El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su última reunión antes del parón veraniego y con la mayor parte de los españoles de vacaciones, cinco indultos parciales.

Tres de ellos afectan a condenados por corrupción. El más escandaloso políticamente es el concedido a Laura Borràs.

La expresidenta del Parlament y antigua líder de Junts fue condenada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años, seis meses y un día de prisión, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.

Los hechos son claros: entre 2013 y 2018, mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, Borràs fraccionó dieciocho contratos menores por un valor total de 335.700 euros para adjudicarlos de forma irregular a un amigo personal.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero de 2025 y rechazó expresamente la aplicación de la amnistía al considerar que los hechos no guardaban relación alguna con el proceso independentista.

Se trataba, por tanto, de un caso ordinario de corrupción política.

Es cierto que el propio tribunal sentenciador propuso un indulto parcial que dejara la pena de prisión en dos años, al estimar desproporcionada la duración impuesta. Pero la Fiscalía se opuso con contundencia: no había arrepentimiento y se trataba de un delito de abuso de poder.

El Gobierno ha pasado por encima de ese informe y ha concedido exactamente lo que pedía el tribunal catalán. Borràs evita así el ingreso en prisión.

Junto a ella, el Ejecutivo ha indultado parcialmente a Juan Fernández Gutiérrez, exalcalde de Linares, del PSOE, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por malversar 125.377 euros en sobresueldos procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista, y a Natalio Grueso, exdirector de la Fundación Niemeyer, también muy cercano al PSOE, condenado a ocho años por malversación y falsedad documental en beneficio propio y de su entorno.

Estos tres indultos no son actos de gracia aislados. Forman parte de un patrón. El Gobierno ha utilizado la amnistía para los condenados del procés, ha visto cómo el Tribunal Constitucional vaciaba de contenido las condenas de los ERE contra varios políticos socialistas (el mayor caso de corrupción de la historia de la España democrática) y ahora recurre al indulto parcial para beneficiar a una dirigente de un partido cuyo apoyo es imprescindible para mantener la mayoría parlamentaria, y a dos condenados más del entorno socialista.

La coincidencia no es casual.

El mensaje que se envía es inequívoco: la corrupción tiene consecuencias salvo cuando el condenado resulta políticamente útil o pertenece al ecosistema del sanchismo. El discurso con el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa (regeneración, tolerancia cero con los corruptos, "no indultaré a ninguno") queda reducido a retórica vacía.

Lisa y llanamente, Sánchez no ha luchado contra la corrupción: la ha indultado de forma sistemática. Sobre todo, cuando le beneficiaba a él personalmente.

La facultad de gracia, legítima en abstracto, se ha convertido por tanto en la España de Pedro Sánchez en un instrumento de ingeniería política. Con Sánchez, la corrupción sale gratis si eso contribuye a mantener al presidente un poco de tiempo más en la Moncloa.

Más grave aún es el precedente que se consolida. Si hoy se indulta a una condenada por prevaricación y falsedad porque su partido sostiene, mal que bien, al Gobierno, ¿qué impedirá mañana indultar a José Luis Ábalos, a Koldo García, al exfiscal general del Estado, a David Sánchez, o a Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán en el caso de que resulten condenados?

El camino queda abierto. La lógica del poder se ha impuesto a la lógica de la igualdad ante la ley. ¿Cómo piensa evitar Sánchez que los españoles interpreten que la casta política tiene patente de corso para la corrupción si es indultada de forma habitual, dejando las sentencias de los jueces en papel mojado?

Que esta decisión se haya adoptado de forma casi clandestina, en el último Consejo de Ministros del curso y mientras el país está de vacaciones, sólo acentúa la sensación de que Sánchez actúa con la certeza de que el coste político será menor.

No se trata de tres indultos técnicos. Se trata de la confirmación de que, en la España de 2026, la corrupción política puede quedar sin el castigo efectivo de la prisión cuando le conviene a quien ocupa el Gobierno.