Es evidente la influencia que tiene la capacidad de vender al exterior en la competitividad de una economía como la española.
Sin embargo, tendemos a menospreciar la importancia que tiene la capacidad de nuestras empresas de competir también en nuestro entorno más cercano.
Eso ocurre en España desde que la apertura a nuevos mercados internacionales, primero con la entrada en la Unión Europea y, luego, con otros tratados de libre comercio como el de Mercosur, coincide con regulaciones internas que dificultan y encarecen la producción, y que suponen un freno para algunos sectores estratégicos.
En este caso, el agrícola.
Exigimos a nuestros agricultores que salgan a competir en un mercado abierto (seguro que lleno de oportunidades), pero les condenamos a hacerlo lastrados por la sobrerregulación propia del marco normativo europeo, burocrático y cada vez más alejado de la realidad.
El escenario es tramposo. Porque quienes se esfuerzan día a día parece que tienen que dar las gracias por ese nuevo mercado que les exige dar más de sí… mientras continúan atrapados en la tela de araña burocrática tejida desde Bruselas.
Un policía camina entre varios tractores mientras un grupo de agricultores participa en una movilización en Sevilla contra el acuerdo con Mercosur.
A nadie se le escapa que este proceso de liberalización del mercado, con acceso a millones de nuevos consumidores y reducción de aranceles, debería ser un paso positivo para cualquier productor.
Estoy seguro de que así lo verán sectores como el industrial, el tecnológico o el de servicios, que verán en esta apertura una manera de combatir la desaceleración del mercado interno europeo.
El problema no es por tanto el libre mercado (ni el comercio abierto).
El problema es el sometimiento del campo español a una sobrerregulación estricta e injusta que le impide competir. No sólo en los nuevos mercados, sino también en los que trabajaba desde hace años.
Sobrerregulación en muchos casos alejada de la realidad e impuesta de espaldas al sector.
Que nadie intente plantear una batalla inexistente entre agricultores y libre mercado.
Porque la batalla a la que todos tenemos que prestar atención, y en la que debemos tomar partido, es la que se ha planteado entre el campo español y los burócratas europeos.
Esos burócratas que, desconociendo la realidad, el valor y el peso de este sector, se dedican a legislar contra nuestros intereses, impidiendo que un tejido económico clave pueda desarrollar su trabajo en igualdad de condiciones en el mercado global.
El cabreo de nuestros agricultores no viene por la apertura de nuevos mercados, sino por la imposición en la Unión Europea de estándares ultraexigentes en materia de medio ambiente, bienestar animal o legislación laboral.
Estándares que no han de cumplir los productores y los productos importados, y que les restan capacidad de competir.
Agricultores durante la concentración 'No a Mercosur. En Defensa de la Soberanía Alimentaria. Por una PAC más fuerte'.
El enemigo, repito, no es el libre comercio, sino la cruel combinación de apertura externa y sobrerregulación interna, que reduce la capacidad competitiva de nuestros productores.
Y es en esta sobrerregulación donde debemos poner el foco para aliviar a este sector.
Convirtamos este momento de atención mediática sobre el campo español en un grito de exigencia a Europa para que reaccione y detenga la inercia hacia el gigantismo burocrático en este terreno, como en tantos otros muchos campos (política industrial, energía, inteligencia artificial).
Un gigantismo que es enemigo de la ciudadanía. Una ciudadanía cuyo desarrollo y prosperidad deberían ser la única motivación del proyecto europeo.
Exijamos una UE favorable al libre comercio y a la reducción del intervencionismo.
Exijamos unas instituciones al servicio de sus ciudadanos y, en este caso, de sus productores.
Unas instituciones que trabajen para generar oportunidades y no para cargar las mochilas de piedras a quienes tiran de un sector que, en los últimos años, y recordemos la pandemia, ha vuelto a demostrar ser esencial para nuestra sociedad.
El discurso aperturista no puede justificar que se pisotee a nuestros productores.
España debe además asumir una posición de liderazgo exigiendo a la Unión Europea una profunda reforma encaminada a facilitar la labor del campo y a evitar la confusión entre la protección del consumidor (obvia y necesaria) con el perjuicio constante al productor.
La solución no es sencilla, porque exige combinar y compensar dos realidades complejas.
Pero, precisamente por eso, el debate tiene que huir de las alcantarillas del enfrentamiento y ganar altura para convertirse en un debate respetable que dé lugar a soluciones justas, garantistas para productores y consumidores, y duraderas en el tiempo.
La revisión de las cargas normativas en la Unión Europea es una necesidad que debe abordarse de una forma ambiciosa para no dejar una sola exigencia más sobre los productores que aquellas que brinden las garantías necesarias a los consumidores.
Ni Mercosur ni mucho menos los agricultores españoles son el problema. Es mucho más fácil jugar a confrontar al campo con el aperturismo que trabajar para revisar una deriva sobrerreguladora que lleva años asentada en el corazón de la burocracia europea.
Exijamos a Europa que cambie de rumbo. Y que empiece por revisar el abuso regulatorio que recae sobre el sector primario para que este sector productivo clave en España pueda competir en igualdad de condiciones, dentro y fuera de nuestras fronteras.
*** José Manuel Villegas es socio director de RV+.