En el maniqueo panorama político uno puede adivinar de antemano qué va a decir cada uno de los actores con mando en plaza, aun si observa el teatrillo desde la televisión con el volumen apagado.
De vez en cuando, ese ejercicio, idóneo para rebajar decibelios y jaquecas, resulta necesario.
Cuando no existe capacidad de sorpresa alguna, va de suyo que la inteligencia política y la heterodoxia yacen sepultadas en favor de los argumentarios. Esos listados huecos de soniquetes peregrinos que los partidos políticos envían a sus portavoces para que los repitan como papagayos.
El pavor a la improvisación y a la creatividad argumental es revelador, pero también entendible. Es tan ínfimo el nivel en nuestra política que resulta comprensible el miedo a formulaciones groseras o a distanciarse respecto a lo que se considera digerible por una audiencia cada vez más fanatizada.
Los argumentarios son una especie de engrudo indigesto, donde caben contradicciones argumentales, inconsistencias normativas y vaciedades campanudas.
No sé si la última perla de Feijóo, ese hombre gris y supuestamente moderado, responde a uno de esos esquemas ridículos y enlatados de los partidos políticos o si se trata de una creación de autor.
Pero, a la vista de la calidad de lo enunciado, ambas hipótesis son más que verosímiles.
(I-D) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
La derecha española tiene una extraña tendencia a pontificar sobre la dignidad de la vida humana y su imprescindible tutela, aunque extrañamente limita esa preocupación a la concepción y la muerte.
En concreto, lo hace cuando se trata de fijar posición o de repetir el argumentario que algunos de sus votantes quieren escuchar a cuenta del aborto y la eutanasia.
Por supuesto, ninguna de esas prédicas va después acompañada necesariamente por una legislación consistente con las veleidades religiosas que las motivan, puesto que por encima de cualquier otra consideración se encuentra el interés electoral.
Y la derecha mayoritaria (esto es, el PP) sabe perfectamente que a buena parte de su electorado, secularizado y agnóstico, estos temas le importan bien poco. Por encima de los principios, como siempre, la rentabilidad en las urnas.
En eso se parecen mucho al PSOE y acólitos, que se ubican en el altar de la supuesta superioridad moral de una izquierda que se dice comprometida con lo público. Pero que es capaz de justificar la corrupción masiva que detrae ingentes cantidades de dinero del que luego se priva a los maltrechos servicios de nuestro menguante Estado social. Y acometen así un proceso de privatización encubierta del mismo.
Por no hablar de sus políticas económicas, a veces tan neoliberales como las de la derecha (recordemos los gobiernos de Zapatero: reforma laboral abaratadora del despido, políticas fiscales a la derecha de las del propio PP o reforma constitucional del artículo 135 de la CE, hecha con nocturnidad y alevosía). O de su fascinación por fracturar lo común en beneficio de los egoísmos nacionalistas y de los privilegios territoriales.
La derecha y la izquierda hegemónicas se parecen demasiado.
Si la segunda se aferra al poder sin capacidad alguna de gobernar, con un manual de resistencia capaz de hacer saltar por los aires todas las instituciones del Estado de derecho, la primera muestra cada día su proverbial necedad e inconsistencia, echando leña al fuego de la degradación de las condiciones de vida de cientos de miles de españoles.
Entre ellos, muchos de sus votantes.
"Si la izquierda se aferra al poder sin capacidad de gobernar, la derecha muestra cada día su necedad, echando leña al fuego de la degradación de las condiciones de vida de los españoles"
Llama la atención que los que se daban golpes de pecho con la visita del Papa sean capaces de olvidar todos y cada uno de los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia, que se supone deberían ser relevantes para cualquier conservador consecuente.
A la hora de la verdad, como se trata de sostener clichés retóricamente efectivos, se dejan llevar por esa corriente pujante en las redes y con cierta influencia entre gente joven. Una especie de anarcoliberalismo de boquilla, inviable en la práctica, que termina contagiando de la peor manera un discurso zafio, en el que convergen ideas gruesas, medias verdades, mentiras completas y omisiones flagrantes.
