Si hablamos de listas de espera en nuestro Sistema Nacional de Salud no descubrimos nada nuevo.
A estas alturas, todo el mundo sabe que las listas de espera son consecuencia de la falta de productividad y fruto de una gestión ineficaz para compensar los cambios demográficos asociados al envejecimiento y la policronicidad.
Y eso a pesar de que los presupuestos sanitarios, en los últimos años, han crecido de forma vertiginosa (sin que ese aumento se haya visto correspondido con un incremento proporcional de la actividad).
Lo peor de todo: la presión sindical, el ruido social y la falta de consenso político impiden que se puedan introducir mejoras reales en el funcionamiento.
Si hablamos de la colaboración público-privada, cualquier intento de promoverla es rechazado por criterios ideológicos.
De hecho, el sector sanitario empieza a ser víctima de eso que llaman posverdad, y que por una parte niega los problemas y, por la otra, interpreta la colaboración público-privada como causa de inequidad, cuando precisamente esa colaboración ayuda a que los recursos lleguen a todo el mundo. Es decir, justo lo contrario.
Pero algo tendremos que hacer. ¿O vamos a permitir que la atención a los ciudadanos se siga deteriorando hasta el infinito, teniendo en cuenta que los que más lo sufren son los más vulnerables?
¿Dónde queda entonces nuestro cacareado Estado del bienestar o la justicia social?
Y cuando las demoras además afectan a la posibilidad de trabajar (no digamos ya si eres autónomo), al miedo y la incertidumbre se suma la desesperación por no poder llevar suficientes ingresos a casa.
El absentismo laboral en España es uno de esos problemas estructurales que apenas aparecen en el debate político o mediático porque hacerlo parece que vaya contra los derechos de los trabajadores.
Es un tema tabú.
Debería ser lo contrario. Al final, no trabajar por estar de baja de forma innecesaria erosiona la competitividad de nuestras empresas, consume miles de millones de euros en recursos públicos y debilita la sostenibilidad de ese Estado del bienestar al contribuir al colapso del sistema sanitario público, lo que nos acaba afectando a todos de forma individual.
Es como un círculo vicioso. A más absentismo por causa común, más tiempo de lista de espera, porque no tenemos los recursos adecuados (o no los aprovechamos como deberíamos), lo que genera a su vez que el absentismo vaya aumentando.
Manifestación en Vigo contra las presuntas privatizaciones en el sector sanitario.
Y los datos revelan claramente cómo hace aguas nuestro sistema sanitario al no ser capaz de sacar adelante en tiempos razonables a los pacientes que realmente lo necesitan.
Así lo refleja el hecho de que la duración media de una baja en España es de cuarenta y ocho días naturales, frente a los treinta y cinco días de la media europea. Esa diferencia de trece días extra por proceso, multiplicada por los 5,5 millones de procesos de incapacidad temporal (IT) que se registran cada año, se concreta en más de setenta millones de jornadas laborales perdidas innecesariamente.
Además, un 14% de las bajas dura más de un año y un 6% se prolonga más de dos años, lo que genera cronificación y desconexión laboral.
Los últimos datos del XI Informe Adecco sobre Absentismo Laboral (T4-2024) son demoledores: la tasa nacional de absentismo alcanzó el 7,4%. De él, un 5,8% se debe a incapacidades temporales (IT).
Traducido en términos más claros: en tres meses se perdieron tantas horas de trabajo como si 1.252.377 asalariados hubieran estado ausentes durante todo el trimestre.
El coste directo de este absentismo son 17.000 millones de euros anuales, que paga la Seguridad Social, y el coste laboral total (incluyendo productividad perdida, horas extra, sustituciones y sobrecarga de compañeros) es de 29.000 millones de euros anuales, según Adecco y AMAT.
Y no hablo del porcentaje de trabajadores atrapados en procesos de baja crónicos y que quieren, pero no pueden volver a trabajar.
Pero estas cifras se podrían corregir si, entre otras cosas, aprovecháramos mucho más las mutuas laborales.
Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social nacieron a comienzos del siglo XX como asociaciones patronales para mutualizar riesgos laborales. Con la Ley de Seguridad Social de 1966 quedaron integradas como entidades privadas de gestión pública y sin ánimo de lucro bajo supervisión del Estado.
