Pedro Sánchez celebra los resultados electorales en la sede socialista en la calle Ferraz, en Madrid.

Pedro Sánchez celebra los resultados electorales en la sede socialista en la calle Ferraz, en Madrid. Efe

LA TRIBUNA

¿Una reforma constitucional antes de la investidura?

El autor asegura que los españoles merecen que se intenten construir acuerdos que hoy no existen, pero los partidos –por respeto a sus electores- tienen derecho a exigir garantías efectivas.

Y vuelve a suceder que toda España se pone a imaginar y desear sumas de gobierno pero ninguna emerge como obvia en la noche electoral. Y así debe ser porque lo irresponsable ante una investidura sería que alguien ofreciera o pidiera a otro una abstención a ciegas, o un sí a ciegas, o un no a ciegas, cuando se trate de acuerdos que no se habían planteado como escenarios a sus electores.

En efecto, los partidos se han situado en las primeras declaraciones de la noche electoral en la continuidad de sus ofertas de campaña. Ante la victoria de Sánchez, la ultraderecha de Vox, la derecha del Partido Popular y el centro con Ciudadanos se han situado en la oposición; Abascal más bien opta por la “resistencia”, populismo en estado puro donde reduce a su grupo a vociferar y a huir de cualquier pacto con el que servir de manera eficaz a sus votantes, tan respetables como todos.

Por su lado, Podemos y los diversos nacionalistas han hecho ver que el resultado les da esperanzas. Iglesias considera que queda demostrado que España es plurinacional, Rufián imagina un Tribunal Supremo sometido a los partidos de la derecha porque dice “han ganado a los carceleros”, su socio electoral Otegi opone a partidos constitucionalistas un “no habéis podido terminar con nosotros” cuando no ha condenado aún que los suyos terminaran de verdad (matándolos) con los otros durante años, el PNV se regocija de que la “derecha reaccionaria” no obtiene representantes en el País Vasco olvidando que ellos son derecha y cínica que hasta piden que suban las pensiones solo porque con su sistema trucado de cupo no contribuirán al sobrecoste, y los validos de Puigdemont se olvidan también de su raigambre conservadora porque están encantados de que la izquierda parlamentaria de este país se dedique a ser más comprensiva con los independentistas que con los constitucionalistas.

Por su parte, el PSOE expresa su satisfacción porque es quien más opciones tiene de liderar un nuevo gobierno (aunque no puede considerarse el único dado que no cuenta con mayoría absoluta) pero no aclara con quién. Sánchez se mueve en la ambigüedad de no desmentir la coalición con Podemos anunciada ya por Iglesias (que los militantes ante Ferraz coreaban mimetizando el “sí se puede”) y a la vez (ante el “con Rivera, no” gritado por los mismos) anuncia descartar cualquier cordón sanitario salvo con quienes no respetan la Constitución.

Conviene recordar la asimetría en nuestra Constitución entre la investidura y la moción de censura. Mientras que para la primera basta una mayoría simple en segunda votación (que los síes superen a los noes), una censura no sólo ha de ser constructiva (presentar un candidato alternativo) sino que requiere mayoría absoluta (es decir, 176 síes, con lo que una abstención tiene el mismo efecto que un no). Por eso, este mecanismo no había tenido éxito hasta la anterior legislatura, cuando Sánchez pretextó la emergencia de apartar a Rajoy para desdecirse de su promesa de no acceder al gobierno con el apoyo de los independentistas.

La ruptura de tan decisivo compromiso, unido al de luego no convocar inmediatamente elecciones –competencia exclusiva del presidente- y a su propia acción de gobierno en estos diez meses son lo que conduce a Ciudadanos a no poder fiarse de Sánchez, ya que si favorecieran su investidura con un sí o con una abstención, incluso aunque se integraran un gobierno de coalición, no contarían con ninguna garantía de que ese pacto se va a cumplir, dado que el jefe del ejecutivo puede en cualquier momento remodelar su gabinete –otra prerrogativa exclusiva- mientras que Ciudadanos perdería todo control al no poder movilizar una mayoría absoluta para que prosperara una moción de censura, pues requeriría juntar a la derecha con Podemos o los nacionalistas.

Respeto absolutamente el resultado de las elecciones porque la democracia sirve para regular ordenadamente la representación política. Pero no sirve para dirimir quién “tiene razón” y mi intuición sigue siendo hoy que Sánchez es un gobernante irresponsable y peligroso porque no busca pero tampoco prioriza evitar que se arriesgue la unidad de nuestro país (que es la principal garantía de igualdad entre los españoles y la fuente de todos nuestros derechos). Así que preferiría una y mil repeticiones de elecciones antes que ese pacto con quienes nos conducirían por ese camino. Y tampoco quiero que Ciudadanos sea quien absurdamente renuncie a su credibilidad como el más activo defensor de esta cuestión fundamental para regalar un mandato a Sánchez donde como hemos visto luego podría hacer lo que quisiera.

¿Significa eso que no hay más solución para evitar unos nuevos comicios que esperar a si Sánchez posterga de nuevo su supuesto rechazo a quienes no defienden la Constitución (de manera aún más cruda porque esta vez no se trata de echar a Rajoy) y pacta con ERC, o si por el contrario son los republicanos y Podemos quienes renuncian a la autodeterminación? No necesariamente: los españoles merecen que se intenten construir acuerdos que hoy no existen, pero los partidos –por respeto a sus electores- tienen derecho a exigir garantías efectivas. Es responsabilidad de todas las formaciones en proporción a los escaños que tienen.

