La leve remontada en los sondeos que Pedro Sánchez había conseguido hace apenas unas semanas, al amparo de una intensa campaña de promoción internacional, se ha frustrado con la irrupción del caso Zapatero.

El impacto de la investigación judicial al expresidente se ha sumado al descalabro sufrido por el PSOE en las elecciones andaluzas. Y juntos han alterado de forma drástica el escenario político, desbaratando la estrategia de posicionamiento global con la que Moncloa pretendía encarar el resto de la legislatura con vistas a las próximas elecciones.

Aparentemente indiferente a ambos varapalos, el presidente del Gobierno no contempla una modificación en su hoja de ruta.

La consigna en la Moncloa sigue siendo la resistencia a toda costa, y fiar la amortiguación del impacto a maniobras de distracción exterior, empezando por la inminente visita del Papa a España.

El objetivo es desviar el foco mediático de los tribunales, donde al presidente le espera un sombrío horizonte en las semanas venideras, y proyectar una imagen de normalidad institucional.

Pese a la voluntad de Sánchez de blindarse en un ejercicio de huida hacia delante, su empeño por prolongar el mandato encuentra cada vez mayor contestación entre sus socios de investidura. Pero también en sectores significativos de su propia formación política.

Los aliados parlamentarios han marcado distancias desde la imputación de Zapatero, con Esquerra Republicana cuestionando la viabilidad de la legislatura, y el PNV calificando de "irresponsable" estirar el mandato de Sánchez más allá de este año.

Es cierto que estos reproches se formulan con la boca pequeña, dado que ninguna de estas formaciones se muestra dispuesta a facilitar una moción de censura.

Pero resultan relevantes en la medida en que, al alimentar un clima de opinión contrario a la continuidad de un Gobierno acorralado y paralizado, contribuyen al desgaste del presidente.

La crítica de mayor trascendencia institucional ha procedido del presidente de Castilla-La Mancha, que ha vuelto a exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, o que convoque elecciones generales.

El contundente pronunciamiento de Emiliano García-Page acerca del "momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia" se añade así a la petición de un adelanto electoral formulada el día anterior por Felipe González.

La reacción del PSOE sanchista a estas voces críticas, asumida por el ministro Óscar Puente en su ridiculización de la solicitud de González, es un fiel reflejo no sólo de la aversión al debate interno, sino también del desdén con que los cuadros actuales tratan a la vieja guardia de su partido.

Un desdén que quedó sintetizado cuando, hace unos años, Puente situó a García-Page en el "extrarradio del partido". Los hechos atestiguan, sin embargo, que quien se ha desplazado de la centralidad es la actual dirección sanchista.

Pero la respuesta de Ferraz ha consistido en restar trascendencia a estas críticas retratando a figuras como Page, González, Alfonso Guerra o el fallecido Javier Lambán como elementos periféricos sin influencia real.

Y es una realidad que ninguno de ellos forma parte del núcleo orgánico del partido que toma hoy las decisiones.

Pero a este respecto conviene distinguir entre el ejercicio del poder y la posesión de la autoridad.

Después de haber laminado todo contrapeso interno, Pedro Sánchez ostenta indiscutiblemente el poder orgánico e institucional del PSOE. Pero eso no significa que cuente con el capital político popular y la autoridad moral que atesoran sus críticos.

De ahí la falsedad de considerar que González "ya no es un referente" para el partido, como verbalizó Ferraz hace unos meses.

Porque no sólo hay que recordar que González, al igual que Page, son tan parte del PSOE como cualquier otro militante. Sino que cabe afirmar que son incluso más representativos de la tradición mayoritaria del socialismo español y están más autorizados para hablar en su nombre que la propia directiva actual del partido.

Mientras que la trayectoria de Pedro Sánchez se caracteriza por encadenar derrotas en las urnas, Felipe González cosechó cuatro victorias electorales, tres de ellas con mayoría absoluta. Y García-Page es uno de los pocos barones socialistas que retiene un gobierno regional en el actual mapa autonómico, siendo además el único que lo ha logrado con mayoría absoluta.

Haría bien Sánchez en no desoír las demandas de los socialistas disidentes que piden devolver la palabra a los ciudadanos, evitando una perpetuación insensata que, además de perjudicial para el país, es altamente lesiva para sus propias siglas.

Porque, a la luz de una comparativa entre biografías políticas, resulta mucho más creíble que quien está mirando por el bien del PSOE sean quienes, aunque críticos, han conseguido mejorar sus resultados. Y no quien lo ha hundido a fuerza de supeditarlo a su interés personal.