Este fin de semana, EL ESPAÑOL ha publicado los detalles de dos informes (los números 1907/26 y 1908/26) de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, que sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la investigación sobre la trama que llevó en marzo de 2021 al rescate irregular por 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente aparece mencionado en 210 ocasiones. Los documentos policiales le describen como el "liderazgo estratégico no visible" de una estructura "estable y jerarquizada de tráfico de influencias", y detallan un mensaje suyo fechado el 31 de julio de 2021: "En tiempo y en forma. Exitosa gestión".

La frase alude, según la UDEF, a las presiones ejercidas ante las autoridades venezolanas para obtener permisos de vuelo de la compañía. Es sólo uno de los muchos que aparecen en ambos informes y que revelan un modus operandi que no es, desde ningún punto de vista, el de un mero lobista.

El juez José Luis Calama, en un auto de 85 folios, le ha atribuido al expresidente del Gobierno del PSOE los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y le ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Además, las comisiones presuntamente percibidas por Zapatero y su entorno ascienden ya a cuatro millones de euros, canalizados en parte a través de sociedades instrumentales, incluida una en Dubái, y a la empresa de sus hijas, What The Fav SL.

Estos datos no son mera anécdota judicial. Representan un punto de inflexión irreversible en la trayectoria de Zapatero, pero también en la de Pedro Sánchez. Porque el presidente del Gobierno ha llegado ya al final de su escapada. Una escapada cuyo único objetivo ha sido atrincherarse en el poder frente a todo y todos.

Durante años, la respuesta de Sánchez a cada escándalo (Koldo, Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, Ábalos, Cerdán, el fiscal general del Estado, el propio Zapatero) ha consistido en la huida hacia delante: elevar la apuesta ideológica, refugiarse en la política internacional (Israel,Trump, cumbres globales) y buscar hombres de paja externos: la ultraderecha, los periodistas, los jueces, la oposición, los empresarios e incluso los propios ciudadanos españoles.

Pero esa táctica, la del "muro", la que le ha permitido atrincherarse en la Moncloa con un gobierno que no gobierna y sin Presupuestos desde hace tres años, se ha agotado.

Ahora, el escándalo alcanza al propio mentor de Pedro Sánchez, a su verdadero jefe de gabinete en la sombra y al principal ideólogo, por motivos que ahora sabemos oscuros, de la política exterior española.

Pero también a su propio Gobierno.

A Sánchez ya no le quedan figuras intocables que sacrificar ni distracciones creíbles.

La huida hacia delante se ha convertido, además de imposible, en irresponsable.

El propio PNV, socio parlamentario leal hasta ahora, lo ha verbalizado con claridad. Su presidente, Aitor Esteban, ha dicho este domingo en Durango: "Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".

Luego, ha añadido: "Aquí no vale todo". La imputación de Zapatero, según Esteban, es "muy seria" y "grave".

No se trata de una declaración genérica de preocupación. Es la constatación de que el bloque de investidura se resquebraja. Junts y ERC modulan su apoyo en privado. El Ejecutivo no puede ya aprobar leyes relevantes, carece de Presupuestos y gobierna sólo en modo supervivencia, contando una a una las horas que Sánchez consigue mantenerse en la Moncloa a costa de todo lo demás: su gobierno, su partido, sus alcaldes, sus barones, su país y sus ciudadanos.

Los argumentos para sostener que Sánchez aún controla la situación se han vuelto insostenibles. Ni siquiera sus medios muestran ya la rocosa ceguera frente a la corrupción que hasta ahora le permitía a Sánchez fingir que no pasa nada. La parálisis institucional es objetiva: el Congreso tramita cada vez menos iniciativas del Gobierno; la deuda pública sigue creciendo sin un marco presupuestario claro; y la confianza inversora se erosiona ante la percepción de inestabilidad crónica.

La corrupción, además, no es periférica. Rodea al núcleo del poder (su familia, sus ministros, ahora el expresidente).

Defender la presunción de inocencia es legítimo. Pero esa presunción, que es un concepto jurídico, no periodístico ni político, no requiere que los españoles suspendan su incredulidad y que, frente a la avalancha de casos de corrupción que rodean al presidente y la montaña de evidencias en su contra, lo atribuyan todo a una gigantesca casualidad o a una enorme conspiración.

La presunción de inocencia exige pruebas, no ceguera voluntaria.

La presunción de inocencia, en fin, no puede convertirse en un escudo político para bloquear la acción de la justicia y evitar rendir cuentas ante el Parlamento. Eso es otra cosa, y roza la obstrucción a la separación de poderes, además de la negación de la misma alternancia democrática que es la esencia de la democracia.

Si Sánchez insiste en prolongar la legislatura hasta 2027, como repite públicamente, incurre en un riesgo que trasciende lo partidista. España no puede permitirse un líder percibido como dañino por amplios sectores de la sociedad, los mercados y sus socios europeos. Como publica hoy EL ESPAÑOL, tres de cada cuatro españoles, incluida la mayoría de los votantes del PSOE, exige elecciones generales frente al estado de degradación provocado por la corrupción.

Un 71% de los españoles, incluido el 44% de los votantes del PSOE, cree además que Sánchez debe suspender de militancia a Zapatero mientras esté imputado.

El temor razonable de muchos ciudadanos (y no solo de la oposición) es que alguien tan inmerso en la dinámica de la huida acabe provocando un daño estructural sin marcha atrás: mayor aislamiento internacional, fractura institucional, pérdida de credibilidad económica o incluso una crisis de gobernabilidad que desborde los cauces democráticos.

La historia reciente de nuestro país demuestra que, cuando se superan ciertos umbrales de erosión de la confianza, la corrección ya no es indolora. Es probable que en España hayamos superado ya ese punto de no retorno.

La responsabilidad de Sánchez es directa. No sólo porque el rescate de Plus Ultra se aprobó bajo su mandato, sino porque ha elegido blindar a Zapatero y descartar cualquier adelanto electoral. Esa decisión ya no es la defensa de un compañero. Es una apuesta por la supervivencia personal a costa de la estabilidad del país.

El Estado de derecho no es un estorbo, es el fundamento de la convivencia. Devolver la palabra a los ciudadanos mediante elecciones anticipadas no sería una rendición (aunque Sánchez es libre de interpretarlo como quiera), sino un acto de higiene democrática elemental. Cualquier otra opción que no sea convocar elecciones anticipadas, cualquiera, conduce a una mayor degradación de la convivencia y de la misma democracia.

España ha demostrado en el pasado una extraordinaria capacidad de recuperación. Pero para recuperarse necesita un Gobierno que gobierne, no que sobreviva frente a sus propios ciudadanos. Pedro Sánchez ha superado su propio punto de no retorno. Prolongar la agonía sólo multiplicará el coste para todos, incluido él. Sánchez ya se ha pasado de frenada, pero el castigo será mayor, política y personalmente, cuanto más retrase la llamada a las urnas.

Es hora de que los españoles decidan si quieren seguir viviendo cuatro años más en esta España.