Están siendo semanas de enorme actividad judicial, con una traducción inmediata al tablero político.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el avance de investigaciones que afectan al entorno socialista, la entrada de la UCO en Ferraz o la comparecencia de Pedro Sánchez desde Roma, tras su audiencia con el Papa, han dibujado una imagen políticamente demoledora.
La imagen de un Gobierno que pretende convertir la estabilidad en coartada, y la presunción de inocencia en escudo absoluto frente a cualquier exigencia de responsabilidad.
Sánchez ha descartado adelantar las elecciones. No sorprende. Ningún presidente que se sabe sostenido por una aritmética parlamentaria frágil, pero todavía útil, va a entregar voluntariamente el poder a los ciudadanos si puede evitarlo.
Alberto Núñez Feijóo el pasado miércoles en los pasillos del Congreso.
Por eso, el mensaje de buena parte de la oposición resulta casi ingenuo: "Sánchez debe convocar elecciones".
No. Sánchez no debe ser tratado como si fuera a actuar por delicadeza institucional, ya ha demostrado que no. Sánchez no va a convocar elecciones porque se lo pidan.
Y, precisamente por eso, el debate no debería formularse en términos de súplica política, sino de exigencia parlamentaria.
La cuestión no es si el presidente va a asumir por sí mismo el desgaste de una crisis que ya no es sólo judicial, sino moral e institucional. La cuestión es si el resto de fuerzas políticas están dispuestas a asumir su responsabilidad.
Porque una democracia no se defiende únicamente señalando al que abusa del poder, sino impidiendo que siga haciéndolo cuando existen mecanismos constitucionales para retirarle la confianza.
Sólo hay que recordar cómo Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, no fue pidiéndole amablemente a un acorralado Mariano Rajoy que convocara elecciones. Llegó mediante una moción de censura, articulada tras la sentencia del caso Gürtel, con un discurso de regeneración democrática y de responsabilidad política.
Entonces no se sostuvo que Rajoy debía decidir libremente si se marchaba o no. Se sostuvo que el Parlamento debía actuar.
"Si la corrupción es tan grave como se afirma y si el Gobierno ha perdido la legitimidad política para continuar, la respuesta no puede ser una petición de elecciones, sino una moción de censura"
A Pedro Sánchez se le debe aplicar su propio estándar: cuando la corrupción contamina de forma insoportable la vida pública, la respuesta es la moción de censura.
Los partidos que defienden la responsabilidad política no deberían agotar su discurso en pedir que dimita, sino construir una mayoría capaz de sacarlo del Gobierno mediante una moción de censura.
Una moción planteada como respuesta democrática frente a la corrupción, frente al deterioro institucional y frente al uso del poder como mecanismo de resistencia personal.
Una moción sostenida sobre una mayoría transversal, centrada en la promesa expresa de convocar elecciones.
La democracia no consiste en esperar a que quien ocupa el poder decida voluntariamente cuándo debe dejarlo.
Para eso existen las Cortes.
Para eso existe la moción de censura.
Y para eso los diputados no son meros comentaristas de la actualidad, sino representantes con capacidad de exigir responsabilidad política al Gobierno.
Si los partidos creen realmente que el deterioro institucional ha llegado a un punto límite, entonces la pregunta no es por qué Sánchez no convoca elecciones. La pregunta es por qué quienes dicen querer sacarlo no presentan una alternativa capaz de hacerlo.
Pedir la dimisión de Sánchez sin articular una respuesta parlamentaria es cómodo. Permite dar titulares, marcar posición y evitar el coste de negociar.
Pero también transmite una enorme debilidad. Es casi admitir que el presidente puede resistir indefinidamente mientras los demás se limitan a denunciarlo.
Porque tan grave es abusar de la confianza pública como resignarse a que ese abuso no tenga consecuencias políticas.
Si la corrupción es tan grave como se afirma, si la situación institucional es tan preocupante como se denuncia y si el Gobierno ha perdido la legitimidad política para continuar, entonces la respuesta no puede ser una petición de elecciones. La respuesta debe ser una moción de censura.
A Sánchez no hay que pedirle que convoque elecciones. A Sánchez hay que echarlo, retirarle la confianza parlamentaria y abrir paso a las urnas.
Todo lo demás es cobardía.
*** María Jesús Sánchez-Cabezudo Tovar es jurista y Máster in International Advocacy por la UC3M.