Reformar la Sanidad no basta: necesitamos un Ministerio del Bienestar

Vivimos con la sensación de que nuestro Estado del Bienestar funciona razonablemente bien. En el imaginario colectivo, es de los mejores del mundo.

Parece que tiene algunos problemas, por supuesto. Pero seguimos sintiéndonos orgullosos de nuestra Sanidad pública, de nuestros servicios sociales y de la protección que ofrecen cuando más los necesitamos.

Y, probablemente, esa percepción sea cierta para una parte de la población.

Pero sólo para una parte.

Sobre todo, para aquellos que, cuando necesitan una consulta, la obtienen en pocos días gracias a un seguro privado. O que pueden hacerse una prueba diagnóstica sin esperar meses, porque deciden pagarla. O que se sirven de recursos propios para atender a un familiar dependiente.

Es decir, tienen la impresión de que el Estado del Bienestar funciona bien aquellas personas que pueden hacer ese esfuerzo extra, y que en general no necesitan al sistema público para su vida cotidiana. Que coincide que son también los que tienen más voz en el sistema y en la sociedad.

Pero hay millones de ciudadanos, muchos más, que ni tienen esas posibilidades, ni apenas voz, a los que les importa poco si nuestro sistema funciona mejor o peor que en otros países.

Porque, para ellos, la realidad es que los servicios públicos no les llegan ni a tiempo (debido a las listas de espera, por ejemplo), ni en cantidad suficiente (a causa de la insuficiencia en las ayudas para la dependencia o la discapacidad, por poner otro ejemplo).

Y esto, la falta de voz de quien no puede elegir, explica, en parte, por qué la presión social para acometer grandes reformas sigue siendo menor de la que cabría esperar.

Y aquí es en donde encontramos la verdadera pregunta. Y no es si nuestro sistema funciona mejor o peor que el de otros países, sino: ¿podría funcionar para todo el mundo mejor de lo que lo hace hoy?

Yo estoy convencido de que sí.

La diferencia no es baladí.

Da igual que se tenga uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

Porque cuando hablamos de salud, dependencia, discapacidad o cuidados, hacerlo simplemente "razonablemente bien" significa renunciar a miles de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas o incluso para mantenerla.

Nos hemos acostumbrado a convivir con problemas en el servicio de nuestros servicios sanitarios y sociales que hace unos años nos habrían parecido inaceptables. Ahora se ven como si fueran fenómenos meteorológicos imprevisibles e inevitables.

Y en este contexto se ha firmado el acuerdo sanitario entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, del cual hay que hacer una valoración objetiva. No porque vaya a resolver los problemas del sistema sanitario español, sino porque representa bastante bien la forma en la que llevamos años afrontando los problemas públicos.

Mi impresión es que contiene medidas muy razonables. Tanto que parece difícil de entender que haya habido que esperar a que se llegue a algún tipo de acuerdo para que se pongan en marcha.

Medidas como:

- Una auditoría para conocer con precisión dónde están los problemas.

- Un plan de choque para reducir las terribles listas de espera.

- La voluntad de simplificar procedimientos administrativos, y

- Una mejora en la recuperación de los costes que deben asumir terceros legalmente obligados al pago.

Parece todo más que obvio, ¿verdad?

Ahora falta comprobar que se ejecute con eficacia (lo cual está por ver).

"Nos hemos acostumbrado a convivir con problemas en el servicio de nuestros servicios sanitarios y sociales que hace unos años nos habrían parecido inaceptables."

Pero también conviene decir con claridad que todo esto sigue siendo insuficiente.

Porque aunque es imposible pretender que desde una Comunidad Autónoma se resuelvan problemas que le corresponden al Gobierno central, el que se presenten como medidas a acometer cuestiones tan obvias es un signo de que el sistema necesita cambios mucho más profundos.

