Hoy miércoles 30 de septiembre se cumplen dos meses de la invasión de Ceuta.
Dos meses desde que decenas de miles de inmigrantes (en un amplio porcentaje de los casos, hombres en edad militar) cruzaron ilegalmente la frontera de España por el Tarajal.
Dos meses desde que Pedro Sánchez habló de un "ataque" y de una "violación de la integridad territorial".
Dos meses, también, sin un solo autor identificado, aunque sí muchos vagamente acusados sin pruebas.
Sin una sola estrategia de retorno para los entre 15.000 y 20.000 invasores que siguen hoy en Ceuta.
Y sin que el Gobierno se atreva a reconocer pública y oficialmente lo que ya han dicho la Policía, la inteligencia española, el Parlamento Europeo y una jueza de la Audiencia Nacional: que la invasión se diseñó, se permitió, se gestionó y se pastoreó desde Marruecos.
Y lo que es más grave aún: que lo sigue haciendo todavía hoy.
Un presidente que habla de un delito contra la integridad territorial del Estado, pero que sesenta días después no es capaz de decir quién es el responsable, no está frente a un misterio policial. Sólo está intentando sobrevivir políticamente, dejando que Ceuta caiga en el olvido.
El 29 de julio, el CNI advirtió de llamamientos masivos para un asalto por valla y mar. El 30, con la avalancha en marcha, los mandos españoles vieron pasividad marroquí donde por la mañana todavía había interceptaciones.
El informe del CENIF documentó oleadas de ilegales, dirección sobre el terreno y un 90% de prefijos marroquíes en los móviles que alimentaron la convocatoria. También descartó que las mafias conocidas tuvieran capacidad para mover a tanta gente, a esas horas y por esos puntos.
La magistrada María Tardón ha elevado luego esas conclusiones a categoría jurídica hablando de una "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" y de un ataque grave a la integridad territorial de España.
Moncloa, en cambio, se ha pasado dos meses buscando culpables lejanos (las redes sociales, Rusia, Israel y una internacional ultraderechista que sólo existe en los argumentarios de sus asesores) y atacando a un chivo expiatorio escogido de forma ruin: Juan Jesús Vivas.
A Ceuta, Sánchez le endosó la tutela de los menas. Reservó para el mando único, sin embargo, lo que le permite alargar sine die los expedientes de expulsión y la propia invasión de Ceuta: el control de la frontera, la identificación de los invasores, las negociaciones diplomáticas y la expulsión de los ilegales.
Luego improvisó campamentos con una celeridad burocrática que los ceutíes habrían deseado más bien para los procesos de devolución.
Y este es el balance real de los sesenta días. El Gobierno exhibe miles de retornos "voluntarios" y unos pocos cientos de expulsiones, muchas por delito común y no por haber forzado la frontera el 30 de julio. Pero los sindicatos policiales discuten las cifras de salidas.
Lo que no es discutible es la fotografía. El Trampolín sigue ocupado, los bosques esconden a quienes no caben en las lonas y la mañana de este martes hacía falta un dispositivo de antidisturbios para vaciar Benítez por "motivos de seguridad". El Gobierno se limita a desplazar los problemas dos kilómetros más allá o más acá, pero sigue sin solucionar nada.
Mientras tanto, una ciudad española de 84.000 habitantes ha visto cómo Marruecos le robaba las playas, los colegios, la libertad y la idea de que el Estado español les defendería en caso de un ataque de Rabat. Los delitos se han disparado hasta la estratosfera. La Fiscalía habla de agresiones sexuales con una frecuencia incompatible con cualquier idea de "acogida". Se ha atacado a militares y a policías.
Se ha convertido la ciudad en un CETI a cielo abierto.
El mensaje que viaja al otro lado de la valla es un incentivo para el delito: si cruzas y resistes, España te alojará a costa de la libertad de sus propios ciudadanos.
Hasta la UE, tradicionalmente inoperante frente a las crisis reales, ha sido más clara que el Gobierno español. El Parlamento Europeo habló de invasión y de guerra híbrida, nombró explícitamente a Marruecos y pidió la expulsión de quien no tiene derecho a permanecer, también de los menores no acompañados. El PSOE se quedó solo junto a la extrema izquierda antisistema y proislamista, y votó para que Rabat no apareciera en el texto.
Sánchez, en fin, se mostró más dispuesto a romper el consenso europeo que de incomodar a Mohamed VI porque, en realidad, no está defendiendo la frontera sur de la Unión. Está defendiendo su propia diplomacia de sumisión.
Rabat lo ha entendido. Niega los informes españoles, reivindica Ceuta y Melilla por boca de sus ministros, y pregunta cínicamente por qué Madrid no le devuelve ya a quienes Marruecos empujó a pasar.
Sánchez tardó casi dos meses en admitir que el control fronterizo marroquí "falló", y lo hizo sólo cuando una periodista estadounidense le apretó como no suelen hacerlo sus periodistas de cabecera de La 1.
Pero lo hizo sin extraer consecuencia alguna. Ni sanción, ni condicionalidad de fondos, ni readmisión masiva y verificable, ni visita inmediata del rey como acto de Estado. Sólo la vieja fórmula gastada y de rutina: "Ceuta es España".
Como si repetirlo bastara cuando se ha dejado de actuar como si te lo creyeras.
Por eso el titular de este editorial no es una boutade. El Poder Ejecutivo ha elegido cerrar los ojos, confiándolo todo a que el paso del tiempo haga que los medios se centren en otros escándalos más "frescos". El Legislativo está atado a la aritmética que sostiene a Sánchez.
Queda la Justicia. Esta semana declara Vivas. La Audiencia Nacional no investiga una crisis humanitaria, sino un atentado contra el Estado. Ceuta es acusación particular porque fue víctima directa. El delegado del Gobierno y su jefe de gabinete han caído ya.
Los avisos del 29 de julio ya no son un whatsapp "ambiguo": son materia de instrucción judicial.
La Justicia no puede sustituir a un Gobierno que no quiere gobernar la frontera. No puede devolver por sí sola a miles de personas ni reconstruir la disuasión perdida. Pero es el único poder que todavía se toma en serio las palabras que Sánchez pronunció el 31 de julio y que luego se apresuró a olvidar, yéndose de vacaciones durante un mes entero.
De los tres poderes del Estado, a los ceutíes ya sólo les queda uno a su lado.