¿Y si a Sánchez le conviene que le imputen pronto?

Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, y más aún desde el auto del juez Pedraz desvelando que Ferraz vendría financiando espionaje e intentos de chantaje a jueces, P punto Sánchez sabe mejor que nadie que tiene ya muy cuesta arriba revalidar su investidura tras las próximas generales. Y ello por mucho que desbarre Trump, llegara otra epidemia, o que Von der Leyen siga echándole salvavidas presupuestarios.

Quizá el único milagro que puede esperar ya es que la inteligencia artificial se convierta en estos meses en una distopía completa de la post-verdad.

Ante el empeoramiento de su perspectiva electoral, deberá pues recalibrar su estrategia en los tres frentes habituales en los que opera.

El primero, la comunicación oportunista, le servirá cada vez menos según crezcan las evidencias de los escándalos conexos que cercan a Sánchez, aunque podrá seguir contando con los exabruptos de Vox y en general con acrecentar cualquier punto débil de la oposición (la foto de Feijóo con un futuro narco hace treinta años, frente a Ábalos, Cerdán, la mujer, y el hermano, son como poco un reñido empate para el PSOE y medios afines).

En estos días también tiene puestas grandes esperanzas en la "sintonía" con el Papa, que bien vale su primera misa como presidente.

Eso sí, en Barcelona, que lo conservador, si es catalán, lo es menos. Como Junts.

La segunda línea de acción es la de desmontaje del Estado de derecho.

Ya no quedan instituciones o garantías constitucionales por menoscabar (Tribunal Constitucional, Fiscalía, medios de comunicación públicos, CIS, Banco de España, falta de presupuestos, abuso del Decreto-Ley y otros atropellos a las Cortes…). Pero puede seguir profundizando en algunas, en particular en el cuestionamiento de la independencia judicial.

Y la tercera es prepararse a más largo plazo, que para eso le pagamos 800 asesores.

A grandes rasgos hay a su vez tres escenarios.

Primero, el incremental, que es el usado hasta ahora. Es decir, ir subiendo la temperatura de cocción progresivamente para que la rana no salte del agua (los indultos preparando la amnistía, etcétera).

Otra alternativa es la ruptura, el órdago si se viese contra la pared pero pensase que puede ganarlo. Tomaría probablemente la forma de un referéndum sobre la monarquía, para el que se estaba preparando. Pero sabe que tras lo ocurrido en las dos últimas semanas le faltaría apoyo social.

Y, por último, el que sin duda menos le gusta, pero al que la situación lo aboca: el de asumir una posición de debilidad y atrincherarse para aguantar.

Veamos este último con más detalle.

El día que Sánchez salga del Gobierno, se ha asegurado que nadie podrá arrebatarle el PSOE. Probablemente, hasta Page haya perdido también antes su feudo. Y, en cualquier caso, el grueso de la militancia seguirá fanatizada por el "no es no" convertido ahora en el guerracivilista "a por ellos" ya entonado por Sánchez.

Desde la oposición azuzará al máximo el clima de confrontación que seguirá polarizando a la sociedad incluso dentro de las familias. No lo suficiente en la muelle sociedad contemporánea para que la chispa salte en forma de subversión, pero probablemente se hagan más frecuentes episodios violentos como el linchamiento que llegó a sufrir un periodista de EL ESPAÑOL en Navarra.

Pero (más allá del aforamiento del que gozan los diputados), ese estatus de jefe de la oposición no le protegería del avance de procesos judiciales que, a la vista de las manifiestas conexiones múltiples entre ellos, no es difícil imaginar que llegasen a suponer un horizonte de cárcel.

Pero sería olvidar un as muy fácil con el que, abusando del Estado de derecho, puede extinguir toda responsabilidad penal: que antes se solicite y sea denegado un suplicatorio.

"No hay que olvidar un as muy fácil con el que, abusando del Estado de derecho, Sánchez puede extinguir toda responsabilidad penal: que antes se solicite y sea denegado un suplicatorio"

En efecto, cuando un parlamentario va a ser encausado, el Tribunal Supremo (el único que puede juzgarlos) debe recabar permiso de la correspondiente cámara. Si se deniega, no podrá ser juzgado ni siquiera con posterioridad a su mandato (una especie pues de indulto previo y rápido).

Más llamativo aún es que el Reglamento del Congreso en su artículo 14.2 extiende este efecto negativo al mero transcurso de 60 días sin pronunciamiento expreso sobre el suplicatorio. Circunstancia que bien podría facilitar la presidenta de la Cámara Baja, tan entrenada en forzar procedimientos parlamentarios a la conveniencia de su partido.

Así, aunque pueda parecer que antes de las próximas elecciones perjudicaría a Sánchez una imputación por una causa amplia que incluya todas esas tramas confluyentes, en realidad sería la mejor baza para arrancar de raíz cualquier futuro riesgo en los tribunales.

Cierto es que el Tribunal Constitucional llegó a enmendar hace años a las Cortes por un suplicatorio denegado sin fundamento suficiente. Pero se puede esperar que la habitual mayoría en torno a Conde-Pumpido fuera más comprensiva al respecto.

Y, por último, hablemos pues de este órgano encargado de ser el guardián de la Constitución, y que por lo tanto puede arrogarse poderes amplísimos. Tanto que podría bloquear totalmente al Ejecutivo y al Parlamento.

La composición actual es de siete "conservadores" contra cinco "progresistas". Una calificación que, aunque cruda, corresponde perfectamente con la descarada captura partidista por el PSOE y el PP. Captura que viene de lejos, pero que en tiempos recientes se ha agravado por la frecuencia con que se dirimen sentencias por 7 a 5, precisamente en temas tan políticos y comprometidos para el Estado de derecho como la amnistía.

