Durante los últimos años, el gran debate de la sanidad española ha girado en torno a una única pregunta. ¿Cuánto dinero necesita nuestro Sistema Nacional de Salud?
La crisis económica de 2008 obligó a ajustar un gasto sanitario que crecía de forma imparable con respecto a un presupuesto anual un 20% más ajustado. Esto hizo que el sistema sanitario público se perdiera lo que yo denomino la "revolución tecnológica" del sector y que fue apenas compensada con donaciones desinteresadas, como las que hizo para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer Amancio Ortega.
La situación no se consiguió recuperar hasta que llegaron los fondos europeos como consecuencia de la pandemia. Una pandemia que, a su vez, puso de manifiesto las carencias acumuladas durante años y que obligó a realizar un esfuerzo presupuestario sin precedentes.
Sin embargo, hoy la sanidad pública dispone de más recursos económicos que nunca en números absolutos (porque en gasto relativo al gasto público total disminuye poco a poco).
Pero en la realidad asistencial, lo que se hace con ese dinero apenas se nota.
Los datos son inapelables.
Un quirófano equipado.
Y precisamente esa es la principal conclusión del primer boletín publicado por el foro de reflexión sectorial Círculo de la Sanidad. Su mayor aportación no consiste en analizar cuánto ha aumentado el gasto sanitario, sino en plantear una pregunta mucho más interesante: ¿hasta qué punto ese incremento presupuestario se ha traducido en una mayor capacidad asistencial?
A modo de resumen del informe, mientras el gasto sanitario público entre 2016 y 2024 ha aumentado un 36%, pasando de los 64.000 millones de euros a los 94.000 millones, los datos de actividad se han quedado estancados prácticamente en el principio de la serie.
Así, salvo las pruebas diagnósticas, que han aumentado un 33%, las consultas de especialistas lo han hecho en un 15%, las de Atención Primaria en apenas un 5% y las intervenciones quirúrgicas, un raquítico 2%.
Curiosamente, el dato de actividad que más ha aumentado de todos en relación al gasto ha sido el de la actividad concertada con el sector privado. Por un incremento del 36% del gasto en conciertos (es decir, a la par con el incremento del gasto sanitario público total), la actividad concertada en pruebas e intervenciones quirúrgicas ha aumentado en un 77%.
¡Ay! ¿Qué sería de nuestra capacidad asistencial sin el sector privado? Y esto explica por qué algunos no quieren oír hablar de ella, claro.
Ante estos datos no nos podemos extrañar si las listas de espera continúan aumentando de forma dramática o la presión sobre la Atención Primaria no disminuye como consecuencia del envejecimiento de la población y la cronicidad.
La conclusión es clara. La financiación no es suficiente para incrementar por sí sola la capacidad asistencial. Y esto merecería una profunda reflexión por parte de nuestros responsables políticos. Porque durante décadas hemos medido el éxito de las políticas sanitarias por el crecimiento del presupuesto, cuando lo realmente relevante siempre es cuánta capacidad asistencial adicional podemos generar con cada euro que invertimos de más.
El verdadero objetivo de la financiación no es aumentar el gasto por gastar, ni contratar más personal por contratar, sino conseguir más consultas, más intervenciones quirúrgicas, más pruebas diagnósticas, mayor accesibilidad y, en definitiva, mejores resultados en salud para los pacientes.
Pero parece que empezamos a ver algunos brotes que nos hacen abrir la esperanza de cambio.
Quizá estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma que, si bien llega de forma desordenada y sin el liderazgo que necesitaría por parte del Gobierno (lo cual actualmente es imposible dado el clima de polarización política que existe en nuestro país), empieza a dar lugar a algunas decisiones políticas que reflejan tímidamente que, al menos, existe la conciencia de que el cambio o la reforma es necesaria si queremos preservar el servicio y la calidad de nuestro sistema sanitario público.
Es decir, que el incremento de dinero gastado es dinero tirado si no se acompaña de reformas para hacer que se gaste mejor. Para que sea un gasto más productivo y eficiente.
Cataluña acaba de presentar el Plan Estratégico del Institut Català de la Salut para el periodo 2026-2028. Más allá de las medidas concretas, resulta significativo el enfoque elegido. El documento sitúa en el centro conceptos como transformación organizativa, liderazgo, innovación, evaluación, digitalización y mejora de la productividad.
Es decir, desplaza parcialmente el debate desde la financiación hacia la capacidad de gestión.
Además, en esta comunidad lleva desplegándose hace más de dos años el proyecto Cairos, que pretende dar más agilidad y flexibilidad a la microgestión para que cambie la organización y la autonomía de los centros sanitarios.
En Andalucía, la creación de una Dirección General específicamente orientada a la transformación del sistema sanitario público apunta en la misma dirección.
Y las recientes reorganizaciones administrativas impulsadas en Castilla y León y Extremadura, incorporando a las carteras de Sanidad los servicios sociales, la dependencia y la discapacidad, parecen responder igualmente a la necesidad de adaptar las estructuras de gestión a una realidad asistencial cada vez más compleja.
Sería precipitado afirmar que estas iniciativas resolverán por sí solas los problemas del Sistema Nacional de Salud. Las reformas organizativas necesitan tiempo, liderazgo y evaluación para demostrar su eficacia.
Pero sí parecen compartir un diagnóstico que hasta hace pocos años apenas formaba parte del debate político: el futuro de la sanidad dependerá tanto de cómo gestionemos los recursos como de cuánto dinero seamos capaces de invertir.
Ese cambio de enfoque resulta especialmente importante porque coincide con un contexto económico que obliga a administrar cada vez mejor los recursos públicos. El envejecimiento demográfico, el crecimiento del gasto en pensiones, las nuevas exigencias en materia de defensa y las limitaciones fiscales hacen difícil pensar que el incremento del presupuesto sanitario pueda mantenerse indefinidamente al ritmo de los últimos años.
Mónica García, ministra de Sanidad.
El margen para seguir creciendo existe, pero será necesariamente limitado y competirá con otras prioridades del Estado.
Por eso, la gran reforma sanitaria de la próxima década probablemente no será únicamente financiera. Será, sobre todo, una reforma de la productividad.
Y conviene aclarar qué significa productividad cuando hablamos de sanidad. No significa atender a más pacientes a cualquier precio ni exigir un mayor esfuerzo indiscriminado a unos profesionales que ya trabajan al límite de su capacidad.
Significa eliminar burocracia innecesaria, rediseñar procesos, incorporar tecnología útil, potenciar la inteligencia artificial, reorganizar competencias profesionales, evaluar resultados, desinvertir en aquello que ya no aporta valor y aprovechar toda la capacidad instalada del sistema, con independencia de la titularidad de los recursos.
En definitiva, significa conseguir que cada euro público genere el máximo beneficio posible para el paciente.
Llevamos muchos años preguntándonos cuánto dinero necesita la sanidad española. Era una conversación imprescindible y seguirá siéndolo. Pero quizá haya llegado el momento de formular una pregunta aún más importante. ¿Qué somos capaces de conseguir con lo que gastamos?
Si las primeras señales que llegan desde comunidades autónomas con distinto signo político, esos primeros brotes de esperanza, terminan consolidándose y confluyendo, es posible que estemos entrando, por fin, en el momento en el que las reformas se realicen. Quizá por fin estamos cayendo en la cuenta de que el sistema sanitario público, por el camino que lleva, no va a aguantar los retos a los que se enfrenta.
Y probablemente esa sea la mejor noticia que podría recibir nuestro Sistema Nacional de Salud.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.