple y llanamente de irresponsabilidad.
*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá.