La escenografía desplegada este miércoles en La Línea de la Concepción, con el inicio de la demolición física de la Verja de Gibraltar, ha sido utilizada por el Gobierno para proyectar una imagen de triunfo "histórico".

Pero bajo el eslogan de Pedro Sánchez sobre la caída del "último muro de la Europa continental" se esconde una letra pequeña mucho más compleja que la propaganda gubernamental evita analizar.

Es indiscutible que el inicio de la libre circulación de personas en Gibraltar supone una noticia positiva.

La eliminación de los controles terrestres diarios permitirá el fin de las colas kilométricas y un alivio inmediato para los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que dependen del Peñón, ofreciendo un marco de certidumbre diaria largamente esperado a ambos lados de la Línea.

Pero la retirada de la barrera física no es suficiente por sí sola para solucionar los profundos desequilibrios de la zona, que son de índole más bien económica, y producto de la asimetría entre un territorio que ha funcionado como un paraíso fiscal y una de las comarcas con mayor tasa de desempleo de España.

Sin una convergencia real, la apertura total corre el riesgo de consolidar la posición dominante de la economía gibraltareña sobre su entorno andaluz.

Es verdad que el tratado incluye un marco de armonización fiscal para corregir esta situación. Pero el nuevo IVA que aplicará Gibraltar se fija en un 15%, todavía muy lejos del 21% que soporta el resto del territorio español.

Y aunque el acuerdo prevé que esta brecha se reduzca de forma escalonada en el futuro, el texto carece de garantías reales y de mecanismos de obligatoriedad que aseguren que la convergencia fiscal plena llegue a materializarse.

Esta deficiencia no es el único aspecto en el que el statu quo resultante beneficia sustancialmente a Londres. Lo cual se explica en gran medida por el hecho de que la supresión de la frontera terrestre se haya pactado cuando Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, y no durante las décadas en las que Londres formaba parte de la comunidad.

El otro ámbito en el que el acuerdo concede a Reino Unido una situación incluso más ventajosa que la que disfrutaba antes del brexit es el de la soberanía, al entrañar un reconocimiento tácito de su titularidad sobre un territorio cuya devolución reclama España, y que las Naciones Unidas mantienen bajo la consideración de territorio sujeto a descolonización.

Sobre el papel, el texto incorpora fórmulas de salvaguardia jurídica en las que se declara que ninguna de las partes renuncia a sus respectivas posiciones sobre la soberanía.

Pero, en la práctica, la reclamación española queda en suspenso de manera indefinida, blindando de facto la soberanía británica sobre el Peñón.

Un acuerdo de esta trascendencia, que afecta de forma directa a la soberanía nacional, no debería haberse sustraído bajo ningún concepto al control parlamentario, tal como ha denunciado la oposición.

Para evitar la ratificación por las Cortes que la Constitución dispone para los tratados de carácter político o militar, el Gobierno ha recurrido a una fórmula jurídica que permite tramitar el pacto como un acuerdo suscrito entre la UE y el Reino Unido, del que España queda excluida como firma directa.

Pero este tratado representa, a la postre, un cambio de fondo en la posición histórica que España ha mantenido de forma consensuada sobre la cuestión de Gibraltar.

Al igual que ocurrió con el giro unilateral respecto al Sáhara Occidental, el Gobierno de Sánchez vuelve a modificar de manera discrecional la política exterior tradicional de nuestro país sin contar con los representantes de la soberanía nacional.