La izquierda política, las organizaciones sindicales y las terminales mediáticas del progresismo han desplegado estos días una agresiva campaña contra Alberto Núñez Feijóo, a colación de su reciente denuncia del incremento del absentismo laboral en España.

El líder del PP calificó el fenómeno como "un cáncer que no podemos pagar". La respuesta en tromba, incluyendo al presidente del Gobierno, ha sido acusar a Feijóo de "demonizar" las bajas médicas y de querer "recortar el sueldo de los trabajadores enfermos".

Pero esta controversia se está alimentando de forma puramente demagógica. La envergadura de la situación denunciada por Feijóo es tal que resulta imposible negar que España padece un problema estructural con el absentismo.

Resulta paradójico que el propio Ejecutivo se rasgue ahora las vestiduras, cuando ha sido el primero en reconocer la gravedad del problema.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no sólo se comprometió en su día a activar un observatorio específico para el seguimiento de las bajas, sino que está firmando convenios con las comunidades autónomas para facilitar que las mutuas colaboren de forma más intensa en la recuperación de los trabajadores.

Más aún, en octubre de 2024, la ministra Elma Saiz propuso un modelo de "reincorporación gradual anticipada" para pacientes de baja por patologías graves como el cáncer o el ictus, con el fin de aliviar las cargas del sistema.

Refriegas partidistas al margen, hay una serie de datos que son indiscutibles.

Alrededor de 1,6 millones de trabajadores faltan cada día a su puesto de trabajo en España, casi el 7% de la población ocupada.

La tasa de absentismo ha aumentado un 53% desde el año 2020.

Las bajas médicas por contingencias comunes no sólo se han disparado cuantitativamente en la última década, sino que también ha crecido su duración media en seis días.

Y las estadísticas comparativas confirman que España está a la cabeza de la Unión Europea tanto en el índice de absentismo como en la duración de los permisos.

Distintos estudios y organismos públicos independientes, como la AIReF y el Banco de España, han coincidido en señalar el absentismo como uno de los principales problemas de la economía nacional.

Su impacto es severo tanto en el sector privado, que acusa unos costes inasumibles para las empresas, como en el sector público, con un impacto global de 33.000 millones de euros al año.

Esta tendencia tiene un efecto directo en la baja productividad que arrastra nuestra economía y, por consiguiente, en los bajos salarios que perciben los empleados. Pero también tensiona gravemente las cuentas del Estado, pues el gasto público en prestaciones por incapacidad temporal se ha incrementado un 200% en la última década.

Los críticos esgrimen que la inmensa mayoría de las ausencias cuentan con justificación médica y que nadie se coge la baja por gusto.

Y es evidente que el problema no reside en las bajas laborales en general, sino en las bajas fraudulentas.

Pero existen varios hechos significativos que apuntan a que la realidad es algo más compleja de lo que pintan quienes invocan sin más la incuestionabilidad del criterio clínico.

Hechos como que, según ha subrayado el presidente de ATA, la incidencia de las bajas entre los asalariados sea 4,5 veces superior a la de los autónomos, habiéndose reducido entre los segundos mientras se ha duplicado entre los primeros.

O que el absentismo sea estructuralmente más alto entre los funcionarios que en la empresa privada.

O que las mutuas hayan certificado que el inicio de las bajas se concentra de forma masiva los lunes.

O que durante el peor momento de la pandemia, el promedio diario de ausencias fuera de 1,2 millones de personas, mientras que hoy, sin crisis sanitaria global, se alcancen los 1,6 millones diarios.

Estos factores evidencian un descontrol en el sistema de bajas español que, por los vicios de su diseño, desincentiva además las altas.

El exceso se explica en gran parte por la descoordinación entre las administraciones autonómicas, y entre la Seguridad Social y los facultativos.

Y la falta de una supervisión efectiva se agrava por la saturación de la Atención Primaria y las listas de espera, que impiden una detección temprana de las patologías y retrasan la recuperación de los trabajadores.

Pero también influye una legislación laboral excesivamente garantista con el trabajador, aprobada al calor del mismo discurso demagógico que hoy se emplea contra la oposición.

Todas estas cuestiones son las que se deberían abordar y revisar sin apriorismos ideológicos.

Es necesario explorar medidas de gestión como las puestas en marcha por la Xunta de Galicia.

Alfonso Rueda ha creado unidades especializadas de inspección médica que derivan de forma prioritaria a los trabajadores de baja a circuitos asistenciales rápidos para pruebas y cirugías, acelerando su retorno al puesto de trabajo. Y ha vinculado el complemento de productividad de los médicos de Atención Primaria al control de los plazos estándar de curación fijados por la Seguridad Social.

Se ha acusado a la postura de Feijóo de pretender un recorte de los derechos de los ciudadanos. Pero evitar las bajas fraudulentas no es desproteger al trabajador, sino todo lo contrario.

Combatir la picaresca y el abuso es la única vía para asegurar la viabilidad económica del sistema de protección social. Y sólo garantizando la sostenibilidad de los recursos públicos se podrá atender con la calidad y la agilidad necesarias a los empleados realmente necesitados de las bajas.