Ceuta no se fue a dormir ayer viernes más tranquila de lo que había amanecido. Miles de ciudadanos pasaron este viernes encerrados en sus casas a cal y canto y la inmensa mayoría de los comercios decidieron permanecer cerrados durante todo el día.
Grupos de ilegales siguen deambulando por las calles y los parques de Ceuta, los vecinos se atrincheran y relatan en los medios y en las redes hostilidad, intentos de okupación y la sensación de haber perdido el control de su propia ciudad.
Los vídeos que llegan desde Ceuta muestran escenas de emergencia y peligro latente, no de "calma tras la batalla".
Mientras tanto, por la mañana y a lo largo de toda la tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó un relato de retornos masivos y normalidad recuperada. Las cifras oficiales hablan de unas 50.000 entradas y de casi 48.000 personas que ya habrían regresado a Marruecos.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha manejado sin embargo cifras superiores y no ha hablado de retornos confirmados.
En ausencia de recuentos independientes y ante el desbordamiento total de la frontera durante horas, esas cifras deben tomarse con la prudencia que exige la experiencia: Sánchez ha demostrado en el pasado no tener problemas para mentir abiertamente en situaciones de extrema gravedad y las crecientes críticas europeas le otorgan un incentivo poderoso para presentar el escenario más favorable posible a su relato.
Lo que no admite discusión es la realidad vivida por los ceutíes. La visita relámpago del presidente del Gobierno no sirvió ayer viernes para transmitir seguridad. Es más, fue recibida con pitidos e insultos masivos. Esa es la realidad.
La adjudicación por parte de Sánchez de la culpa de la invasión a las mafias de la inmigración y a la sentencia del Tribunal Supremo, junto a la negativa a declarar la emergencia nacional que reclamaban el propio Ejecutivo local y la Junta de Portavoces, ha dejado a una ciudad de 84.000 habitantes con una sensación clara de abandono.
Cuando los vecinos describen su ciudad como "un desierto lleno de zombis" o "la peor de las pesadillas", y cuando las fiestas patronales se suspenden y los comercios bajan persianas por miedo, el relato de la "calma" y la "tranquilidad" se derrumban por su propio peso. Si el Estado no demuestra autoridad, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado cae a plomo y genera la sensación de que los ciudadanos están solos frente al invasor.
La misma percepción que se tiene en Ceuta del fracaso de Sánchez, de su imprevisión y de su dejadez, ha cruzado ya las fronteras de España y ha puesto en evidencia el límite de la paciencia europea. Giorgia Meloni ha dicho: "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas".
Italia no se ha limitado a las palabras. Su gobierno ha suspendido temporalmente el régimen Schengen con España en vuelos y ferris, restaurando controles documentales. El propio Gobierno italiano ha presentado la medida como necesaria "para salvaguardar la seguridad nacional".
Donald Tusk ha sido igual de claro: "España debe tomar ejemplo de nosotros si Schengen quiere sobrevivir". Polonia, que ha invertido miles de millones y desplegado miles de efectivos en su frontera oriental, es un espejo incómodo para España. Si una buena parte de Europa ha hecho los deberes frente a la inmigración ilegal, ¿por qué debe pagar en carne propia por la irresponsabilidad de Sánchez?
En Alemania, el canciller Friedrich Merz ha exigido que España recupere el control "lo antes posible" y que Marruecos readmita de inmediato a los que entraron de forma irregular.
Francia, aunque más mesurada por sus tradicionales lazos diplomáticos con Marruecos, con quien muchas veces ha hecho pinza contra España y los intereses españoles, ha ordenado el refuerzo inmediato de su frontera con España y activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida. Emmanuel Macron ha ofrecido apoyo a través de Frontex, pero no ha dejado de tomar precauciones propias frente al caos generado por el gobierno español.
La Comisión Europea, por su parte, ha calificado las imágenes de Ceuta de "inaceptables", lo más parecido a un fuerte reproche que la tradicionalmente blanda diplomacia bruselense es capaz de producir.
Varios Estados miembros, como Finlandia, Suecia o la propia Italia, han planteado además dudas sobre la permanencia de España en el espacio de libre circulación.
Cuando un episodio en un enclave de 18,5 kilómetros cuadrados genera amenazas de exclusión de Schengen, cierres preventivos de fronteras entre socios y llamadas a militarizar el control exterior, el problema ya no es solo ceutí. Es un problema de credibilidad de España ante Europa y el mundo.
Sánchez ha preferido el relato ("ataque a la integridad territorial", "mafias", "cooperación ejemplar con Marruecos") a la contundencia, la transparencia y la eficacia. Ha retrasado medidas, ha rechazado la emergencia nacional y ha confiado en que el control del mensaje bastaría para apagar el incendio. También se ha negado a reconocer lo obvio: que la soberanía española ha sido atacada por Marruecos con tácticas de guerra híbrida.
El resultado está a la vista: los ceutíes no se sienten más seguros y Europa ha empezado a actuar por su cuenta contra España.
Ni siquiera Pedro Sánchez puede sinceramente creer que esto es un éxito de gestión. Ceuta sigue abandonada hoy al pairo y España, más lejos de la UE que nunca en la historia de la democracia.
