Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio de 2026, Ceuta estuvo a merced de Marruecos. En cierta manera, continúa estándolo todavía hoy, porque España no tiene ninguna garantía de que lo ocurrido estos días no se vuelva a repetir cuando Rabat quiera.

Pedro Sánchez debe por tanto comparecer de inmediato ante la Diputación Permanente del Congreso, rendir cuentas y entregar toda la información disponible sobre lo ocurrido a los representantes de la soberanía nacional. Debe llevar a cabo una crisis de gobierno, depurar responsabilidades en Interior, Defensa y Exteriores destituyendo a los responsables de los tres ministerios 'de Estado' y a la cúpula del CNI.

Si no está dispuesto o no es capaz de hacerlo, debe convocar elecciones y dejar paso a un Gobierno competente que esté dispuesto a defender el territorio nacional.

Ceuta no puede volver a estar veinticuatro horas a merced de un país que niega su españolidad y amenaza la soberanía nacional.

Decenas de miles de personas cruzaron la frontera del Tarajal a nado y a pie sin que el Estado español fuera capaz de impedirlo. El Ministerio del Interior cifró las entradas en torno a 49.000. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, elevó la estimación a 60.000.

Si Rabat hubiera decidido respaldar la avalancha con una campaña de propaganda ("España está obligada a atender a los inmigrantes, exigimos que cumpla su deber humanitario"), la ciudad habría caído en el caos y en la ingobernabilidad. Decenas de miles de ceutíes habrían abandonado Ceuta y esta habría caído a medio plazo, por la fuerza de los hechos, en las manos de Rabat.

Ese escenario no es una hipótesis retórica. Es lo que pudo haber ocurrido por la pasividad y la imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo ha reconocido, de forma más o menos explícita, que no detectó la dimensión de lo que se avecinaba porque estaba centrado en los incendios forestales. La pregunta es sencilla. ¿No puede este Gobierno gestionar dos crisis a la vez?

¿Basta un incendio en la península para que una ciudad española sea invadida sin que nadie se dé cuenta?

Había señales previas. Las llegadas a nado se habían disparado durante las semanas y los días anteriores. La sentencia del Tribunal Supremo que limitaba las devoluciones en caliente por vía marítima era conocida. Las advertencias sobre la debilidad de los espigones y la falta de medios se habían reiterado.

Nada de eso bastó. Tres ministerios fallaron con estrépito a la hora de prever, detectar e impedir una clara amenaza a la soberanía nacional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que "nadie" les avisó. Esa afirmación, que pretende exculparle de toda responsabilidad, constituye una acusación implícita al Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Si el CNI no detectó una operación de esta magnitud, sus responsables deben ser destituidos de inmediato.

Lo mismo cabe exigir en los tres ministerios clave: Interior, Defensa y Exteriores.

La incompetencia no puede quedar sin consecuencias. Sánchez destituyó a una ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, cuando se lo exigió Marruecos. ¿La lealtad del Gobierno es con Rabat o con la defensa de la integridad territorial española? Ambas opciones son incompatibles.

La respuesta a la crisis confirma el fracaso del Gobierno español. Quienes se han marchado de Ceuta lo han hecho de forma voluntaria empujados por la falta de comida. Quienes han querido quedarse, se han quedado. La decisión ha dependido de ellos, no del Gobierno.

Las cifras oficiales de salidas (48.300 el viernes por la tarde, según Interior; 69.500 y hasta 73.500 según fuentes policiales posteriores) superan las de entradas de la avalancha y obligan a incluir llegadas previas y posibles cruces múltiples.

Mientras tanto, vecinos, comerciantes y vídeos siguen mostrando grupos masivos de inmigrantes en calles, colinas y periferia. El delegado del Gobierno ha admitido que "queda mucha menos gente", pero va a mantener casi tres mil efectivos "el tiempo que sea necesario".

La normalidad que se proclama no existe en la realidad. Es sólo relato, retórica y manipulación de los hechos.

El Gobierno ha exculpado a Marruecos de la invasión. Ha preferido hablar de mafias y culpar indirectamente al Tribunal Supremo. En cambio, se ha enfrentado a veintidós países de la Unión Europea que han cuestionado su gestión y ha calificado de insolidarios a socios que han aportado a España unos 170.000 millones de euros en fondos europeos. Con todo ese dinero, el Ejecutivo no ha sido capaz de garantizar la integridad de una frontera exterior de la Unión ni de reforzar a tiempo un perímetro que llevaba años denunciado como vulnerable.

El rey Felipe VI ha intervenido por segunda vez en su reinado en una emergencia nacional de esta gravedad. La primera fue en octubre de 2017, durante el procés. Ahora ha expresado su "indignación" y ha recordado la obligación del Estado de velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y de evitar que hechos como estos se repitan.

Ese mensaje no puede quedar en una nota protocolaria. Exige hechos y asunción de responsabilidades.