A seis semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha decidido convertir cada Consejo de Ministros en un acto de distribución de favores pagado con el dinero de todos los españoles. Es decir, en un sistema de compra de votos.
Lo que en Moncloa se denomina internamente "martes sociales" no es otra cosa que la puesta en marcha calculada de subidas, prestaciones y partidas cuyo principal objetivo es llegar a tiempo de las urnas.
El mensaje es que el dinero de todos los españoles sirve para que el PSOE sume unos cuantos votos de sus colectivos afines. Quizá incluso para sacar a una parte de los abstencionistas de izquierdas de su letargo.
El caso más elocuente es el de los empleados públicos. El acuerdo marco firmado en noviembre de 2025 con CCOO, UGT y CSIF ya contemplaba una subida fija del 4,5% para 2027, la más elevada de la senda plurianual que suma alrededor del 11% hasta 2028.
La medida afecta a más de tres millones y medio de personas.
Este martes, el Ministerio de Función Pública ha reiterado el compromiso y ha hablado de un real decreto-ley, aunque sin fecha concreta.
Los sindicatos exigen que se apruebe antes del último Consejo previo a las elecciones para que no quede en manos del próximo Ejecutivo. El coste conjunto del 4,5% y del 0,5% variable pendiente de 2026 se ha estimado en torno a los 10.000 millones de euros.
La misma lógica preside el paquete aprobado este martes 20 de octubre. Mejoras en el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho, ampliación de la incapacidad temporal para patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, extensión de prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves y cuarenta y cinco millones de euros para residencias universitarias.
Cada una de estas medidas, tomada aisladamente, puede defenderse desde una concepción socialista de la economía.
El problema es el calendario y el instrumento: decretos-ley que deberán convalidarse en la Diputación Permanente, anunciados como parte de una secuencia que, según el propio Ejecutivo, continuará hasta el 29-N e incluirá la subida del salario mínimo.
Gobernar en funciones de precampaña no es lo mismo que gobernar. Es usar la maquinaria del Estado para fijar el marco del debate electoral.
Las subvenciones a unos sindicatos que han organizado una huelga general contra la oposición (en palabras de María Jesús Montero) forman parte del mismo paisaje, aunque no sean un anuncio de última hora.
La partida estatal por representatividad ha pasado de unos 8,8 millones anuales en la etapa de Rajoy a 32 millones en 2025 y 2026.
UGT y CCOO concentran la parte abrumadoramente mayoritaria de esas transferencias. Así que no es casualidad que estas organizaciones mantengan una relación de proximidad con el Gobierno mientras convocan una huelga general a las puertas de la campaña.
El contraste con lo que están haciendo algunos gobiernos autonómicos de centroderecha resulta revelador: en Extremadura, Castilla y León o Aragón se están reduciendo las partidas destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales.
Allí se aplica la tijera. Aquí se multiplica el gasto.
En el ámbito cultural el contraste es igualmente ilustrativo. Mientras el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales mantiene las convocatorias ordinarias de ayudas por decenas de millones, en Castilla y León la consejería dirigida por Vox ha introducido una cláusula de neutralidad: los fondos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas.
El ministro de Cultura ha calificado la medida de "censura".
Pero cabe preguntarse por qué el dinero público debe financiar propaganda política sin filtro alguno y por qué la exigencia de neutralidad institucional se considera un ataque cuando se aplica desde un Gobierno autonómico y no desde el central.
El fondo de la cuestión no es si algunas de estas medidas pueden tener justificación social. Es el uso del presupuesto como herramienta de movilización electoral, el coste de oportunidad que implica y la normalización de un estilo de gobierno que prioriza la distribución inmediata sobre la sostenibilidad.
España no ha resuelto su problema de déficit estructural ni su nivel de deuda. Cada euro que se adelanta o se amplía en las semanas previas a las urnas es un euro que no se destina a reducir el gasto improductivo, a bajar impuestos o a reforzar servicios básicos sin crear nuevos derechos de difícil reversión.
Las elecciones del 29 de noviembre decidirán también si este modo de hacer política se consolida o se abandona. El dinero de todos no es el presupuesto de campaña de nadie. Gobernar consiste en generar primero y gastar después, no en adelantar derechos y subidas para que el calendario electoral las convierta en argumentos de última hora.
La responsabilidad fiscal no es un obstáculo para la justicia social. Es su condición.