La avalancha de esta madrugada en Ceuta no ha sido una crisis puntual de orden público. Ha sido la fotografía de un Gobierno que ha elegido gestionar el fracaso en lugar de solucionarlo, sin que a día de hoy haya sido capaz de explicar el porqué.
La madrugada de este jueves, miles de inmigrantes ilegales salieron de las playas de Benítez y El Trampolín hacia el puerto. El cordón policial se rompió. La masa, formada por miles de personas, echó a correr para ocupar una de las 1.800 plazas de un recinto que no daba para todos.
Hubo disparos al aire y la sensación, otra vez, de que el Estado ha sido derrotado de nuevo, por incomparecencia, en Ceuta. Una ciudad de 84.000 habitantes volvió a contemplar cómo sus calles se convertían, un día más, en una estampa de violencia tercermundista.
Ese traslado ha tenido lugar porque el jueves la Audiencia Nacional rechazó la medida cautelarísima del Sindicato Unificado de Policía. El auto de la Audiencia invoca el "interés general" y recuerda que la seguridad la pondrá Interior.
Es una resolución tan formalmente correcta como material y políticamente miope. Tratar la ocupación de 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente como si Ceuta fuera un municipio en calma que habilita un albergue, y no una plaza asediada desde hace cincuenta días, con el puerto pegado a infraestructuras de combustible y a la operación diaria de ferries, es un sinsentido jurídico.
Un tribunal puede ser escrupuloso con el procedimiento, burocráticamente impoluto, y, al mismo tiempo, ciego ante la excepcionalidad.
La ley no obliga a fingir normalidad donde no la hay. La consecuencia de que los tribunales pongan el procedimiento por encima de los resultados está a la vista hoy en Ceuta y deja la sensación de que el Estado ha abandonado a los españoles a su suerte, siguiendo la estela del Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero lo significativo no es sólo el caos de esta noche. Es el contraste de velocidades. El Gobierno ha sido capaz de poner en marcha un campamento en veinticuatro horas y de ocuparlo en un tiempo récord tras el dictamen de la Audiencia Nacional.
Pero lleva casi dos meses sin cerrar, en número relevante, los expedientes de quienes no tienen ningún derecho a permanecer en Ceuta. Ha abierto cerca de dos mil procedimientos de adultos. Pero ha ejecutado sólo unas trescientas expulsiones con aval judicial, la mayoría de ellas ligadas a delitos, no a la entrada irregular.
El resto sigue aquí: en playas, naves, calles y ahora bajo lona portuaria. Alojar es rápido. Devolver es lento. El Gobierno, en resumen, parece tener más prisa por enquistar la situación de caos en Ceuta y acomodar a los invasores que por solucionar la crisis y expulsar a los ilegales.
Se nos dice que no pueden. Que el Tribunal Supremo impidió en junio las devoluciones exprés de quien llega a nado. Que hay asilos que tramitar. Que los menores exigen un procedimiento distinto. Que Marruecos debe aceptar a cada persona identificada. Que en 2021 la repatriación de cincuenta y cinco menores acabó en condenas y que nadie quiere firmar.
Todo eso es verdad. Pero esas trabas explican la dificultad, no justifican la parálisis. Un Ejecutivo que hubiera querido recuperar el control habría reforzado de verdad la filiación el 1 de agosto, habría pedido a Bruselas el régimen de crisis, habría tapado por ley el hueco marítimo que dejó el Supremo, habría exigido a Rabat una readmisión masiva y verificable, y habría separado con claridad a los adultos sin indicios de protección de quienes sí merecen un examen individual.
Quizá, incluso, habría declarado el estado de excepción en Ceuta.
Nada de eso se ha hecho. El Estado de derecho no es una coartada para no ejercer el poder que la ley sí otorga.
Ceuta no es un CETI con vistas al Estrecho. Es territorio español y frontera exterior de la Unión. Sacar a la gente de la arena le concede al gobierno lo que más desea: las fotos. Pero genera un incentivo tóxico. Quien entra con violencia en Ceuta y luego se atrinchera en ella obtiene plaza, no retorno.
El mensaje que se traslada al otro lado de la valla es letal: si cruzas y resistes, el Estado te proporciona cama, duchas, alimentos y, con el tiempo, residencia en España.
Habrá muchas más noches como esta.
Esta madrugada los agentes de la Policía no fallaron. Les ordenaron pastorear la decisión de un Estado que no quiere resolver el problema, sino desplazarlo dos kilómetros. Un Estado serio habría defendido la frontera. Este ha preferido defender los campamentos permanentes de ilegales.
Y el precio lo han pagado, y lo seguirán pagando, los ceutíes.