¿Qué se podría hacer entonces? Partamos de que es Sánchez el que aspira a ser reelegido presidente y tendría pues que convencer a Ciudadanos de que en ningún caso volvería a echarse atrás de sus promesas de no comprometer el respeto a la Constitución en toda España. Ante su historial, su palabra aunque fuera con la publicidad y solemnidad de una votación de investidura no me parecen suficientes. Y soluciones como “dejar firmada” una carta de dimisión no serían dignas de nuestra democracia, aparte de su probable ineficacia jurídica.

Pero sí podría, sin embargo, amarrarse a sí mismo –y amarrarse todos- si los compromisos que hubieran de adoptarse se recogieran en una reforma constitucional, que requeriría una mayoría de 210 diputados para el título clave que es el territorial y hasta 234 para asuntos menos polémicos pero que no convendría postergar como es la igualdad entre mujeres y hombres para la sucesión a la Corona. Harían falta además mayorías equivalentes en el Senado y sin duda un referéndum (obligatorio para la categoría agravada pero que ocurriría en cualquier caso porque no hay duda de que habría un 10% de diputados que lo exigieran).

¿Por qué 210 diputados “amarran”? Porque no habría otros 210 con los que deshacerlo, ya que PP, Ciudadanos y Vox sumarían más del 140 de bloqueo y se opondrían a que se retirasen garantías en lo territorial. ¿Pero cómo se llega a esos 210 o 234? Solo hay una combinación con tres partidos: PSOE, PP y Ciudadanos, que son precisamente los que se reclaman plenamente en el espacio constitucionalista, donde no se sitúa plenamente Podemos (ojalá pero su reiterada reivindicación de la autodeterminación lo desmiente) ni desde luego ni los nacionalistas ni tampoco Vox (que alardea de la Carta Magna pero amenaza varios derechos fundamentales).

Así pues, para el PSOE intentar convencer a Ciudadanos de que opta irremisiblemente por extender y garantizar lo principal de los exitosos consensos de la Transición, considero sería necesaria una reforma de la Constitución, que necesitaría también del concurso del Partido Popular. ¿Supone esto una gran coalición entre los tres partidos? No necesariamente, sería de hecho arriesgado dejar la oposición a los extremos. Podría ser un gobierno de dos o incluso sólo de uno, pero los tres habrían de ponerse de acuerdo en la reforma de la Constitución y quizá de otras leyes importantes (como la electoral) que tuviesen que adaptarse precisamente por cambiar la norma fundamental. Pero, ¿cómo evitar que ese pacto no quedase en papel mojado tras la investidura?

Surge aquí una opción nunca antes explorada en democracia, pero que bien podría merecer estrenarse en la difícil circunstancia actual. Las Cortes Generales están plenamente operativas desde el día de su constitución, que será el 21 de mayo, de manera que podrían tramitar reformas legislativas o incluso las constitucionales que se presentasen sin esperar la investidura. Este procedimiento se llegaría a concluir (la aprobación por ambas cámaras al menos, podría faltar el referéndum pero ya habría de celebrarse en cualquier caso) antes de que concluyese el plazo (dos meses desde la primera votación de investidura) antes de provocarse la repetición de elecciones.

El uso de este mecanismo novedoso requiere de mucha voluntad política, pero es perfectamente factible. Debería concretarse suficientemente antes de la elección de la Mesa del Congreso de los Diputados ya que este órgano, y en particular su presidente, deberían concurrir a que logren cumplirse en plazos los trámites necesarios. La del Senado estará en cualquier caso marcada por la mayoría absoluta del PSOE en esa cámara.

Podremos ver en los próximos días si esta opción es propuesta por Sánchez, otros grupos pueden sugerirla pero es él quien está en condiciones de aspirar a una investidura y debe entender que si realmente prefiere una sumar con quienes más ha defraudado debe ofrecer garantías políticas y jurídicas efectivas, porque esto no se trata solo de confianza personal. En su discurso desde el balcón de Ferraz dijo que “ha ganado el futuro y ha perdido el pasado”, una fórmula mesiánica que olvida que la sociedad española está por encima de sus políticos y avanza necesariamente hacia el futuro, empujada o no por ellos. Pero sí tiene una oportunidad de traer al presente el modelo de nuestro mejor pasado político.

Serían cuatro meses de una segunda Transición, creo que muy beneficiosos para el constitucionalismo aunque en ese sincero de ejercicio de diálogo no se acabara finalmente forjando un acuerdo y se repitiesen las elecciones. Pero aún más si se lograra, pues asentaría no cuatro meses sino cuatro años en que podrían abordarse pactos de Estado clave como en educación, financiación territorial, la fiscalidad o la respuesta al nacionalismo. 

Lo deseo con todas mis fuerzas pero a la vez me temo que no será así porque Sánchez preferirá alcanzar la investidura con Podemos y el independentismo. Ojalá me equivoque pero, si así ocurre, conviene recordar que Rivera ha afirmado en esta noche electoral que Ciudadanos es el partido que más se parece a España. Es algo que rebatirán quienes dirán que si acaso se parece al partido que más votos recibe, pero mi impresión es que sí es una imagen que prefigura una visión de cómo querría ser nuestro país. Por primera vez en la historia de nuestra democracia un partido liberal, genuinamente situado en el centro, supera el 15% de los votos, llega a 57 escaños y se convierte en tercera fuerza a menos de un 1% del viejo eje izquierda-derecha. Y estoy convencido de que esta la tendencia que va a cambiar España a mejor. Si evitamos que otros la rompan antes.

*** Víctor Gómez Frías es militante de Ciudadanos y consejero de EL ESPAÑOL.

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