En el desahucio de Maricarmen, desalojada de la vivienda del madrileño barrio del Retiro en la que residía desde hacía más de siete décadas, confluyen dos elementos distintos que conviene examinar por separado.
Por un lado, la natural conmoción ante la desgracia de una anciana vulnerable. Y, por otro, el descarado ejercicio de demagogia por parte de una izquierda dispuesta a instrumentalizar la tragedia.
Es forzoso señalar que el desahucio ha sido ejecutado en cumplimiento de un mandato judicial y acorde a la legalidad, debido a que la inquilina no cumplía los requisitos para evitar la extinción legal de la segunda subrogación de su contrato de renta antigua.
La dureza de la escena de su traslado, no obstante, desató unas movilizaciones de más de 10.000 personas y graves altercados en las calles de la capital.
En estas protestas han participado, con no poca hipocresía, miembros de la izquierda institucional y dirigentes de los mismos partidos que integran el Gobierno de la nación.
Lejos de suponer una muestra de solidaridad espontánea ante la indudable dramaturgia cruel del episodio, su presencia obedecía a un cálculo mucho más cínico: el intento de agrandar deliberadamente el suceso para desviar el foco de una agenda política que estos días resultaba francamente devastadora para el PSOE.
Es una flagrante impostura que el clamor de las manifestaciones se dirija ahora en exclusiva contra Isabel Díaz Ayuso y contra la genérica figura de los "fondos buitre".
Conviene recordar que es el actual Gobierno de coalición quien lleva ocho años al frente de las competencias estatales de Vivienda. Un largo periodo en el que no sólo ha sido incapaz de paliar el problema, sino que lo ha agravado hasta volverlo crónico.
El manido argumento sobre la urgencia de embridar a los fondos de inversión choca frontalmente con el respeto tanto a la libertad de mercado como al derecho a la propiedad privada.
Porque, al fin y al cabo, la única forma efectiva de impedir que estas firmas hagan negocio con la vivienda sería prohibirles por decreto dicha actividad.
En la misma línea, resulta falaz la acusación de que el origen del drama reside en la negativa de la oposición a aplicar la Ley de Vivienda o en su voto en contra del reciente decreto de los alquileres.
Primero, porque dicha ley, al restringir la oferta, supone justo lo contrario a la solución.
Y segundo, porque aquel decreto no habría cambiado un ápice el destino de Maricarmen. Porque su contrato ya estaba extinguido por una sentencia firme del Tribunal Supremo dictada en base a una ley de 1994, quedando fuera del alcance de cualquier moratoria actual.
Supone también una desvergüenza achacar la culpa del panorama habitacional a la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando los datos del propio Consejo General del Poder Judicial certifican que en esta región se producen muchos menos desahucios que en otras gobernadas por el PSOE como Cataluña.
Todo ello sin olvidar que en la España presidida por Pedro Sánchez se siguen ejecutando más de 25.000 desahucios al año.
Pero nada de esto exime a las autoridades madrileñas de hacer autocrítica: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento podrían haber gestionado este trance de un modo mucho más diligente en la parte que les correspondía.
Es cierto que las administraciones llegaron a ofrecer alternativas habitacionales que la anciana rechazó de plano.
Pero, con todo y con eso, las autoridades locales y autonómicas podían y debían haber hecho más en el terreno del arbitraje. Se echa de menos un esfuerzo de intermediación institucional verdaderamente proactivo para evitar este desenlace.
Es obligado señalar que los primeros que adolecieron de una preocupante falta de visión fueron los responsables de la propia empresa propietaria, que si bien ha ganado la batalla en los tribunales, ha perdido la guerra de la reputación.
Resultaba del todo previsible el formidable escándalo social que iba a desencadenar la expulsión por la fuerza de una octogenaria enferma.
En un sentido parecido, tanto la Comunidad como el Consistorio tendrían que haber prestado mucha más atención a las singularidades de un caso que exigía una respuesta a medida.
Tratándose de una señora de 87 años, la obligación moral pasaba por sentar a las partes, negociar y agotar todas las vías para encontrar una salida pactada.
La estricta aplicación de la norma es perfectamente compatible con el ejercicio de la inteligencia emocional. Y en esta ocasión no se agotaron las posibilidades de ejercerla.
La seguridad jurídica debe prevalecer siempre como pilar de nuestra sociedad. Pero la legislación debería contemplar condiciones más benévolas para casos tan extremos como el de Maricarmen, ampliando el alcance de los procedimientos de mediación.
La justa protección de los vulnerables en supuestos excepcionales, eso sí, no puede construirse a costa de desproteger, todavía más, a los propietarios.
Es por ello que la solución jamás pasará por la moratoria general que exige el Gobierno. Una medida de ese calibre actuaría como un bumerán indeseado, sirviendo para blindar por igual a las maricármenes que de verdad lo necesitan y a los aprovechados.
Los desahucios son el síntoma más doloroso de una política de vivienda profundamente errada que se ha obstinado en proteger en exclusiva al arrendatario.
Una política de vivienda acertada exige un equilibrio razonable entre los derechos del inquilino y los del propietario. La balanza se ha inclinado hasta ahora hacia el primero en detrimento del segundo, y existen vasos comunicantes entre esa obstaculización al mercado habitacional y la lamentable realidad de los desahucios.
Aplicar ahora una moratoria sólo serviría para ahuyentar la inversión, reducir aún más la oferta de vivienda y, en definitiva, agravar el problema que se pretende solucionar.