La toma de control asumida por el Gobierno central mediante la creación de un mando único para coordinar la respuesta institucional en Ceuta ha quedado desautorizada desde el primer momento.

La medida, aprobada tras declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional casi un mes después del asalto fronterizo, ya nacía viciada por la demora en ser adoptada.

La decisión del presidente del Gobierno de activar este mecanismo de emergencia tras casi un mes de parálisis granjeó las críticas tanto de los ciudadanos ceutíes como de analistas y expertos en seguridad e inteligencia, los cuales coinciden en que la respuesta estatal debió articularse desde el momento mismo del asalto, si no antes.

Pero su puesta en marcha efectiva ha dado al traste definitivamente con cualquier expectativa de eficacia.

La designación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática constituye una confusión deliberada.

Porque Ceuta no se enfrenta a un desajuste administrativo competencial ni a un conflicto de distribución entre autonomías, sino a un desafío fruto de una invasión que afecta de lleno a la seguridad nacional y la integridad territorial.

Situar al frente a un perfil como Ángel Víctor Torres trasluce el intento de enmascarar un fallo en la protección de la frontera bajo el disfraz de la gestión autonómica, evitando implicar directamente a carteras de mayor fuste como Defensa o Exteriores.

Pero es ya el colmo que Torres se haya estrenado con la aprobación de una primera medida que constituye un error garrafal.

La cesión obligatoria de los cinco polideportivos municipales cubiertos de la ciudad autónoma y de antiguos cuarteles militares para alojar a los inmigrantes marroquíes que permanecen en ella despoja a los barrios ceutíes de sus únicos equipamientos comunitarios.

Y, con ello, compromete las actividades deportivas y la vida ordinaria de los ciudadanos ceutíes, transformando el centro urbano en una suerte de recinto de acogida a gran escala.

Con este decreto, el Gobierno proyecta el mensaje de que antepone el alojamiento y la atención asistencial indefinida de los asaltantes a su devolución inmediata a Marruecos.

Y, en buena lógica, la reacción airada de la población ceutí ante ello no se ha hecho esperar.

Este martes, una concentración vecinal iniciada en las inmediaciones del acuartelamiento Fiscer ha derivado en una marcha que llegó a cercar el hotel donde estaba reunido el ministro con el delegado del Gobierno.

Los manifestantes, al grito de "Ceuta no es un CETI", forzaron la salida de Ángel Víctor Torres por la puerta trasera del hotel en un vehículo oficial.

Esta marcha del hartazgo es plenamente comprensible como reacción espontánea de unos ciudadanos agotados ante la incompetencia administrativa.

Y la sensación de abandono sólo se intensifica cuando, después de haber permitido la entrada masiva, Marruecos prosigue con sus provocaciones.

En el marco de una festividad religiosa, y en presencia del rey Mohamed VI, el ministro marroquí de Asuntos Islámicos ha llamado a reconquistar las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla, apelando a supuestos derechos históricos para justificar su reivindicación sobre los territorios españoles.

Resulta injustificable que, mientras el gobierno de Marruecos alienta una lucha sagrada para "liberar" las ciudades autónomas, el ministro de Asuntos Exteriores ni siquiera haya convocado a consultas a la embajadora de Marruecos en Madrid.

Mientras Rabat persiste en sus ambiciones anexionistas, el Gobierno ofrece una imagen de debilidad provocada por las luchas intestinas entre los responsables de la seguridad nacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en su comparecencia de este martes en el Congreso que los servicios de inteligencia avisaron oportunamente del asalto.

Pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ofrecido la versión contraria, para recibir después el respaldo de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que ha emitido un comunicado desmintiendo oficialmente haber recibido aviso alguno.

Es dudoso que pueda hablarse de un "mando único" efectivo cuando existen discrepancias tan acusadas en el seno del Gabinete. En cualquier caso, este no es el mando único que Ceuta requiere.

No lo es por su tardanza, por las medidas adoptadas y por el responsable que se ha colocado al frente. Un ministro que, además, tal como viene informando EL ESPAÑOL, se ha visto salpicado por sospechas de corrupción ligadas a su gestión durante la pandemia.

Este periódico, al igual que el Gobierno autonómico, la oposición y las instituciones europeas, ha reclamado de forma insistente la activación de los mecanismos de Seguridad Nacional previstos en el ordenamiento jurídico para proteger nuestra soberanía.

Pero la fórmula aplicada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incurre en el peor de los escenarios: no sólo llega tarde, sino que llega mal.

Es imperativo corregir el decreto que ha aprobado la declaración de emergencia, revisando las prioridades de actuación y nombrando a una autoridad realmente idónea para restituir el orden en Ceuta.