"Desde 2015, las mutuas pueden asumir el seguimiento y tratamiento de determinados procesos de traumatología por contingencias comunes"
Durante años, esas mutuas gestionaron tanto la prevención como la asistencia.
Pero la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995) y su reglamento de 1997 marcaron un antes y un después. La prevención pasó a los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) y las mutuas se centraron en:
1. La asistencia sanitaria y la rehabilitación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. La gestión económica y control de la IT común (desde el 16º día de la baja), con capacidad para citar al trabajador, realizar pruebas diagnósticas y proponer altas médicas, aunque la potestad del alta sigue correspondiendo al sistema público.
Esas mutuas no son por tanto un actor externo: son una pieza integrada en la Seguridad Social desde hace décadas, con recursos, experiencia y estructura para ayudar a reducir el absentismo.
De hecho, en los últimos años se ha abierto un espacio especialmente interesante con la intención de mejorar esos datos de absentismo y contribuir a reducir las esperas en el servicio sanitario.
Así, desde el año 2015 (aunque han tenido que pasar casi diez años para que se pusiera en vigor la medida por la burocracia entre el Estado y las comunidades autónomas), las mutuas pueden asumir, siempre con consentimiento voluntario del trabajador, el seguimiento y tratamiento de determinados procesos de traumatología por contingencias comunes.
Es decir, un trabajador de baja por una lesión musculoesquelética (fractura menor, rotura de menisco, esguince grave, lumbalgia) puede optar por ser tratado en la mutua, lo que incluye diagnóstico por imagen, rehabilitación, fisioterapia e incluso cirugía menor, asumiendo el coste la propia mutua y correspondiendo el alta al Servicio Público de Salud.
El impacto es directo, porque los procesos musculoesqueléticos son los que más bajas largas generan en España. Acelerar su resolución implica menos días de baja, menos absentismo y menos carga sobre la sanidad pública.
Y esto, con datos de absentismo del 5,8%, puede implicar millones de ahorro en jornadas de baja.
Las mutuas están desaprovechadas y deberían tener mucho más protagonismo en la gestión del absentismo, incluyendo la gestión del alta. Siempre, eso sí, con el consentimiento voluntario del trabajador, con una gestión transparente, y con el control y la prevención en mente para evitar la presión por parte de las empresas.
Según estimaciones disponibles y, sobre todo, de acuerdo a la experiencia de otros países de nuestro entorno donde las mutuas tienen un papel mucho más activo, el darle un papel con más protagonismo podría suponer una mejora sustancial:
1. Duración media de las bajas: se reduciría entre un 15% y un 20%. España pasaría de 48 días a unos 38-40 días.
2. Jornadas laborales recuperadas: entre 44 y 55 millones de jornadas al año.
3. Los procesos cronificados podrían disminuir hasta un 25% las bajas de más de un año, evitando que 150.000-200.000 trabajadores queden atrapados en procesos largos.
4. Ahorro económico: entre 2.000 y 2.500 millones de euros anuales en un escenario conservador; hasta 5.000-6.000 millones de euros en uno optimista.
En cualquier caso, nuestro país necesita una vuelta de tuerca en la gestión del absentismo. Y la prueba es que a nivel político llevan meses sin ponerse de acuerdo, como no puede ser de otra forma, sobre la posibilidad de poner en marcha un plan para la incorporación parcial de ciertas bajas, con el objetivo de compensar esta lacra que supone el absentismo.
Pero yo creo que podríamos ir un poco más allá y probar un plan piloto con alguna comunidad autónoma en el que se le diera a las mutuas la posibilidad de gestionar de forma completa, con el consentimiento del trabajador, algún tipo de bajas de IT, con una evaluación pública, independiente y transparente.
Y ver qué pasa.
Creo que, dado que no podemos estar gestionando peor este problema, cualquier resultado será beneficioso.
No podemos resignarnos a esta situación. Las mutuas forman parte de la Seguridad Social, tienen experiencia clínica y capacidad asistencial, y podrían ser un aliado decisivo en la gestión de la IT común.
Darles más papel, con todas las garantías y con carácter voluntario, no es privatizar ni recortar derechos. Es gestionar mejor un recurso que ya existe para reducir el absentismo, recuperar antes a los trabajadores, aliviar la presión sobre la sanidad pública y ahorrar miles de millones a la economía.
En un país que necesita crecer y sostener su Estado del bienestar, reducir el absentismo no es una opción: es una urgencia.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.