La pregunta del titular de este editorial es menos retórica de lo que puede parecer a primera vista.

Porque el proyecto de ley antitabaco impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, y aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de julio, amplía de forma notable los espacios en los que estará prohibido fumar y vapear: terrazas de bares y restaurantes, playas, parques nacionales, instalaciones deportivas, campus universitarios, marquesinas y un perímetro de quince metros alrededor de numerosos edificios públicos.

La norma equipara además los cigarrillos electrónicos, las bolsitas de nicotina y otros productos relacionados al tabaco convencional.

La ley española se convertirá así en la regulación más restrictiva de la Unión Europea en lo que se refiere a espacios de ocio al aire libre.

Un solo ejemplo. Francia, que desde julio de 2025 prohíbe fumar en playas, parques, jardines públicos y alrededores de colegios, ha dejado expresamente fuera las terrazas de la hostelería.

Suecia, el otro referente europeo en rigor antitabaco, sí veta el consumo en terrazas desde 2019, pero lo hace en un país con tasas de tabaquismo ya muy bajas y una cultura de cumplimiento normativo distinta.

España combina lo más estricto de ambos modelos y lo supera en alcance. El resultado es una norma ambiciosa en su objetivo sanitario, pero también problemática en su aplicación y en el modelo de Estado que implica.

Lo cierto es que siempre se pueden encontrar argumentos para justificar una prohibición estatal concreta. El tabaco causa decenas de miles de muertes al año; el humo molesta a no fumadores; las colillas ensucian las playas; los menores merecen protección. Todo eso es cierto.

El problema no reside tanto en la medida particular como en el patrón que la sostiene: un Estado que asume la tarea de tutelar cada vez más aspectos de la vida cotidiana del ciudadano. Azúcar en las máquinas de café, bebidas energéticas, publicidad de alimentos, alcohol… La lista de restricciones crece con la misma lógica paternalista.

Cuando el poder público decide qué se puede hacer en cada metro cuadrado de espacio compartido, deja de ser un árbitro de la convivencia para convertirse en un supervisor permanente.

Ese es el Estado helicóptero. Paternalista, moralista, autoritario y censor de todos y cada uno de los espacios de autonomía personal de hasta el último de sus ciudadanos, amparado en el pretexto de su "protección".

La pregunta brota sola. ¿Quién vigilará el cumplimiento de la norma en una playa saturada de agosto, en una terraza a las dos de la madrugada o a quince metros de la puerta de un museo?

¿Se dotará a los ayuntamientos de más inspectores?

¿Se convertirá a los camareros y a los socorristas en agentes de la autoridad?

Una ley que no puede hacerse cumplir de forma razonable no sólo genera frustración, sino que erosiona el respeto general a las normas. El desplazamiento del consumo a aceras, portales o domicilios privados no resuelve el problema de fondo y puede agravar otros, como la limpieza urbana o la exposición al humo en espacios cerrados.

Tampoco ayuda que la responsabilidad de hacer cumplir la prohibición recaiga en buena medida sobre la hostelería, un sector que ya soporta múltiples cargas regulatorias y que constituye uno de los pilares del empleo y del turismo. Convertir a los empresarios en vigilantes de la conducta de sus clientes no es una política pública razonable, es sólo una chapuza.

La experiencia de 2010 demostró que las restricciones en interiores fueron asumidas con relativa normalidad. Extenderlas de forma tan amplia a los exteriores, sin un debate suficiente sobre los costes y los medios de aplicación, es otra cosa.

Y no se trata de defender el tabaquismo ni de minimizar sus daños. Se trata de preguntarse qué tipo de sociedad queremos. Una de adultos responsables, capaces de decidir y de asumir las consecuencias de sus actos, o una de ciudadanos perpetuamente tutelados, en la que el Estado decide qué es aceptable y qué no lo es.

La ley de Mónica García, por muy loable que sea su pretensión de proteger la salud pública, refuerza el segundo modelo. Y eso, a medio y largo plazo, resulta más costoso para la libertad que el humo de un cigarrillo en una terraza.