El problema no es nuevo, pero no para de aumentar año tras año. Las bajas laborales y otras ausencias del puesto de trabajo han vuelto a crecer este 2025. Según indican los datos de Randstad, el absentismo provocó la pérdida del 7% de las horas laborales durante el primer trimestre del año.
La consultora concreta que esto equivale a que, a diario, 1,523 millones de personas no acudiesen a su puesto de trabajo, un 6,5% más que en el mismo periodo del año pasado.
Esto supone que, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), un 6,8% de los trabajadores no acude a su empleo a diario. Así, el absentismo toma nuevos máximos, si se excluyen las irrupciones de la Covid y sus variantes hace unos años.
Cabe recordar que el absentismo supone la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera, excluyendo de dicho concepto las vacaciones y huelgas. En términos operativos, esto se traduce en el conjunto de horas no trabajadas por bajas médicas, permisos retribuidos o no retribuidos.
Con todo, la amplia mayoría del absentismo en España está ocasionado por bajas médicas, también conocidas como bajas por incapacidad temporal o por IT. En promedio diario, provocaron que 1,19 millones de personas se tuvieran que ausentar de su puesto de trabajo, un 8,2% más que hace un año.
El problema del absentismo es transversal, aunque es cierto que tiene más impacto en unas comunidades autónomas que en otras. Canarias, País Vasco y Cantabria lideran el ranking de ausencias laborales, con un 7,6%, un 7,2% y un 6,7% de sus horas laborales perdidas, respectivamente.
Por sectores, encabezan la clasificación los de actividades postales y de correos y actividades de juegos de azar y apuestas, con una tasa de absentismo del 11,9%. Les siguen los servicios a edificios y jardinería, con una tasa del 11,3%.
Hay una importante preocupación ante la evolución de este fenómeno. Particularmente en el caso de las bajas médicas, puesto que se han duplicado en varios sectores, según Randstad.
Esto provoca un considerable impacto económico. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) ya ha avisado de que el coste directo del absentismo laboral derivado de contingencias comunes para empresas se elevará un 10% este 2025, superando los 32.000 millones de euros.
Sin embargo, si se suman los costes indirectos, la cifra sube considerablemente. Si se tienen en cuenta el coste para la Seguridad Social y la pérdida de productividad de las empresas, el absentismo provoca que la economía española pierda, al año, más de 100.000 millones de euros, según estimaciones de la consultora Grant Thornton.
España es uno de los países líderes en esta cuestión en Europa. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nuestro país es el que más población tiene de baja médica al año, sólo por detrás de Francia y Portugal.
Todo ello causado principalmente por las bajas médicas. En un artículo publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Octavio Granado, que fue secretario de Estado de Seguridad Social en los primeros años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, alertaba del abuso de las bajas laborales por incapacidad temporal.
Sobre todo porque entre 2019 y 2023 el gasto de la Seguridad Social para prestaciones que cubran este tipo de bajas se disparó un 91,6%. Y sigue subiendo, aunque la Covid ya no cause los estragos de hace unos años. De ahí que Granado hable de "abuso" de las bajas laborales.
Sin llegar a este punto, lo cierto es que patronal y sindicatos están de acuerdo en que hay que poner solución a este problema, al menos en su vertiente sanitaria. Es decir: facilitar el acceso de los trabajadores a la atención sanitaria que sea necesaria para facilitar su recuperación.
Ante las ascendentes listas de espera que sufre la sanidad pública, el Gobierno acordó con los agentes sociales dar un papel más relevante a las mutuas en la recuperación de los trabajadores con baja médica.
Así, no podrán dar altas médicas, pero sí apoyar en las terapias y acelerar los procesos.
Para ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está acordando los correspondientes convenios con las comunidades autónomas y que las mutuas puedan intervenir. Por ahora, dichos pactos se han ejecutado con las regiones de Baleares y Cataluña.
No se trata de una concesión más del Ejecutivo, que se juega muchos millones aquí. De hecho, el Gobierno espera ahorrar casi 800 millones de euros, según comunicó a la Comisión Europea el año pasado.