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LA TRIBUNA

La batalla cultural no está en el Valle de los Caídos

El autor pide una defensa de los pilares de la democracia liberal, que ve en peligro con el actual Gobierno, y dejar a un lado otros debates que distraen de ese objetivo. 

22 septiembre, 2020 02:33

No es casual que el Gobierno saque la mal llamada “Ley de memoria democrática” justo antes de la moción de censura de Vox. El propósito es calentar al personal a través de aquellos que saben que van a reaccionar anunciado que ahora sí, por fin, ya llegó el fin de los tiempos.

De esta manera, el sanchismo mostrará con gran facilidad el "abismo" entre la "ultraderecha" y los "progresistas". El tema elegido para ejemplificar esa diferencia es el favorito de esa derecha: la Guerra Civil y el franquismo. Picarán, y harán el juego al sanchismo, que cobrará una vez más otra presa.

La izquierda ha conseguido que esa derecha crea que la batalla cultural es contrarrestar el relato sobre la guerra del 36 y la dictadura, incluso sobre la Transición. No es cierto. La auténtica batalla cultural está en defender los pilares y el espíritu de la democracia liberal. Porque mientras se debate sobre el número de muertos, fosas, el destino del Valle de los Caídos y demás, la izquierda coloniza el Estado. La deriva autoritaria la señaló el Gobierno Zapatero, y estamos viendo una vuelta de tuerca desde junio de 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa con una moción de censura.

¿De qué sirve discutir el relato histórico si el poder judicial queda en manos del Gobierno, ni siquiera del Congreso? ¿Si el poder legislativo es la correa de transmisión del Ejecutivo? ¿Si la educación, hasta la universitaria, está tomada desde hace décadas por los “progresistas”? ¿Si la libertad de información y de expresión retroceden a pasos agigantados? ¿Si se deslegitima la oposición porque no apoya a ciegas al Gobierno? ¿Si se quiere ilegalizar al adversario? ¿Si se ha trasladado el eje del consenso desde los partidos de la Transición a los de la ruptura?

No hay un solo teórico de la política que diga que todo esto es secundario frente a la hegemonía del relato histórico. Esto, claro, a no ser que seamos gramscianos. Porque poco importó la imposición de una narrativa heroica a beneficio gubernamental en ninguna dictadura, que han ido fracasando en la historia por un motivo: la negación de los equilibrios institucionales y el pluralismo con la excusa de buscar el bien del “pueblo”. ¿O es que el polaco Czeslaw Milosz, en su El pensamiento cautivo, de 1953, no contaba la rendición voluntaria de los intelectuales de su país a la religión comunista? ¿Y Raymond Aron no dijo lo mismo en El opio de los intelectuales, de 1955? La diferencia entre Polonia y Francia es evidente: en uno cayó la dictadura y en otro sobrevive la democracia. No se puede ir contra la naturaleza humana.

Estamos en un momento en el que hay que concentrar las fuerzas en proteger la independencia de las instituciones

Las leyes se pueden cambiar. De hecho, pudo hacerlo Mariano Rajoy y cargarse la Ley de memoria histórica de 2007. No lo hizo, tuvo miedo y se limitó a retirar sus fondos. Pero el asalto a las instituciones, al Palacio de Invierno, es clave para instalar la dictadura. El sanchismo está en su particular “octubre rojo”, y el resto, las escaramuzas por el relato, son maniobras de distracción. Es de primero de comunicación política.

La verdadera batalla cultural, si es que alguien quiere darla, se da contra el totalitarismo, ese espíritu que anima a este Gobierno. Y lo primero son las instituciones, esas que nos aseguran la libertad. La defensa de los pilares básicos es fundamental. Es intolerable, por ejemplo, que Pedro Sánchez y Carmen Calvo digan que han venido a “homologar” la democracia española. Estamos en un momento en el que hay que concentrar las fuerzas en proteger la independencia de las instituciones, el equilibrio de poderes, y los derechos fundamentales. Es decir; estamos en la batalla por la esencia de lo político, por las bases de la convivencia.

La democracia liberal no está para cumplir ningún objetivo político común, sino para garantizar que ningún poder va a actuar de forma arbitraria contra un individuo. Si se permite que el Gobierno colonice la Administración, los instrumentos del Estado, se habrá permitido el sueño de todo totalitario: que la gente piense que Gobierno, Estado y sociedad son lo mismo, y que no pueda legalmente existir la disidencia, la crítica, la alternativa; en suma, la libertad.

Colonizando la estructura estatal pueden sacar adelante cualquier ley, la de “memoria democrática”, una habilitante que concentre los poderes, o cualquier otra. De hecho, la ministra Irene Montero soltó en el Congreso que su ministerio serviría para que fuera ilegal toda opinión contraria a la doctrina que formule su gabinete.

La deriva autoritaria comenzó en junio de 2018, como apunté al inicio. La oposición no puede centrarse solo en criticar que la ley de Carmen Calvo sirva para hacernos menos libres, para eliminar la libertad de cátedra, de expresión, asociación o reunión. Esto es un plan de mayor envergadura que esta norma sobre la “memoria”: poner las bases de un sistema nuevo para la hegemonía política del PSOE. Alguno despierta del sueño ahora, y se rasga las vestiduras. Harán caja, seguro, pero el sanchismo también porque habrá conseguido desviar la atención hacia el dedo, no a la Luna.

*** Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. 

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