Hay decisiones que revelan el estado de un Gobierno. La prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, es una de ellas.

Por una vez, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha preferido la realidad a la ideología. Y ha acertado.

Ha preferido la seguridad de suministro a un calendario firmado en 2019 y ratificado en el pacto de coalición con Sumar, pacto que ha incumplido de forma flagrante.

Ha preferido el interés general al dogma.

La decisión no es un capricho ni una ocurrencia de agosto. Las propietarias de la central (Iberdrola, Endesa y Naturgy) solicitaron formalmente la extensión en octubre de 2025, renunciando además a cualquier rebaja fiscal.

El Consejo de Seguridad Nuclear emitió su informe favorable el 16 de julio de 2026.

El Gobierno disponía de un plazo de dos meses. Lo ha utilizado y lo ha hecho invocando "circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania", y una situación de "elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever".

Por una vez, no es retórica vacía. El cierre del gas ruso previsto para enero de 2027 y la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz han cambiado el escenario energético de forma profunda. Ignorarlo habría sido una irresponsabilidad.

Almaraz no es una central cualquiera. Produce alrededor del 7% de la electricidad que consume España, el equivalente al gasto de cuatro millones de hogares. Aporta potencia firme, descarbonizada y ya amortizada.

Su continuidad reduce la dependencia del gas natural (el propio Gobierno estima una caída del 7% en la generación con ciclos combinados) y contribuye a moderar la exposición de los consumidores a picos de precios.

En un país que aún recuerda el apagón de 2025, la aportación de Almaraz no es secundaria: es estratégica.

Quienes se oponen a la prórroga, con Sumar a la cabeza, han reaccionado con la previsibilidad de siempre. Acusan al PSOE de haber cedido a "presiones corporativas" y de haber roto el acuerdo de gobierno de 2023, que contemplaba un cierre "planificado, seguro, ordenado y justo" entre 2027 y 2035.

El ministro Ernest Urtasun ha llegado a afirmar que la decisión "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía".

Es el lenguaje de siempre: el de quienes confunden transición ecológica con cierre anticipado de lo que funciona. La nuclear no es el enemigo de las renovables. Es su complemento indispensable. Mientras la eólica y la solar crecen (y deben seguir creciendo), la nuclear garantiza la estabilidad que el sistema necesita.

Francia, Finlandia o Estados Unidos lo han entendido hace tiempo. España no puede permitirse el lujo de ser la excepción por pureza ideológica. Por suerte, Sumar es ya poco más que un elemento decorativo en el Gobierno, y carece de la fuerza, de la convicción y de la valentía para lograr que el PSOE se someta a su voluntad.

Hay más. La prórroga protege miles de empleos de calidad en el Campo Arañuelo y evita un golpe demoledor a una comarca cuya economía gira en torno a la central. Hablar de "transición justa" mientras se condena a una zona entera al declive no es justicia: es cinismo.

El Gobierno extremeño, el PSOE regional e incluso amplios sectores sociales lo han dicho con claridad durante meses. Por fin alguien les ha escuchado.

El Ejecutivo se ha cuidado de presentar la decisión como limitada y coyuntural. No altera el calendario del resto del parque nuclear, cuyo cierre definitivo sigue fijado en 2035. Insiste en que se cumplen las tres condiciones que el propio Pedro Sánchez había establecido: aval de seguridad del CSN, ausencia de coste para el consumidor y garantía de suministro.

Es cierto, aunque cínico: la prórroga de Almaraz conviene políticamente a Pedro Sánchez, y esa ha sido la principal motivación de la decisión. Pero precisamente por eso la prórroga no es una capitulación, sino el reconocimiento de que la realidad se ha impuesto a un diseño ideológico que ya no se sostenía.

Queda, eso sí, una asignatura pendiente. Si Almaraz merece seguir abierta por razones de seguridad energética y estabilidad del sistema, el mismo criterio debería aplicarse, cuando llegue el momento, a Ascó, Cofrentes o Vandellós. La coherencia no puede detenerse en Cáceres.

Una política energética seria no se construye a base de excepciones puntuales, sino de un mix equilibrado donde la nuclear y las renovables se refuerzan mutuamente.

Hoy, sin embargo, toca subrayar lo evidente. Sumar no tiene capacidad para imponer vetos que a Sánchez no le convenga "aceptar". La razón técnica, económica y de seguridad de suministro se ha impuesto. El Gobierno, aunque sea a regañadientes y en plenas vacaciones de agosto, ha hecho lo correcto.

Que sirva de precedente.