Hay gestos que, por su propia irrelevancia, no deberían merecer ni una sola línea de un medio serio.

La fotografía informal de Felipe VI con el periodista y empresario Javier Negre en Cali (Colombia) es uno de esos gestos. Un saludo breve, una imagen pedida en un acto público, sin protocolo ni trascendencia institucional.

Pero, sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido convertirlo en "línea roja", en "ignominia" y en motivo de "indignación".

Esa foto, según sus propias palabras, "no se debería haber producido nunca". En su escenificación teatralizada, al ministro sólo le ha faltado pedir las sales.

El ministro insiste en este asunto por segunda vez, después de que su primera intentona, la semana pasada, cayera en oídos sordos y sólo unos pocos activistas de algunas redes sociales marginales como Bluesky le siguieran en su empeño.

Dado su fracaso previo, Puente ha decidido ahora "conceder" una entrevista a Europa Press, entrevista a la que la agencia se ha prestado solícita, para que sus palabras lleguen a todos los medios de comunicación.

En la entrevista, Puente no se limita a criticar. Eleva el tono hasta afirmar que "en mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo".

Cabe preguntarse, frente a esta frase, qué tiene Negre que no tengan Mertxe Aizpurua, Carles Puigdemont o Leire Díez, personajes con los que este Gobierno se ha fotografiado sin problemas en el pasado, y no por cortesía, sino con profunda complicidad.

Puente añade luego que es la Casa Real, y no el Gobierno, quien ha cruzado "una línea roja" y que la imagen le sigue "indignando" porque la considera "ofensiva".

Puente reivindica a renglón seguido su "alma republicana" mientras reconoce, con la boca pequeña, poniéndose la venda antes que la herida, que la monarquía "ha sido útil". Lo dice en pasado.

El mensaje queda claro. El rey se ha equivocado gravemente, según Puente, y la lealtad consiste en señalarlo desde el Consejo de Ministros.

Nunca un episodio tan nimio dio para tanto. Y no es casualidad.

El primer objetivo de Óscar Puente es obvio. Generar una cortina de humo que tape la incompetencia, por no decir la complicidad, del Gobierno en la crisis de Ceuta.

A finales de julio, decenas de miles de personas entraron de forma irregular en la ciudad autónoma en apenas veinticuatro horas.

Semanas después, la situación sigue sin normalizarse, miles de migrantes vagabundean por la ciudad y se multiplican los robos, la violencia, las agresiones sexuales y las infecciones.

El sistema de acogida sigue tensionado y la oposición exige un mando único, el retorno inmediato de los asaltantes y explicaciones sobre la sospechosa pasividad del Gobierno frente a Marruecos.

Pero en pleno agosto, con el Gobierno bajo presión por la mayor vulneración de la integridad territorial de la democracia, el ataque a la Corona pretende abrir un debate de alto voltaje institucional que compita por el espacio mediático y político.

Es una operación clásica de distracción. Cuando Ceuta cae en el caos, se abre otro frente simbólico para cambiar de tema.

Pero hay un segundo objetivo, más ambicioso y todavía más peligroso.

El sanchismo está acosado por una acumulación de escándalos de corrupción y por el desgaste de su propia gestión.

El caso de las mascarillas ha dejado condenas ejemplares: José Luis Ábalos, 24 años de prisión; Koldo García, 19 años.

El hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado por la justicia.

También fue condenado el fiscal general.

Begoña Gómez está pendiente de juicio.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta un negro futuro penal.

Las fotografías de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama o con los miembros de las cloacas del PSOE son públicas y mucho más graves que cualquier saludo del rey a un periodista polémico.

Ante ese cerco, al proyecto sanchista le queda poco margen dentro del marco constitucional y democrático.

Y la tentación es huir hacia adelante. Radicalizar el conflicto, convertir la monarquía (símbolo de la unidad y de la continuidad del Estado) en el nuevo campo de batalla y presentar las próximas elecciones como un plebiscito entre el "el 78" y un hipotético cambio de régimen hacia una España "plurinacional".

Puente no es un francotirador. Es el ariete habitual del Gobierno. El ministro que se lanza al barro cuando hace falta tensionar instituciones y movilizar a la extrema izquierda y los sectores más radicales de la sociedad española.

Al compartir mensajes que piden "¡república ya!" y al reivindicar su "alma republicana" desde el Ejecutivo, Puente normaliza un discurso rupturista que hasta hace poco resultaba impensable en boca de un ministro.

No se trata de una reforma constitucional ordenada. Se trata de erosionar la institución por la vía de los hechos consumados, de preparar el terreno para una fractura profunda del país y de ofrecer a los socios nacionalistas una señal de que el sanchismo está dispuesto a ir más lejos.

Pero la monarquía parlamentaria no es un adorno. Es uno de los pilares que ha garantizado la estabilidad, la unidad territorial y la alternancia democrática desde 1978.

Y por eso, cuando un miembro del Gobierno ataca al jefe del Estado con este nivel de virulencia, no está ejerciendo libremente su opinión. Está utilizando el poder del Estado para degradar una institución que no puede defenderse en los mismos términos.

El resultado buscado es una España partida en dos. De un lado los "progresistas" y "plurinacionales". Del otro, los "reaccionarios" defensores del orden constitucional. Esa polarización extrema es el último recurso de un proyecto político que, incapaz de regenerarse, sólo sabe dividir.

Si esta es la posición oficial del Gobierno, Sánchez sólo tiene una opción: convocar elecciones generales y presentarse a ellas con un programa de ruptura abierta con la democracia constitucional, como hacen sus socios de EH Bildu, ERC, Junts, Podemos o Sumar.

La otra alternativa es distanciarse con contundencia del ataque de Puente a la Corona y cesar de inmediato al ministro.