La invasión de Ceuta de finales de julio no ha sido un episodio migratorio más. En apenas cuarenta y ocho horas, decenas de miles de personas cruzaron la frontera de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes.

La mayoría regresó, pero quedaron detrás miles de menores no acompañados que hoy saturan los recursos de acogida, duermen en la calle, generan tensiones y, en demasiados casos, aparecen como víctimas o protagonistas de agresiones.

Frente a esta realidad, la respuesta automática de siempre (procedimiento individual, interés superior del menor interpretado como permanencia y reparto entre comunidades) se revela tan insuficiente como contraproducente.

Cuando la administración privilegia el procedimiento burocrático establecido por la ley por encima de los objetivos de la norma, en este caso el retorno de los menores con sus familias, el resultado es el caos.

La tesis es sencilla: los menas que hoy viven en condiciones muy deficientes en Ceuta deben regresar a Marruecos, con sus familias, de forma inmediata. Y si la legislación vigente lo impide de manera sistemática, porque impone una burocracia que acaba obstaculizando el retorno, entonces hay que cambiar la legislación.

No es lo mismo un menor que llega solo, de forma puntual, que una avalancha de decenas de miles de personas que desborda una ciudad española en el norte de África. Pretender aplicar el mismo protocolo a ambos escenarios es una ficción que traiciona tanto la soberanía como el verdadero interés del menor, convertido en un pretexto para no afrontar el problema de cara, que es la primera obligación de un político.

La distinción es esencial. Un niño o adolescente que llega de manera aislada y solicita protección merece un examen individualizado, con todas las garantías. Eso es lo que prevé el marco legal actual.

Pero cuando se produce una entrada masiva, coordinada o al menos tolerada por un gobierno hostil, que satura los servicios y convierte a Ceuta en un campamento chabolista improvisado, el procedimiento ordinario deja de ser protección y se transforma en mecanismo de consolidación de la permanencia y en aceptación sumisa del chantaje.

El sistema, pensado para casos excepcionales, colapsa ante la escala y produce el efecto contrario al que proclama: en lugar de facilitar la reagrupación familiar, la convierte en una rareza estadística.

Los datos lo confirman. Entre 2018 y 2024 se acogieron en España cerca de 28.000 menores extranjeros no acompañados. Solo cuarenta y uno fueron repatriados. El 0,15 por ciento.

En el caso de los menores marroquíes, las devoluciones efectivas han sido prácticamente nulas durante años. La burocracia (localización de familias, verificación de condiciones en origen, plazos dilatorios, recursos y garantías procesales) se ha convertido en un muro.

El resultado es que casi todos los menas se quedan, a cargo del presupuesto público y de las comunidades autónomas, mientras el mensaje que se envía es inequívoco: quien llega como menor, permanece.

Hoy se da una coincidencia extraordinaria. Marruecos ha pedido expresamente el retorno de todos sus menores no acompañados, incluidos los de esta crisis.

El Gobierno de Ceuta, que sufre en primera línea el colapso, insiste en que la única salida realista es el regreso a través de la frontera.

Y la mayoría de los españoles (alrededor del 80% según un sondeo de EL ESPAÑOL) apoya esa devolución, incluso entre votantes socialistas.

Frente a este consenso amplio, el Gobierno del PSOE se mantiene anclado en la defensa del procedimiento actual, que en la práctica se traduce en permanencia y en el reparto de la carga entre comunidades ya saturadas. Priorizar la reagrupación familiar de palabra mientras se mantiene un sistema que sistemáticamente la impide no es coherencia: es la táctica del avestruz.

La ley no es un ídolo. Está al servicio de finalidades concretas. Cuando su aplicación reiterada demuestra que se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar el objetivo que ella misma declara (devolver al menor a su entorno familiar cuando es posible y seguro), el legislador tiene el deber de corregirla.

Hace falta un procedimiento excepcional y acelerado para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria o entradas masivas.

Hace falta una presunción reforzada de retorno cuando el país de origen reclama al menor y ofrece garantías mínimas. Marruecos no es un país en guerra ni una economía devastada como la de Haití. Es un país que pretende gastarse decenas de miles de millones de euros en la organización de un Mundial. Es por tanto perfectamente capaz de hacerse cargo de sus propios menores.

Hacen falta también plazos máximos estrictos y consecuencias claras si estos no se cumplen.

Distinguir normativamente entre el menor individual vulnerable y el flujo masivo que satura el sistema no es insolidaridad: es realismo.

No actuar tiene un precio. Refuerza el efecto llamada. Consolida el colapso de Ceuta, Melilla y Canarias. Expone a los propios menores (especialmente a las niñas) a violencia sexual, explotación y condiciones indignas, como ya se está viendo en las denuncias e ingresos hospitalarios de estos días.

Traslada de forma permanente la carga económica y social a los ciudadanos españoles.

Y, sobre todo, erosiona la idea de que España controla sus fronteras y decide quién permanece en su territorio.

Proteger el interés superior del menor no consiste en retenerlo indefinidamente en un sistema saturado, lejos de su familia y de su cultura, mientras se le ofrece como solución el reparto entre comunidades que ya están al límite. Consiste en devolverlo a su país cuando ese país lo reclama y las condiciones lo permiten. Marruecos lo pide, los españoles lo respaldan y Ceuta lo exige.

Sólo el Gobierno del PSOE se aferra a un marco legal que ha demostrado su fracaso.