En 1986, la aprobación de la Ley General de Sanidad marcó un antes y un después en nuestro país. España consolidó un modelo sanitario público, universal y financiado vía impuestos que, durante décadas, ha sido motivo de orgullo colectivo.
Aquel modelo respondió con éxito a los retos de su tiempo: ampliar cobertura, buscar la equidad y construir una red asistencial sólida sobre la que se ha sustentado la salud de varias generaciones.
Cuarenta años después, el contexto es otro y el concepto de lo que entendemos por salud ha cambiado.
Con respecto al contexto en el que nos encontramos, el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la innovación tecnológica y, sobre todo, el crecimiento de la demanda asistencial han tensionado un sistema que ya no responde con la misma agilidad a las necesidades de los ciudadanos. Hoy, en España, millones de personas esperan una prueba diagnóstica o una consulta con un especialista simplemente para saber qué les ocurre.
No estoy hablando sólo de intervenciones quirúrgicas complejas. Estoy hablando de algo previo y mucho más básico: el acceso al diagnóstico.
Y esa espera no es neutra. Retrasa tratamientos, empeora pronósticos y genera un impacto profundo en la vida de las personas y sus familias. La incertidumbre, el deterioro de la calidad de vida o incluso las consecuencias sobre la salud mental forman parte de esa realidad silenciosa que no siempre aparece en los indicadores.
Un grupo de cirujanos durante una intervención.
Y eso por no hablar del efecto sobre las cifras de un absentismo que, en nuestro país, hace que todos los días se queden en su casa 1,5 millones de personas de baja. Muchos de los cuales lo están como consecuencia del retraso para que les puedan atender en el Sistema Nacional de Salud por esas listas de espera.
En este escenario de deterioro del servicio público, el papel del sector privado ha cambiado a la fuerza y no por nuestra voluntad. Durante años, la sanidad privada ha sido percibida como un complemento del sistema público. Un apoyo útil, en ocasiones necesario, pero no estructural. Un servicio para aquellos que querían una atención más personalizada frente a un sistema público que, por principio, no puede personalizar, sino dar una atención lo más equitativa posible a todos los pacientes.
Sin embargo, como podemos ver, las circunstancias actuales están modificando esa percepción sobre el papel de la sanidad privada. Y no por una decisión ideológica, sino por una necesidad práctica.
Cuando la demanda supera la capacidad de respuesta, el sistema en su conjunto necesita adaptarse. Y en esa adaptación, el sector privado está asumiendo un papel cada vez más relevante ante la falta de reformas en el sistema sanitario público. Una parálisis que hace que el peso de la asistencia se balancee cada vez más hacia el sector privado porque el Sistema Nacional de Salud, o las autoridades que lo gestionan, no hacen ningún cambio estructural para que sea más productivo y eficiente.
Y por eso aumentan sin parar los seguros privados: porque la gente utiliza el sector privado para garantizar que llega a tiempo al diagnóstico, aunque sea a costa de pólizas con prestaciones bajas.
Además, se podrá estar de acuerdo o no desde el punto de vista ideológico, pero los datos comparativos de productividad, tiempos de espera y calidad percibida por parte de los usuarios entre hospitales gestionados por empresas privadas en nuestro país y los hospitales públicos gestionados directamente por la Administración (según el régimen del estatuto marco) son indiscutibles.
Y los datos de resultados sanitarios, al menos en nuestro país, no son peores como algunos intentan dar a entender.
Esto lo dice y defiende alguien que nunca se ha presentado a un proceso de concesión administrativa de un servicio sanitario porque creo, simplemente, que es más adecuado que la sanidad pública se gestione adecuadamente a que se externalice su gestión. La demanda es ilimitadamente creciente y, en mi opinión, todo el resultado económico de una gestión pública eficiente debería revertir en la demanda de la población.
Llámenme ingenuo si quieren, pero así lo entiendo yo.