Todo ello con una política comunicativa de vergüenza ajena.
El PP toca de oídas, una vez más. Trata de construir un discurso de entidad argumental nivel TikTok, banal y simplista, incapaz de ofrecer una explicación seria sobre lo que pretende denunciar.
La Incapacidad Temporal está reconocida en nuestra legislación y los abusos se deben controlar a través de un buen diseño normativo e institucional pensado al efecto. Si ese mismo diseño falla, es precisamente responsabilidad de los partidos que han gobernado España durante décadas.
Por lo demás, si el objetivo es denunciar lo que verdaderamente hay de estructural en nuestro mercado de trabajo, deberíamos hablar del fraude que sufren masivamente los trabajadores, sobre cuyas espaldas han recaído crónicamente los ajustes que unos y otros han llevado a cabo durante décadas.
Siempre en la misma dirección: tocaba apretarse el cinturón y, por tanto, correspondía buscar los agujeros en la cintura de los de siempre, aun cuando la hebilla amenazara con romperse de tanto apretar en la misma dirección.
Repasen la hemeroteca de todas las reformas laborales implementadas en democracia. La exposición de motivos de cada una de las leyes promulgadas repetía la misma cantinela: era necesario "liberalizar, dinamizar y modernizar" un mercado laboral anquilosado.
Desde las reformas laborales de los 80 que motivaron huelgas generales masivas (hoy impensables), cuando los sindicatos eran capaces de decirle rotundamente no a un Gobierno supuestamente de izquierdas que hacía políticas antisociales, a las Empresas de Trabajo Temporal, imprescindibles para la precarización de los trabajadores durante décadas, se ha terminado desembocando en un mercado altamente fragmentado, con una negociación colectiva degradada.
"Cientos de miles de trabajadores, de izquierdas y de derechas, sufren en España salarios de miseria, jornadas infinitas y condiciones de explotación lacerantes"
Y todo ello blanqueado por una retórica falaz sobre emprendimiento y resiliencia, incapaz de suavizar la imagen del repartidor en bicicleta. Un trabajador obligado a pelearse con el algoritmo por la fuerza de la necesidad (trabajando jornadas interminables sin derecho alguno), que ya forma parte inseparable de nuestro paisaje cotidiano.
Así fue como se redujeron las indemnizaciones por despido, se facilitó de manera escandalosa la posibilidad de despedir de forma objetiva y barata, alegando difusos motivos productivos, organizativos o técnicos (no sólo económicos).
Y se colocó la penúltima banderilla en esas espaldas maltrechas con la eliminación de los salarios de tramitación, para ahorrar sustancialmente a las empresas el coste de los despidos improcedentes.
Qué decir de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, igualmente liberalizadas de forma escandalosa.
De la infinidad de horas extraordinarias que se hacen en nuestro mercado de trabajo sin que nadie cotice por ellas y sin que los trabajadores las cobren.
De las múltiples triquiñuelas que han permitido durante décadas la firma de cientos de miles de contratos en fraude de ley o de la esclavitud naturalizada de los falsos autónomos.
Los opinadores al servicio del principal partido de la oposición tratan de emular a la sincronizada sin escrúpulos del Gobierno, rebuscan evidencia anecdótica para sostenella y no enmendalla.
Mientras, cientos de miles de trabajadores, de izquierdas, de derechas y mediopensionistas, sufren en España salarios de miseria, jornadas infinitas y condiciones de explotación lacerantes que les obligan a poner en peligro su salud todos los días.
Mientras eso ocurre, la Inspección de Trabajo denuncia, sin que nadie haga el menor caso, la clamorosa falta de medios y recursos con los que cuentan para combatir el fraude y los abusos impunes.
En quienes deberíamos encontrar altura de miras y soluciones efectivas a los problemas reales sólo advertimos, una vez más, ceguera y charlatanería.
*** Guillermo del Valle es abogado y director de El Jacobino.