La Constitución establece que se renueva por tercios. Cuatro magistrados son propuestos por tres quintos del Senado y ya tienen su mandato en prórroga desde 2025 (incluido el presidente Conde-Pumpido).

Con idéntica mayoría el Congreso eligió los que le corresponden hasta 2028. Esta exigencia del 60% implicó el acuerdo entre PP y PSOE, que se repartieron dos y dos en cada cámara.

Por último, dos provienen del Consejo General del Poder Judicial, que también se repartieron uno para cada ideología, mientras que el Gobierno de Sánchez inclinó la balanza a su favor con su exministro de Justicia y una exdirectora general.

"Aunque pueda parecer que, antes de las próximas elecciones, perjudicaría a Sánchez una imputación, en realidad sería la mejor baza para arrancar de raíz cualquier futuro riesgo en los tribunales"

El mandato de estos cuatro magistrados corre hasta enero de 2033. Es decir, más allá incluso de la siguiente legislatura. De manera que si una futura mayoría parlamentaria quisiera extirpar la influencia de Sánchez sobre el Tribunal Constitucional, debería alcanzar tres quintos en el Congreso y/o en el Senado para poder renovar los correspondientes tercios.

Cabe recordar, por cierto, que el actual reparto fue facilitado porque el anterior presidente del PP, Pablo Casado, decidió fiarse de Sánchez renovando el tercio del Congreso que contaba con una vacante, porque un magistrado progresista había tenido que dimitir al ser imputado por violencia de género.

¿Es posible que en la próxima legislatura alcance tres quintos una alternativa sin Sánchez y su mal llamado bloque "progresista"?

En el Congreso, donde la marca serían 210, es prácticamente imposible: sólo la investidura de González de 1982 quedó cerca con 207 votos. Y, aunque están llegando a cotas parecidas algunas encuestas recientes, la "prima del canciller" que posee cualquier presidente para convocar cuando le conviene (y acelerando el gasto público donde más rédito electoral tenga) hace previsible que se estreche en mayor o menor medida esa ventaja para la actual oposición.

El Senado (que además es donde está ya caducado el mandato de su tercio de magistrados del Constitucional) genera mayorías más amplias, dado que cada provincia atribuye tres escaños al primer partido y uno al segundo. Pero eso también implica que los terceros partidos no consiguen ninguno.

En Ceuta, Melilla y las islas se eligen senadores propios en menor número. El PP ha aceptado hace un mes reformar la Constitución para que los 7.500 votantes de Formentera se conviertan en la circunscripción más pequeña y elijan senador separado de la otra Pitiusa, duplicándose previsiblemente la representación que la coalición PSOE-Sumar-nacionalistas tiene en Ibiza.

Quizá tenga ocasión de lamentarlo Feijóo. Porque esa mayoría de tres quintos va a jugarse en un pañuelo.

"Liberado de incertidumbres penales, y junto a su incontestable dominio sobre lo que queda del PSOE, podría aguantar y presionar desde la oposición, haciendo pinza junto a Pumpido"

En efecto, de los 266 senadores actuales, 208 lo son por elección directa y 58 por designación por los parlamentos autonómicos.

En el primer cupo, en 2023 el PP consiguió 120. Y dado el predominio nacionalista en muchas provincias es casi imposible que el bloque de derechas pueda subir (de hecho, Vox no consiguió en 2023 ninguno, porque no llegó a segundo partido en ninguna provincia).

Por otro lado, en las elecciones autonómicas ha ido bajando el PSOE, pero cada parlamento regional asigna sólo un número pequeño de senadores, para los que su normativa interna establece en general un reparto proporcional. Por lo que, al redondear, los escaños por partidos suelen quedar inalterados.

Con todo, PP, Vox y UPN llegan hoy a 149 senadores, lejos de los 160 que representan los tres quintos. Coalición Canaria (distanciada ahora del PSOE, aunque lo apoyó en cada una de sus investiduras) sólo tiene otro senador. Y el recorrido al alza es pequeño (casi nada en los de designación autonómica) y en los de elección directa supondrían igualar marcas ya lejanas (130 en 2016 y 136 en 2011 para el PP).

En definitiva, el "number one" de Moncloa y Ferraz puede tener gran interés en que el inminente aceleramiento del desgaste político de la corrupción se acompañe al menos con un autoindulto previo y exprés en forma de suplicatorio denegado, en una imputación donde se acumulen las varias causas relacionadas que se conocen o pueden desvelarse próximamente.

Así, liberado de incertidumbres penales, y junto a su incontestable dominio sobre lo que queda del PSOE, podría aguantar y presionar desde la oposición, haciendo pinza junto a Pumpido a una nueva mayoría que no consiguiera alcanzar los tres quintos de escaños en ninguna de las dos cámaras.

Frente a esta estrategia corrosiva para nuestra democracia, pero eficaz para que Sánchez pueda aspirar a mantener o al menos a recuperar más tarde el poder, Feijóo sigue dando bandazos.

Intenta hacer creer que incorpora el legado socialdemócrata del Estado del bienestar, mientras desde sus gobiernos autonómicos se contribuye al socavamiento de la hacienda común.

Promueve el regionalismo y a la vez intenta competir con Vox en la desconfianza hacia los inmigrantes.

Todo lo anterior hace, si no probable, sí deseable, que más votantes acaben conociendo y apoyando una opción como Izquierda Española.

*** Víctor Gómez Frías es ingeniero y profesor y forma parte de la ejecutiva de Izquierda Española.