No tener que esperar meses para que te diagnostiquen un cáncer, ni morirse esperando las ayudas por la dependencia, ni arruinarse atendiendo las necesidades básicas de un mayor, o algo tan básico como saber lo que nos cuesta la atención a terceros, no se debería considerar nada extraordinario.

Y si, cuarenta años después de aprobarse la ley que entonces sustentaba nuestro Estado del Bienestar (la Ley General de Sanidad del año 1986), tenemos que recurrir periódicamente a planes extraordinarios para cuestiones tan elementales, es porque el problema ya requiere un replanteamiento global. De arriba abajo.

Para empezar, porque en el año 2026, tal como quedó constatado este martes en el Congreso al aprobarse la reforma de la dependencia (por la que el Estado va a inyectar 6.000 millones), el Estado del Bienestar se sostiene sobre mucho más factores que la mera asistencia sanitaria.

Y, por tanto, la próxima gran reforma en España no debería ser una reforma sanitaria, sino una reforma de la concepción política y legal que tenemos de ese Estado del Bienestar y de la Salud de los ciudadanos.

Seguimos organizando los servicios públicos como si las personas vivieran por departamentos: Sanidad por un lado, dependencia y servicios sociales por otro, discapacidad, salud pública. Cada uno con sus propios procedimientos, presupuestos y estructuras.

La realidad es que ningún ciudadano vive así.

Una persona mayor con dependencia necesita atención sanitaria, ayuda domiciliaria, rehabilitación, apoyo social y una vivienda adaptada.

No necesita cinco administraciones distintas.

Necesita una respuesta única y coordinada.

Por eso, el gran cambio del futuro no pasa únicamente por reformar la Sanidad.

Pasa por reorganizar y construir una nueva arquitectura institucional que nos lleve a la creación de un verdadero Ministerio de Bienestar.

Pasa por una nueva forma de pensar las políticas públicas que ponga al ciudadano en el centro y se ocupe de sus necesidades íntegramente.

Una forma de entender que el objetivo no es gestionar hospitales, residencias o centros de servicios sociales. El objetivo es preservar la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas.

Y eso obliga a integrar políticas que hoy siguen funcionando de forma excesivamente independiente.

"España ya no necesita únicamente gestionar mejor sus servicios públicos: necesita repensarlos desde su raíz y de arriba abajo"

Naturalmente, ninguna comunidad autónoma puede liderar por sí sola una transformación de esta magnitud.

Por eso, la próxima legislatura debería abrir un gran acuerdo nacional, con la participación también de las comunidades autónomas y los representantes de la sociedad, para constituir un marco de referencia nuevo. Un marco que mire al futuro teniendo en cuenta al ciudadano en su integridad.

El acuerdo sanitario andaluz es un buen paso que ojalá consiga llevarse a efecto. Pero es muy insuficiente para lo que necesita de verdad la gente

Porque España ya no necesita únicamente gestionar mejor sus servicios públicos: necesita repensarlos desde su raíz.

Y quizá la mejor manera de hacerlo sea dejar de preguntarnos cómo mejorar la Sanidad o los servicios sociales, y empezar a preguntarnos algo mucho más sencillo y mucho más importante:

¿Qué organización de nuestros servicios públicos permite que las personas vivan más, vivan mejor y tengan una mayor calidad de vida?

Y eso debería de llevarse a cabo desde una estructura que se encargara de las necesidades del individuo en su totalidad.

¿Por qué?

Porque la esperanza de vida ha aumentado veinte años, y hoy el reto ya no es únicamente curar enfermedades, sino mantener la autonomía durante más años.

Porque la cronicidad hace inseparables la Sanidad y los servicios sociales, y un paciente crónico consume ambos sistemas simultáneamente.

Y porque las políticas públicas siguen organizadas como hace cuarenta años, pero las necesidades de los ciudadanos han cambiado radicalmente.

¿Necesitamos más argumentos?

*** Juan Abarca es presidente de HM Hospitales.