La reciente muerte de dos agentes de la Guardia Civil en aguas del sur de España ha abierto algo más profundo que una investigación judicial. Ha abierto una herida social y un debate incómodo sobre cómo el Estado nombra a quienes mueren enfrentándose al narcotráfico.
Cuando la exvicepresidenta y candidata a la presidencia de Andalucía María Jesús Montero utilizó la expresión "accidente laboral", gran parte de la indignación no nació sólo de la política, sino del significado emocional de las palabras.
Porque para muchos ciudadanos, y especialmente para los compañeros de uniforme, aquello no fue un accidente. Un accidente es una caída en una obra. Un fallo eléctrico. Una desgracia fortuita.
Jamás creí que tendría que explicar cuál es la diferencia entre un "accidente laboral" y el fallecimiento de dos guardias civiles "en acto de servicio".
La muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante una persecución vinculada al narcotráfico marítimo en Huelva no encaja fácilmente en la idea clásica de "accidente laboral" entendido como un riesgo ordinario e inevitable del trabajo cotidiano. Jurídicamente, puede tramitarse como accidente en acto de servicio. Pero materialmente y socialmente tiene características mucho más graves y complejas.
Aquellos agentes salieron al mar sabiendo que delante tenían narcolanchas cada vez más potentes, más agresivas y más impunes.
Fernando Grande-Marlaska en Baeza (Jaén).
No murieron por azar. Murieron en una persecución contra organizaciones criminales capaces de convertir el Estrecho y parte de la costa andaluza en un escenario de guerra silenciosa.
Ahí está el choque. Hay varios elementos que permiten sostener que no estamos ante un accidente laboral "al uso", como es la existencia previa de una acción violenta y/o delictiva. Mientras un accidente laboral típico suele derivar de un fallo técnico, una negligencia, un error humano o un riesgo inherente no intencionado, en este caso los agentes se enfrentaban a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que actúan con medios agresivos y, en ocasiones, con voluntad consciente de embestir, huir o neutralizar a las fuerzas de seguridad.
Cuando una embarcación criminal impacta contra otra patrullera en una persecución, o trata de eludir el control de las autoridades para ocultar el delito con maniobras que ponen en peligro y riesgo efectivo real a terceros, el componente de violencia intencional transforma el hecho en algo más cercano a una agresión criminal mortal que a un simple accidente de trabajo.
Es decir: el riesgo no nace del mar. Nace de una acción humana dolosa o, cuando menos, temeraria.
El contexto hay que enmarcarlo en la lucha contra la criminalidad organizada. El narcotráfico marítimo en zonas del sur de España ha evolucionado hacia estructuras cada vez más organizadas: embarcaciones de alta potencia, redes logísticas, vigilancia de movimientos policiales, capacidad económica y, especialmente, creciente sensación de impunidad.
Los agentes del Servicio Marítimo no estaban realizando una tarea administrativa o rutinaria. Estaban actuando en un escenario de confrontación directa con el crimen organizado.
Eso sitúa el hecho más cerca de un acto de servicio de alto riesgo comparable a operaciones antiterroristas, intervenciones armadas o enfrentamientos con delincuencia violenta.
Uno de los debates más relevantes tras sucesos de este tipo es si los agentes contaban con embarcaciones adecuadas cuya potencia sea suficiente, con elementos de protección adecuados, con protocolos actualizados, apoyo operativo necesario y cobertura institucional proporcional al riesgo real.
Cuando existen dudas razonables sobre la adecuación de medios frente a narcolanchas muy superiores en velocidad y capacidad de maniobra, aparece una cuestión importante. No sería sólo "mala suerte", sino la consecuencia de una desproporción estructural entre amenaza y recursos.
Eso desplaza el análisis desde el accidente fortuito hacia la responsabilidad organizativa, la planificación operativa y la gestión del riesgo institucional.
Socialmente, muchas personas perciben estas muertes no como un accidente laboral equivalente al de cualquier profesión, sino como una muerte en defensa del Estado y del orden público. Lo que vio la sociedad fue a dos servidores públicos cayendo frente a delincuentes que habían perdido el miedo al Estado.
La diferencia es importante: un electricista puede sufrir una descarga accidental; un guardia civil puede morir porque una organización criminal decide asumir el riesgo de matar para escapar. La naturaleza del riesgo es distinta: uno es técnico, el otro es violento y criminal.
Si la investigación concluye que hubo, por ejemplo, amago de embestidas conscientes, maniobras evasivas con un desprecio absoluto por la vida o aceptación clara de un resultado mortal, entonces el hecho puede adquirir relevancia penal gravísima (homicidio doloso o eventual), lo que rompe todavía más la idea de accidente laboral ordinario.
Porque cuando existe conducta criminal dirigida o asumida conscientemente, el término "accidente" resulta insuficiente para describir lo ocurrido.
Formalmente, la Administración puede catalogarlo como fallecimiento en acto de servicio o accidente profesional. Pero desde un análisis material, operativo y moral, estamos ante algo distinto: una intervención contra criminalidad organizada con riesgo extremo, bajo posible desigualdad de medios y con una acción humana potencialmente deliberada o temeraria por parte de los narcotraficantes.
Por eso, para muchas personas esto es antes una "caída" en servicio frente a una amenaza criminal que un accidente laboral convencional.
Una embarcación de la Guardia Civil de Huelva.
Todo ello me lleva a pensar por qué, entonces, alguien lo califica como "accidente laboral", teniendo en cuenta que en el lenguaje común suena a algo fortuito, casual o derivado de un riesgo normal del trabajo. Sobre todo cuando la sociedad lo percibe como un hecho consecuencia de un acto de violencia criminal, ataque temerario en la lucha contra el narcotráfico organizado y abandono institucional o falta de medios.
Es posible que dicha calificación simplemente trate de evitar debates jurídicos y políticos más profundos sobre la correcta planificación, la adecuación de los medios marítimos en este caso, la estrategia contra el narcotráfico y la responsabilidad de mando y ministerios.
La pérdida del "principio de autoridad", sumado a penas poco relevantes especialmente en el tráfico de hachís, la demora en el enjuiciamiento de los hechos delictivos (debido al colapso del sistema judicial y un marco legislativo extremadamente inconcreto y garantista), la falsa sensación de que los delitos contra la salud pública sólo afectan a unos y no a toda la sociedad, entre otros, son el caldo de cultivo en que se abona la sensación de impunidad, que ha llevado en otros países democráticos avanzados a convertirse en narcoestados donde la corrupción y la violencia se han convertido en una metástasis infiltrada en todos los estratos de la sociedad.
El narcotráfico constituye un fenómeno complejo que afecta no sólo a la seguridad pública, sino también a la salud colectiva, la cohesión social y la economía legal. Mientras el tráfico de drogas no ocupe un lugar prioritario en la agenda política, y no se adopten medidas orientadas a debilitar las estructuras financieras que sustentan este negocio ilícito, su peligrosidad se irá incrementando de forma exponencial.
La sociedad no escucha tecnicismos. Escucha el peso de las palabras. En el fondo, el debate no es semántico. Es moral y político.
La pregunta real que deja este suceso es esta: ¿estamos ante un simple accidente laboral o ante el síntoma de que quienes combaten el narcotráfico están librando una batalla mucho más dura y peligrosa de lo que durante años se quiso admitir?
*** José Luis Raposo es secretario de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).