Pedro Sánchez no ha firmado todavía el indulto del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, pero no lo ha descartado. Algunos periodistas cercanos a la Moncloa lo dan por hecho.
Félix Bolaños ha confirmado que el expediente está sobre la mesa del Ministerio de Justicia y que el Gobierno verá si procede decidirlo en estos días o dejarlo para más adelante.
La mera posibilidad de que se indulte a García Ortiz, enunciada en campaña y con la legislatura ya disuelta, dice más del presidente que el propio indulto.
García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2025, como autor de un delito de revelación de secretos, a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros y 10.000 de indemnización.
El perjudicado era Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En junio de este año, la misma Sala informó en contra del indulto. No apreció razones de justicia, equidad ni utilidad pública.
También recordó la gravedad de unos hechos que afectaron a la institucionalidad del Ministerio Fiscal, y constató que no había en el condenado un acto posterior de reconocimiento de la norma ni de acatamiento del orden jurídico.
Ese informe no ata, sin embargo, al Gobierno.
Es cierto que el indulto no absuelve, pero perdona la pena. Cuando el Gobierno lo presenta como la reparación de una injusticia, miente sobre su naturaleza.
Porque no se revisa el fallo: se le quita el efecto que estorba, la inhabilitación, y se deja el resto como un papel que a nadie importa.
Jurídicamente, el expediente no admite el perdón. La condena todavía no tiene un año. No hay arrepentimiento, que la ley no exige como requisito formal, pero que el tribunal sentenciador echó en falta y que la equidad y un elemental sentido común sí reclama cuando se pide perdón.
García Ortiz no ha aceptado el castigo. En mayo le dijo a Jordi Évole que siempre creyó que sería absuelto porque no había carga probatoria, y preguntó quién había ganado con "una sentencia controvertida": "Yo creo que hemos perdido todos, también el Supremo".
Tratar al tribunal que te condena como perjudicado por una presunta derrota colectiva no es acatamiento. Se acerca más bien a la fanfarronería y la provocación. Es la prueba, además, de que Álvaro García Ortiz sabía que el presidente le perdonaría la condena en cuanto viera una ventana de oportunidad.
Políticamente, el calendario delata al presidente. Un indulto en los minutos finales de una legislatura convocada a las urnas no busca la concordia. Busca devolver favores a delincuentes condenados antes de perder el poder.
El beneficiario no es un reo cualquiera sin relación con el Gobierno. Es el fiscal general que Sánchez nombró en 2022 y que fue condenado por filtrar datos reservados en un asunto que aspiraba a destruir a una rival política.
Indultarlo es indultar tanto el error de haberlo nombrado como el uso delincuencial que el fiscal hizo del cargo.
Y eso es un autoindulto por persona interpuesta. Sánchez se está perdonando a sí mismo, como hizo con los condenados por el procés.
El Supremo ya advirtió, en 2021, que varios de los posibles indultados del procés eran líderes de los partidos que garantizaban la estabilidad del Gobierno encargado de conceder la gracia.
En junio de 2021, el Consejo de Ministros indultó a los nueve condenados del procés contra el criterio del Supremo y de la Fiscalía. Se les perdonó la prisión y a varios, también la malversación. Era el precio de la legislatura.
En julio de este año llegaron otros tres perdones que el propio Gobierno no puede vestir de conflicto territorial.
Laura Borràs, condenada por prevaricación al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, a quien un indulto parcial le evitó la cárcel.
Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, condenado por malversación.
Y Natalio Grueso, exdirector de la Fundación Niemeyer, ligado al PSOE, también por malversación.
Hay que recordar lo que Sánchez decía cuando no podía firmar indultos porque no había llegado todavía a la Moncloa. En septiembre de 2014, recién elegido secretario general, Risto Mejide le preguntó qué sentido tenía que un político indultara a otro. Respondió: "Ninguno. Siento vergüenza de eso. Hay que acabar con los indultos políticos".
Un mes antes había escrito que impulsaría el fin de los indultos y el endurecimiento de las penas de corrupción.
El documento Un Gobierno limpio, con el que el PSOE concurrió a las generales de diciembre de 2015, se comprometía a prohibir los indultos por corrupción. Hoy, el documento es sólo papel mojado.
No podemos llamar dictatorial al Gobierno de Sánchez. El 29 de noviembre se celebran elecciones en España, el Supremo pudo condenar a su fiscal y la sentencia no desaparece.
Pero sí estamos inmersos en una deriva autocrática, y hay que llamarla por su nombre sin inflarla: el Ejecutivo se reserva la última palabra sobre las penas que le incomodan y trata la separación de poderes como un trámite inconveniente. El Poder Judicial juzga. Pero es el Gobierno el que decide si el castigo se cumple si el reo es de los suyos.
Y esa no es la gracia del artículo 62 de la Constitución, pensada para la equidad y la utilidad pública. Es la demolición práctica de la separación de poderes. Es decir, del Estado de derecho.
El límite, una vez movido, no tiene por qué detenerse en García Ortiz. ¿Quién garantiza que no hará lo mismo con su hermano, con su mujer si llega a ser condenada, con José Luis Rodríguez Zapatero si lo fuera, o con los condenados por corrupción de su partido?
Quien ha convertido las condenas penales en trámites reversibles no puede pedir que se le crea en ningún otro de sus compromisos y promesas. Y eso, a la puerta de unas elecciones, dice todo lo que los españoles necesitan saber sobre la intención de Sánchez de perpetuarse en la Moncloa.