"La salud hoy ya no se limita a la consulta médica puntual. Incluye la salud mental, la atención sociosanitaria, la odontología, la prevención primaria, el diagnóstico precoz y la prevención secundaria"
Pero la diferencia de datos es incuestionable. Y no es culpa de las empresas concesionarias. Al contrario, hacen lo que tienen que hacer. Es demérito de unas administraciones públicas que, por mucho dinero que inviertan en sanidad pública (el gasto se ha incrementado en un 80% en la última década y se han contratado casi 50.000 profesionales más), siguen con datos absolutos de actividad similares a los de hace una década.
Afrontemos ahora el cambio que ha sufrido el concepto de salud a lo largo de estos cuarenta años, porque ha variado sustancialmente.
La salud hoy ya no se limita a la atención hospitalaria o a la consulta médica puntual. Incluye la salud mental, la atención sociosanitaria, la odontología, la prevención primaria y, de manera muy relevante y creciente, el diagnóstico precoz y la prevención secundaria.
En muchos de estos ámbitos la realidad es clara: la inversión directa de los ciudadanos y la inversión privada ya supera ampliamente la capacidad de respuesta de la Administración pública.
Ocurre en la atención a la dependencia y el ámbito sociosanitario, donde las familias asumen buena parte del esfuerzo.
Ocurre en la salud mental, donde la demanda crece muy por encima de la oferta pública disponible.
Ocurre en la odontología, que está en un 99% fuera del perímetro público.
Y ocurre en la prevención secundaria, donde cada vez más ciudadanos recurren a soluciones privadas para acceder a diagnósticos tempranos porque el Sistema Nacional de Salud apenas hace screening para tres tipos de cáncer: el de mama, colon y cérvix. Y no todo lo bien que se debería, como ya hemos podido comprobar.
Este fenómeno refuerza una idea clave. El sistema de salud en España ya no es exclusivamente público, ni puede analizarse únicamente desde la óptica de la asistencia sanitaria tradicional. No hay más que ver el último informe del observatorio del sector sanitario privado de la Fundación IDIS publicado estos días para darse cuenta del peso que este tiene en nuestro sistema de salud.
Quirófano de Cirugía Cardiaca Pediátrica del Hospital 12 de Octubre.
Este cambio no implica sustituir al sistema público, ni mucho menos cuestionar su papel central. El sistema público seguirá siendo (y debe seguir siendo) el eje vertebrador de la sanidad en España. El garante de la universalidad y la equidad.
Pero el papel del sector privado es cada vez más relevante como agente activo de la gestión de la salud de la población.
Lo que este cambio sí implica es reconocer un modelo en el que la colaboración entre lo público y lo privado no sea una excepción, sino una herramienta habitual al servicio del ciudadano. Porque el verdadero debate no debería centrarse en quién presta la asistencia, sino en si los ciudadanos reciben la atención que necesitan en tiempo y forma.
En este punto, el sector privado tiene también una responsabilidad. Si su papel va a ser mayor, su nivel de exigencia debe serlo también. No basta con crecer, hay que hacerlo mejor. Mejor en eficiencia, mejor en productividad y mejor en resultados en salud.
Por eso, el reto del sector privado en esta nueva etapa no es sólo consolidar su posición, sino elevar su impacto. Ante la falta de reformas del sistema público, debemos pasar a la acción y preguntarnos ¿cómo podemos ayudar a las necesidades de nuestra población de forma proactiva?
Cuarenta años después de la Ley General de Sanidad, el sistema se enfrenta a un nuevo punto de inflexión. Y si la Administración pública no hace los cambios que necesita el sistema, entonces el sector privado tiene que enfocar su propósito con otra misión, porque a nuestra gente no le va a quedar otra solución que acudir a él.
Cada vez tendrá más sentido que quien pueda libere recursos de un sistema público envuelto en una atmósfera de indolencia.
Ese es nuestro reto como sector y también, por supuesto, nuestra oportunidad.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.
