Si las próximas elecciones generales se perfilan como las más determinantes de la historia de la democracia española, la cita de este domingo en Andalucía marca el inicio de esa hora de la verdad.
Las urnas andaluzas no sólo decidirán quién gobierna será el próximo presidente de la Junta de Andalucía. También fijarán el marco político en el que se desarrollará la competición electoral nacional de los próximos meses.
Las elecciones del 17 de mayo funcionarán, por tanto, como la primera vuelta de las generales. La comunidad autónoma más poblada del país será el tablero donde se medirá la vigencia de dos modelos antagónicos, personificados en los dos candidatos que más se parecen a sus respectivos líderes nacionales.
Juanma Moreno (el espejo en el que Alberto Núñez Feijóo ha reconocido mirarse) encarna un perfil de gestión previsible y moderación que busca ensanchar el partido por el centro.
María Jesús Montero, la fiel escudera de Pedro Sánchez en los últimos años, representa, por el contrario, la vía de la agitación y la confrontación directa para polarizar el electorado, absorber el voto de la izquierda radical y frenar el avance de la derecha.
El problema es que aunque Montero es la candidata más adecuada para ejecutar la estrategia de crispación que demanda Sánchez, es la peor opción posible en términos de credenciales políticas.
La vicepresidenta llega a las urnas con el lastre de haber impulsado la financiación singular para Cataluña, percibida en el sur como un agravio territorial, y tras haberse demostrado incapaz de presentar siquiera unos Presupuestos Generales.
No extraña, por tanto, que las perspectivas para el socialismo andaluz sean mediocres.
Según el último sondeo de la campaña, elaborado por SocioMétrica y publicado por EL ESPAÑOL este lunes, la única aspiración real de Montero es evitar el peor resultado histórico del PSOE en la región.
La encuesta sitúa a Montero en los 27-28 escaños, luchando por no perforar el suelo electoral que ya registró Juan Espadas con su 24,1% de los votos en 2022.
Esta situación, congruente con la constatada en el resto del ciclo electoral vigente, arroja un marcado cambio de paradigma: el PSOE ya no sale a ganar, sino a contener la sangría.
Y cuando el partido que ha gobernado Andalucía durante casi cuatro décadas se limita a una estrategia defensiva, se evidencia que ha perdido su conexión con la mayoría social.
En este escenario, y como avalan los datos, es el Partido Popular quien ha asumido la verdadera vocación transversal en Andalucía y en el resto de la política española.
En lo que va de 2026, el PP ha consolidado una hegemonía territorial incuestionable. En las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, los populares han logrado reunir más de uno de cada tres votos.
De confirmarse los pronósticos para Andalucía, el PP habrá encadenado cuatro citas electorales superando ampliamente el 33% del electorado.
Y más clara aún es la fuerza del bloque de la derecha.
En las tres últimas elecciones autonómicas, la suma de PP y Vox ha superado el 50% de los sufragios. Y el caso de Andalucía promete ser una réplica del fenómeno vivido en Extremadura el pasado febrero: graneros históricos del socialismo donde el bloque conservador se sitúa ya en el entorno del 60% del voto.
Salvo sorpresa mayúscula, el domingo Pedro Sánchez no sólo habrá perdido cuatro elecciones en apenas cinco meses. Su estrategia polarizadora habrá terminado por afianzar un cambio sociológico profundo.
Al desplazar al PSOE hacia posiciones enconadas y centrar su discurso en la exclusión del adversario, el presidente ha regalado al PP el espacio de la centralidad.
La cercanía de Juanma Moreno a la mayoría absoluta que pronostica SocioMétrica es la prueba más elocuente de este proceso. El presidente andaluz aglutina hoy un importante caudal de voto prestado de ciudadanos que, situándose en la socialdemocracia moderada, ven en él un gestor solvente frente a la inestabilidad y el encanallamiento nacional.
Gracias a la deriva de Sánchez, el PP se ha convertido, de facto, en el auténtico partido de centro de España. El domingo, Andalucía dictará sentencia sobre esta nueva realidad.
