La operación de ingeniería demográfica que está impulsando el Gobierno para manipular el censo electoral en su beneficio ha recibido este martes un severo revés.
El Tribunal Supremo ha acordado suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad española en virtud de la Instrucción del Ministerio de Justicia que regula la aplicación de la llamada ley de nietos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha votado a favor de las medidas cautelares solicitadas por los recursos interpuestos por Iustitia Europa y Vox.
Dos acusaciones particulares que, como también vienen haciendo este periódico y el principal partido de la oposición, han denunciado un incremento irregular del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El registro en el CERA queda así suspendido hasta que el alto tribunal dicte su sentencia sobre estos recursos. Y regirá para los extranjeros nacionalizados que no hayan podido acreditar que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse y renunciar a la nacionalidad española por razones políticas o ideológicas
Esta resolución bloquea provisionalmente los efectos de la Instrucción de la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes
La Instrucción del Ministerio de Justicia, dictada el 25 de octubre de 2022, dispuso que se presumiría la condición de exiliado "respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".
Y, al indicar que bastaba con "acreditar la salida del territorio español", esta Instrucción contraria a Derecho aumentó enormemente el ámbito de la aplicación previsto en la Ley de Memoria Democrática. Y, en consecuencia, el número de los eligibles.
De este Gobierno afecto a antagonizar con el Poder Judicial sólo cabe esperar que presente la decisión como un nuevo episodio de guerra sucia de los tribunales contra el Ejecutivo. Tal como ha amagado ya el ministro de Justicia, al urgir al Supremo a resolver una cuestión que afecta a "lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto".
Pero lo que ha hecho el Supremo no ha sido sino cumplir con su deber, al salir al paso de este atropello democrático.
Frente a la doctrina de la inmunidad del poder político, que estima que los actos puramente políticos del Poder Ejecutivo están exentos de fiscalización jurisdiccional, el Tribunal Supremo ha aplicado la doctrina que conviene a un Estado democrático de derecho.
A saber, que los actos del Gobierno (aunque sean de naturaleza administrativa) no son impunes, y pueden y deben estar sometidos al control de legalidad por los jueces.
En este caso, la Instrucción insertada de rondón en el BOE por Sofía Puente tenía presunción de ilegalidad. De ahí que el alto tribunal haya actuado de manera fulminante.
Lo incomprensible, de hecho, es que la Junta Electoral Central (JEC) se inhibiese en la valoración de la Instrucción, declarándose no competente para "pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento".
Esto no significa, como pretende el Gobierno, que la JEC avalara la Instrucción. Simplemente estimó que entrar a revisar o anular una instrucción sobre nacionalidad excede sus competencias.
De hecho, la gran mayoría de los miembros de la Junta coincidieron en que la Instrucción "contiene disposiciones contrarias a la propia Ley de Memoria Democrática" que pretende desarrollar o ejecutar".
Es obligado recordar que la suspensión no se fundamenta en una valoración de los criterios para conceder la nacionalidad, sino en la supervisión de la potestad del Gobierno para dictar una interpretación extensiva de la ley que desvirtúe la naturaleza de lo aprobado en el Parlamento.
Resulta por ello sorprendente que la oposición no advirtiera esta triquiñuela legal cuando se publicó en el BOE.
Pero más lamentable resulta que algunos medios de comunicación, por lo demás muy críticos con el Gobierno, considerasen que este proceso de nacionalización era inocuo.
El bloqueo a la inscripción por el Supremo demuestra que quienes hemos denunciado esta maniobra no sosteníamos ninguna chaladura.
Y con ello quedan avalados los ocho meses de investigación en los que EL ESPAÑOL ha destapado el fraude subyacente a la opaca política de nacionalizaciones masivas del Gobierno de Sánchez.
Un fraude electoral legal al amparo del cual el número de nuevos votantes en el extranjero no ha dejado de aumentar en los últimos tres años.
Especialmente en el último, después de que el Gobierno diera instrucción a los cónsules para que agilizasen los trámites de la concesión de nacionalidades. Y efectuando así una segunda manipulación del espíritu de la ley original, al animar a beneficiarse de ella no sólo a nietos, sino también a bisnietos y hasta a tataranietos.
En la práctica, la suspensión del Supremo le cierra por el momento al Gobierno la posibilidad de trampear el CERA, tanto en lo tocante a la incorporación al censo como en la atribución de los nacionalizados a una u otra circunscripción.
Y, con ello, abre la puerta a revertir una descabellada medida que amenaza con distorsionar la representatividad del voto y menoscabar la capacidad de decisión de los ciudadanos españoles.