La invasión de la ciudad de Ceuta por miles de inmigrantes ilegales de origen magrebí y subsahariano procedentes de Marruecos ha generado una crisis de seguridad nacional. Una crisis con repercusiones en ámbitos como el migratorio, securitario, diplomático, humanitario, sociosanitario, económico y reputacional.
La magnitud de este desafío evidencia nuevamente la máxima napoleónica sobre cómo la geografía de un Estado condiciona de forma inevitable las decisiones políticas, las alianzas internacionales y los intereses vitales de una nación.
España supone una peculiaridad geopolítica dentro de la Unión Europea, por mantener una exclusiva frontera terrestre con África y ser el único Estado con soberanía territorial en los dos continentes.
Esto le permite controlar ambos lados del estrecho de Gibraltar, uno de los cuellos de botella vitales para el tráfico marítimo mundial, al igual que los pasos de Malaca, Ormuz o Bab el-Mandeb.
En la esfera securitaria, este asalto repentino y de alto impacto ha puesto de manifiesto un notable déficit de las capacidades anticipatorias de las instituciones, y el bloqueo de la respuesta pública en un escenario de incertidumbre.
El Ejecutivo nacional ha abordado la entrada masiva en Ceuta como un mero episodio de inmigración irregular, minimizando la naturaleza híbrida de un incidente que atentó contra la soberanía e integridad territorial del Estado.
Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de Defensa, Margarita Robles.
Este incidente, en la actualidad, compromete la seguridad interior con miles de extranjeros, entre ellos muchos menores, deambulando sin control por la ciudad.
Durante esta crisis se han suscitado diversas controversias.
Unas, vinculadas a la gestión comunicativa, como el cese fulminante de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional, tras la difusión de las cifras de entradas irregulares o la suspensión temporal del acceso público a dichos balances.
Otras, sobre la estrategia diplomática, como la publicación en la cuenta oficial del consulado de España en Stuttgart —en la red X— del primer comunicado del Gobierno marroquí. O la convocatoria por el Ministerio de Asuntos Exteriores del embajador italiano en Madrid y los controles fronterizos temporales y aleatorios entre ambos países.
Y otras, en relación con la gobernanza de la seguridad. Bien por la absoluta divergencia de los titulares de Defensa e Interior sobre la existencia de informes de inteligencia previos al asalto, bien por el incremento de la inseguridad y la insalubridad.
A diferencia de lo sucedido en mayo de 2021, este suceso puede catalogarse como un ejemplo paradigmático de "rinoceronte gris".
Este término, acuñado por Michele Wucker, visibiliza un peligro altamente probable y predecible, pero ignorado por los órganos decisorios, que ha comprometido la seguridad de la ciudad autónoma.
A día de hoy, y a tenor de los datos disponibles, la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma tuvo su origen en una iniciativa estructurada y difundida intencionalmente, de difícil atribución a un actor hostil, que inhabilitaría la hipótesis de un fenómeno espontáneo y fortuito.
Lo acontecido en Ceuta representa la materialización de una amenaza híbrida desestabilizadora de la seguridad interior.
"El Gobierno ha abordado la entrada masiva en Ceuta como un mero episodio de inmigración irregular, minimizando la naturaleza híbrida de un atentado contra la integridad territorial"
Una amenaza conceptualmente denominada como agresión demográfica, mediante la instrumentalización política de los flujos migratorios patrocinados o tolerados por actores estatales.
Bajo esta perspectiva, se pueden enumerar diferentes evidencias objetivas sobre la premeditación o condescendencia.
Evidencias como la escasa presencia de fuerzas de seguridad marroquíes en el paso fronterizo.
O la difusión previa de bulos o fake news a través del ciberespacio.
O la priorización de ciudadanos magrebíes sobre los subsaharianos.
O el transporte de personas en vehículos hasta las inmediaciones de Ceuta.
O la permisividad en el acceso a nado por el espigón.
En esta misma línea, y tras el asalto, resultan especialmente reseñables las manifestaciones de dos ministros de la monarquía alauí —Asuntos Islámicos y Justicia—, reivindicando la marroquinidad de las dos ciudades autónomas, o la posible suspensión del acuerdo de extradición entre ambos países.
También, la misiva remitida por la presidenta de una ONG de derechos humanos, exembajadora que fue designada para ese cargo por Mohamed VI, al Defensor del Pueblo español, instándole a investigar presuntas violaciones de los derechos de los inmigrantes irregulares en Ceuta.
O la existencia de un supuesto plan para invadir Ceuta, propuesto por una plataforma digital de carácter geopolítico y militar.
Asimismo, los mensajes difundidos por el ecosistema mediático marroquí afín al Palacio Real, al Majzén y a los aparatos de seguridad interior y exterior (o el relato difundido por alguno de sus aliados estratégicos, EEUU e Israel) están coadyuvando a generar un estado de opinión pública favorable a los intereses de Marruecos. Y a considerar la cosoberanía de Ceuta y Melilla —incluso en nuestro país— como vía de solución a un supuesto conflicto territorial.
"Ha quedado constatada la ineficacia de una doctrina de apaciguamiento basada en una política migratoria y diplomática fallida, que exige una revisión consensuada"
Marruecos, potencia media emergente y revisionista, combina sus reivindicaciones territoriales con otras herramientas híbridas en la «zona gris». Algunas de estas herramientas son:
a) La coerción diplomática, mediante sus alianzas internacionales.
b) La presión económica, con la asfixia aduanera de Ceuta y Melilla o la extensión hasta Canarias de la zona económica exclusiva.
c) El rearme y los acuerdos de cooperación militar para convertirse en el hegemón del Magreb.
d) La penetración de los servicios de inteligencia entre la diáspora residente en España; o
e) La influencia de sus lobbies, de los que forman parte empresarios, intelectuales, periodistas y políticos españoles de todas las tendencias.
Aunque el sentido común y la geografía advierten sobre la necesidad de coexistir con nuestro vecino, fijando ciertos límites, las vulnerabilidades de la frontera sur han quedado evidenciadas por la ausencia de medios de contención y disuasión suficientes.
Y también por la escasez de capital humano para un efectivo control, la tardía respuesta del Gobierno de la nación, y la ineficacia de una doctrina de apaciguamiento basada en una política migratoria y diplomática fallida que exige una revisión consensuada.
En todo caso, la lejanía de la normalización en la frontera sur constata el colapso geoestratégico (distanciamiento de socios tradicionales y erosión reputacional), así como la degradación social plasmada en la preocupación de la población ceutí ante el incremento de la violencia y la incertidumbre económica.
Y todo ello en el marco de una sociedad líquida española con escasa cultura de seguridad y desconcertada ante el alcance de esta grave crisis.
*** Marcial Píriz es comisario principal de la Policía Nacional.