Había dos grandes riesgos asociados a la gestión de una crisis por un Gobierno inestable y con un sentimiento irreflexivamente antiliberal: por un lado, la incapacidad de dar respuesta unificada y eficaz a una calamidad pública sin precedentes y, en segundo lugar, y derivada derechamente de su propia incompetencia, aprovechar la crisis como una oportunidad para alterar el modelo económico y social, yugulando la razón e imponiendo la voluntad populista. Lo que inicialmente era una amenaza velada se ha ido transformando progresivamente en una verdad luminosa. Ante los efectos devastadores de la pandemia, un Gobierno superado por la adversidad y rehén de su inconsistencia, inicia una huida hacia delante basada en la estigmatización del pasado y en la búsqueda de la derecha como enemigo histórico.
Pero, en su simpleza analítica, que no es sino su ataque a la desesperada, convierten la libertad en un mal superior, frente a un concepto taumatúrgico de lo público, tributario de las lecturas más pobres de los viejos marxistas. El neosocialismo español, jaleado por el comunismo de tertulia, es una asociación de intereses individuales que solo pretende detentar el poder, por mucho que inhumen el perenne equilibrio entre lo público y lo privado.
Fueron capaces en una situación de normalidad de cuestionar la estructura misma del Estado por conveniencia nacionalista, cómo no van a ser capaces de abrazar el redentorismo marxista en una etapa en que se les abre el suelo a sus pies. La última fase de este proceso de desmembración de la lógica del mercado abierto es la prohibición de que haya despidos. No es el momento de prohibir, por mucho que las voces insubstanciales del corifeo cesaropopulista ensayen recetas caribeñas. Es el momento de crear estímulos para la conservación del empleo, que actualmente son insuficientes.
Cabía una esperanza de que, al menos, la gestión pública de la crisis material se llevara a cabo con criterios profesionales y de eficacia. Lamentablemente, se han ido sucediendo los errores a un ritmo constante, que ni siquiera el escudo de técnicos puede ocultar. El primer error de diagnóstico fue abordar la crisis como si fuera una urgencia reforzada, y no reconocer que era una emergencia que iba a desembocar en una calamidad. A pesar de los vanos intentos de forzar un argumento falaz por parte de Sánchez acerca de la imposibilidad de previsión del alcance de la fatalidad, el éxito del buen Gobierno ha de ser el arte y la técnica de la anticipación. No es, como arteramente dice Sánchez, un "sesgo de retrospección" sino que debía haber sido un "sesgo de anticipación".
Cómo no van a ser capaces de abrazar el redentorismo marxista en una etapa que les abre el suelo a sus pies
La cronología de los Reales Decretos Leyes económicos revelará la historia de un gran error publicado en el Boletín Oficial del Estado. Porque de la inanidad más rotunda de una primera norma que únicamente confería la posibilidad de una contratación centralizada en el Ministerio de Sanidad al alcance más amplio del tercer Real Decreto Ley está la crónica de una equivocación anunciada. Huelga decir que la contratación centralizada se puede convertir en una forma eficiente y óptima de gestión, siempre que sea subsidiaria y siempre que disponga de los recursos suficientes para poder llevar a cabo la tramitación correcta del procedimiento administrativo.
Pues bien, ni los procesos de gestión internos ni la dotación de recursos humanos estaban preparados para llevar a cabo esta operación. Puedo entender, y entiendo, que el Ministro de Sanidad no tenga conocimiento de contratación pública, pero al menos, quien determinaba la asignación de responsabilidades, tenía que haber comprobado si los servicios de contratación estaban adecuadamente dimensionados para una situación de un alcance extraordinario. Era y es la gestión pública.
Cuando se alcanza la aprobación del segundo Real Decreto Ley, el Gobierno vuelve a cometer otro error colosal al procurar resolver el problema, convertido ya en desastre nacional, mediante las fórmulas tradicionales que fueron utilizadas para contrarrestar la crisis de "Thomas Cook". Ya era una emergencia nacional y seguían, con torpeza, abordando el problema como si fuera una urgencia concentrada.
Por fin, el tercer Real Decreto Ley. Y es aquí donde, considerada la magnitud del problema, cualquier decisión debía haber sido testada bajo la premisa de que toda medida económica debía cumplir tres requisitos: inmediatez, ejecutabilidad y eficacia.
Por inmediatez se debe entender que las medidas han de tener un impacto directo en las economías familiares, que no admite demora. La inmediatez se obtiene, en política fiscal, mediante el aplazamiento o suspensión automática de cargas tributarias o mediante la prolongación de los plazos de presentación de las autoliquidaciones. La ejecutabilidad se procura mediante la simplificación de trámites y mediante la disposición suficiente y adecuada de empleados públicos que puedan llevar a cabo las medidas aprobadas, cuestión harto difícil en un contexto de precolapso administrativo y para un sector público que no estaba preparado para esta contingencia. Y, por último, la eficacia, de modo que las medidas, consideradas todas las circunstancias, devengan útiles a corto plazo, porque no cabe medir eficiencias ahora mismo a medio y largo plazo.
Pues bien, la mayor parte de las medidas adolecen de los requisitos de inmediatez, ejecutabilidad y eficacia. Y no es ideología, ni lírica presidencialista, sino sentido común. En estados de emergencia sobrevenidos en estados de necesidad, la respuesta tienen que ser diligente. El caso más grave viene dado por la propia línea de avales y garantías ICO, que, en un ejercicio de desinformación y propaganda, ha pasado de ser la mayor movilización de recursos financieros de la historia democrática de 200.000 millones de euros, a una pírrica movilización de 20.000 millones de euros, pendientes todavía de instrumentación definitiva y con debilidades en cuanto a su formalización nada desdeñables.
Cuando algunos ministros declaran que gobiernan para los más débiles, aciertan. Porque el Gobierno gobierna para sí mismo
Hoy son muchos los grupos que sienten una desprotección casi absoluta, a pesar de que el PSOE siempre se había caracterizado por la colectivización de la sociedad con fines electoralistas. En estas tristes horas, hay autónomos que en una situación límite están pagado sus cuotas de marzo, desoyendo así las recomendaciones que hemos formulado desde el Partido Popular, como desatendidas han quedado nuestras peticiones de que se suspendan los plazos de ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social para pymes y autónomos mientras dure el estado de alarma.
Del mismo modo, los españoles, a pesar de su confinamiento, siguen convertidos en contribuyentes, sin que opere un aplazamiento automático de la liquidaciones periódicas. Únicamente desde el desconocimiento, o desde el desprecio en el peor de los casos, se puede pretender mantener el calendario fiscal a contribuyentes cuya principal preocupación es la salud de los suyos, el aislamiento y la imposibilidad material de hacerse cargo de todos sus deberes formales con la Administración.
Cuando algunos ministros solemnemente declaran que gobiernan para los más débiles, aciertan. Porque el Gobierno gobierna para sí mismo. Para sembrar su debilidad, para enmascararla de odio y para denostar lo único que nos hace fuertes, que es la libertad. Nos tendrán enfrente, cada minuto, en cada escaño, en cada Ayuntamiento, en cada Comunidad Autónoma. Y en las calles y en las plazas, allí donde la libertad se disfruta y se ejerce como una condición natural y absoluta. No lo duden.
*** Mario Garcés es diputado por Huesca y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular.