Así se está colando la sharía en el Derecho internacional

La palabra "internacional", aplicada a la justicia, siempre ha sonado rara y, como mínimo, a conflicto.

Nuremberg fue una especie de promesa de que la fuerza cedería, aunque fuese por una vez, ante la razón jurídica. Ni siquiera los vencedores estarían exentos de los principios y valores que decían defender.

Y de aquella promesa, un ideal del tamaño de una catedral, hemos pasado a un enorme edificio de despachos, una auténtica colmena galdosiana, donde se dictan resoluciones y sentencias desde multitud de organismos con la misma previsibilidad ideológica que un editorial de cabecera.

Este tránsito, y la consiguiente pérdida de credibilidad por el camino, no ha sido casual. Ha sido, y sigue siendo, como casi todo en la vida institucional, una cuestión de quién nombra a quién.

Por eso, a los estudiantes de Derecho, algunos profesores les explicamos que conviene no perder de vista lo elemental. Es decir, que un tribunal, una corte o cualquier organismo son tan independientes como lo sea el procedimiento que llena sus sillas.

Y ahí es donde el edificio empieza a agrietarse.

Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegan a Estrasburgo por elección de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a partir de ternas que cada gobierno confecciona con el cuidado de quien no quiere sorpresas.

Los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, se designan por acuerdo común de los gobiernos, un eufemismo diplomático para decir que cada capital reserva su cuota y, con ella, su sensibilidad.

La Corte Penal Internacional reparte sus togas siguiendo criterios de representación geográfica que a menudo pesan más que el currículo.

Nada de esto es ilegal y ni siquiera nuevo. Pero conviene llamarlo por su nombre. Es política disfrazada de latín solemne y gran pompa, esa que tanto gusta a quienes viven o aspiran a vivir de administrar la conciencia ajena.

Independientes, lo que se dice independientes, no abundan. Y cuando llegan, ya se encarga el sistema de llevarles al redil.

La crisis que atraviesa hoy la Corte Penal Internacional ilustra el punto con una nitidez casi didáctica. Aunque el mismo traje se podría hacer a todas las demás.

Su fiscal jefe, Karim Khan, fue destituido hace apenas unos días tras acusaciones de conducta sexual inapropiada, en un proceso que sus propios defensores denuncian como una amalgama interesada entre lo disciplinario y lo político.

Este asunto ha pasado casi inadvertido en el mercado de la opinión pública y no digamos ya los principales telediarios, no vayamos a contribuir al desprestigio de las instituciones.

Washington, que nunca ratificó el Estatuto de Roma, lleva meses presionando abiertamente para desmantelar una institución que se atrevió a pedir el arresto contra un cualificado jefe de gobierno aliado.

Venezuela, a quien se abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en 2018 y nunca más se supo, y también Chad, acaban de anunciar su retirada.

Y mientras la Corte se desangra en deserciones y sanciones, nadie discute ya si administra justicia o qué hace exactamente. Se discute a quién beneficia cada resolución, cada orden de detención o sentencia, y quién mueve los hilos de cada voto en la Asamblea.

Ese es exactamente el síntoma de una institución que ha dejado de ser un tribunal para convertirse en un actor geopolítico más con bandera propia, aunque finja no tenerla.

¿Se puede negar la infiltración ideológica que muchos observadores atribuyen a estos organismos?

No parece posible, y esto explica su progresivo descrédito, que no es una teoría conspirativa ni la obsesión de un determinado mandatario, sino consecuencia lógica de que las carreras de quienes aspiran a estos tribunales se cocinan en las mismas facultades, las mismas ONG, los mismos foros de Ginebra y Bruselas, las mismas fundaciones o conciliábulos donde la progresía transnacional recluta a sus cuadros.

A ello se suma, en el terreno de los derechos humanos, una deriva menos comentada. La creciente influencia de una lectura del Derecho internacional filtrada por sensibilidades del mundo árabe-musulmán y sus aliados diplomáticos. Influencia que ha logrado colar en resoluciones y dictámenes categorías propias de la sharía disfrazadas de universalismo jurídico, especialmente en todo lo tocante a blasfemia, familia o libertad religiosa.

Y esos son asuntos clave para la conservación de la cultura jurídica occidental.

El resultado es previsible. Tribunales que condenan con energía selectiva, generosos con unos Estados y severísimos con otros, según convenga al relato dominante en cada momento. Véase a este respecto el trato dispensado a Hungría o Polonia, e incluso a Israel.

Puedo entender la complejidad de los asuntos. Pero alcanzo a vislumbrar el sesgo y el enfoque premeditado o precocinado de los mismos. Y por esto mismo, el daño no es sólo jurídico. Es de legitimidad, que es la moneda de la que viven estas instituciones y de la que ya no tienen reservas.

Cuando un ciudadano polaco, húngaro o israelí observa que el mismo tribunal que le exige cumplir escrupulosamente sus resoluciones aplica varas distintas según el pasaporte del acusado, deja de creer en el árbitro. Y un árbitro sin credibilidad no imparte justicia, sino que administra otras cuestiones: resentimiento, visiones históricas u otros posicionamientos, pero con toga.

No se trata de reclamar la desaparición de la justicia internacional, que cumplió un papel civilizatorio innegable en su origen.

Se trata de exigir lo que los juristas romanos ya sabían y que Occidente parece haber olvidado: que la ley sólo obliga cuando nace de un poder legítimo, y que la legitimidad no se decreta, se gana.

Mientras la designación de magistrados siga siendo un reparto de cuotas ideológicas y geográficas en lugar de un ejercicio de mérito y neutralidad, estos tribunales seguirán pareciéndose menos a Nuremberg y más a un politburó con vocación ecuménica.

Y ese, no la soberanía nacional que tanto denuestan sus defensores, es el verdadero enemigo de la aspiración de justicia internacional.

*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo.