En otro sábado 18 de julio, hace noventa años, los españoles habrían querido, como nosotros, llevar a cabo sus actividades cotidianas. Descansar lo que pudieran, pasear, ir a la playa o al cine, hacer compras, visitar amigos o familiares, entrar en una taberna, o asistir a misa.
Sin embargo, las noticias que comenzaban a llegar eran muy perturbadoras, y para la mayoría tan inesperadas como indeseadas.
La tarde anterior, el ejército de África se había sublevado.
Muchos jefes y oficiales habían sido arrestados por sus propios compañeros, y algunos ya habían perdido la vida. Muchos más, tanto militares como civiles, seguirían su destino.
En las próximas horas y días, la calamidad se confirmó. Ese gran crimen que es la guerra, y en el caso de una contienda civil, siempre implica aún más crímenes, incesantes, cercanos, que desgarran a una sociedad por generaciones.
Es bien conocido que la Guerra Civil española comenzó porque una rebelión militar fracasó parcialmente.
La mayoría de los mandos del ejército (pero no los generales de mayor rango) se unieron al golpe. Una leve mayoría de las fuerzas policiales se mantuvo leal a la constitución.
Esta dinámica no fue accidental ni reciente. Desde el surgimiento de la República en 1931, comenzaron las conspiraciones militares encabezadas por viejos generales monárquicos. El propio Alfonso XIII, quien no renunciaba a la idea de volver al trono, las alentó y financió.
Además, se acercó al carlismo, adversario acérrimo no solo de la República, sino del mismo liberalismo, e hizo todo lo posible para evitar una salida futura moderada a favor de su hijo Juan.
El cuerpo de José Calvo Sotelo.
Los militares monárquicos se unieron en su rechazo a la República a los ya mencionados carlistas, con el general José Enrique Varela como su representante más visible.
Luego surgieron los falangistas, quienes encontraron en el teniente coronel Juan Yagüe a su mayor baza en el ejército. También estaban los uniformados ambiciosos como el general Manuel Goded, cuyo nombre solía sonar en las conspiraciones.
Por último, quedaba el teniente general José Sanjurjo, apodado "caudillo" por sus numerosos seguidores de diversos colores, que desde su exilio en Portugal soñaba con convertirse en dictador de nuestro país.
Los arriba citados nunca aceptarían el juego democrático. Sin embargo, junto a ellos, había un grupo considerable, pero imposible de cuantificar, de militares cuya postura era mucho menos clara. Y que en su mayoría terminaron sumándose, no sin dudas y ambigüedades, a la rebelión militar en el último momento.
Estos uniformados conservadores no eran amigos de la democracia, pero tampoco eran necesariamente enemigos radicales. Al menos, no todavía.
Ya fuese por sentido del deber, oportunismo o simple temor a perder sus carreras, eran reacios a cruzar la línea roja de la insurrección. A muchos de ellos incluso no les había ido tan mal con la República, al menos cuando gobernó la derecha.
El propio Francisco Franco disfrutó de un periodo profesional dorado entre octubre de 1934, cuando dirigió la represión de la revolución en Asturias, y febrero de 1936, tras la victoria electoral del Frente Popular. Sobre todo cuando fue la mano derecha del ministro de la Guerra, José María Gil Robles, a partir de mayo de 1935 como jefe del Estado Mayor Central.
Esto no le impidió intentar convencer a colegas y políticos para invertir los resultados electorales de febrero, o asistir a reuniones donde se discutía llevar a cabo un golpe de Estado, manteniendo, eso sí, una cierta distancia.
"Algunos generales nunca aceptaron el juego democrático, pero otros fueron mucho más ambiguos, y terminaron sumándose, no sin dudas, a la rebelión en el último momento"
Por su parte, Emilio Mola gozaba de cierta confianza entre los líderes republicanos, lo que le permitió ocultar su papel de "el Director" de la insurrección del 18 de julio, mientras manifestaba su adhesión a la legalidad, incluso ante su superior, el muy honorable general Domingo Batet, a quien luego fusilarían los rebeldes.
¿Qué llevó a los militares "ambiguos" a rebelarse en julio de 1936?
Sin duda, la presión de sus colegas fue un factor clave, pues se enfrentaban a la disyuntiva de defender un régimen en el que no creían frente a unos compañeros con los que compartían muchas cosas.
Pero hubo otras causas, como la dinámica de violencia en las calles y la percepción de que el Gobierno no sólo no controlaba la situación, sino que tampoco era imparcial.
Es decir, creían que el sistema democrático estaba en ruinas o a punto de colapsar, y, por lo tanto, se estaba desvaneciendo la legitimidad de los líderes republicanos y del propio sistema constitucional.
Hasta que este segmento de la profesión militar no llegó a esa conclusión, cuya culminación fue el asesinato impune de José Calvo Sotelo (quien estaba involucrado en la conspiración), las posibilidades del golpe militar eran bastante inciertas.
El frío y calculador Franco llamó a esta situación de dudas fundamentadas, en un mensaje a sus colegas el 12 de julio de 1936, "geografía poco extensa". Una postura que cambió de forma radical cuando le llegaron las noticias del asesinato de Calvo Sotelo el día siguiente.
¿Qué podría haber hecho el Gobierno para mantener la lealtad del mayor número posible de uniformados? Es evidente que estaba atado de manos por dos factores.
Por un lado, los derechos constitucionales de los conspiradores. La República era una democracia y no podía, como por ejemplo habría hecho Stalin, arrestar en masa y torturar o ejecutar a los sospechosos.
Por otro lado, estaban las propias fuerzas más radicales del Frente Popular que abogaban, por medio de Francisco Largo Caballero, por una revolución que en realidad no planeaban (el programa social de la coalición era muy moderado), pero que asustaba a millones de españoles.
El Frente Popular consideraba que las acciones violentas de sus milicias y militantes debían ser protegidas por el poder mientras que las de la derecha, comenzando por la Falange, debían ser reprimidas sin contemplaciones.
""El Frente Popular consideraba que las acciones violentas de sus milicias y militantes debían ser protegidas por el poder, mientras que las de la derecha debían ser reprimidas sin contemplaciones"
Es cierto que la gravísima violencia callejera en los meses que siguieron a febrero de 1936 no siguió una línea ascendente continua, y que tuvo altibajos.
(En todo caso: en los cinco meses previos al estallido de la guerra, perecieron unas 500 personas, aproximadamente el mismo número que murió cada día que duró el conflicto).
Pero no es menos cierto que, al menos entre los sectores de la derecha del país, el Gobierno estaba perdiendo la hegemonía en la narrativa sobre el orden público, y no actuó de manera decisiva para recuperarla.
Nadie describió mejor esta situación e intentó reconducirla que Miguel Maura, el político republicano conservador, en una serie de seis artículos publicados en el diario El Sol en la segunda mitad de junio.
Los títulos de los artículos, en los que criticaba a derechas e izquierdas, son elocuentes: "Una política de suicidas", "Subversión y definitivo desprestigio del sistema parlamentario", "Los comités jacobinos del Frente Popular, el fascismo español y la gravedad de los problemas nacionales", o "Nos equivocamos… la salvación está en una Dictadura Nacional Republicana".
En este último abogó por un régimen temporal de excepción con plenos poderes, apoyado por las fuerzas moderadas y reformistas de todo el arco parlamentario. Es decir, la ruptura de los bloques opuestos y hasta de los partidos que dominaban las Cortes, para salvar la paz, el orden, el progreso y, al final, la libertad en España.
Era, como el mismo reconoció, una propuesta que chocaba con demasiados intereses y dinámicas muy arraigadas.
En la España de la Guerra Civil, la moderación era considerada un crimen. Maura escapó en los primeros momentos del conflicto de la zona rebelde a Madrid, donde le avisaron de que lo buscaban para matarlo.
Tuvo que huir a Francia. Desde allí apoyaría luego el plan de Juan Negrín, los “trece puntos”, de abril de 1938 para poner fin al conflicto fratricida de forma negociada.
Nunca sabremos si, de haberse llevado a cabo o al menos debatido la propuesta de Maura de junio de 1936, se habría evitado la guerra. Pero es indudable que cualquier cosa habría sido mejor que lo que aconteció después.
*** Antonio Cazorla Sánchez es catedrático de Historia de Europa en la Trent University, Canadá y cofundador del Museo Virtual de la Guerra Civil española.