El convulso manejo de la crisis del hantavirus en el crucero MV Hondius ofrece una triste constatación: los poderes públicos no han aprendido a dar una respuesta unitaria y resolutiva ante una emergencia sanitaria de alto impacto.

Seis años después de la mayor pandemia del siglo, la coordinación administrativa y la eficacia técnica siguen supeditadas a la confrontación política y a la improvisación logística.

La cronología de las decisiones contradictorias de los últimos tres días describe un preocupante desgobierno.

Tras una disputa inicial sobre la idoneidad de que el buque hiciera escala en España, el Gobierno central impuso el miércoles, de forma unilateral y en contra de la racionalidad médica, el atraque en Tenerife.

Sólo la firmeza del Ejecutivo canario, que se opuso a esta decisión alegando que el atraque en un muelle civil incrementaba el riesgo de exposición para la población y el personal portuario, ha permitido acordar este jueves una solución de mínimos. El crucero seguirá ruta hasta el archipiélago, pero no arribará a puerto, sino que quedará fondeado en la zona sur de Tenerife, frente a Granadilla de Abona.

El protocolo de evacuación diseñado por Sanidad y la OMS prevé una extracción blindada.

Los pasajeros serán trasladados desde el buque en embarcaciones auxiliares hasta la costa, para luego ser derivados en autobuses sellados directamente hacia la pista del aeropuerto de Tenerife. Desde allí serán repatriados a sus respectivos países de origen en aviones medicalizados.

Pero este operativo se enfrenta ahora a otro bloqueo.

Según informa hoy EL ESPAÑOL, el Gobierno de Canarias impedirá el desembarco de cualquier pasajero si no recibe antes su historial médico y los partes de evolución diaria de la salud de cada persona a bordo.

El ejecutivo autonómico exige tener acceso a los resultados de los controles y tests realizados durante la travesía para monitorizar la posible aparición de síntomas y confirmar la cadena de contagios.

Pero la información disponible hasta el momento es insuficiente.

El Gobierno de Canarias denuncia que ni el Ministerio de Sanidad ni la OMS están cumpliendo con la solicitud de remitir estos datos epidemiológicos actualizados.

Tampoco la Comunidad de Madrid, destino final de los 14 españoles que serán ingresados en el Hospital Gómez Ulla, dispone de información precisa sobre su estado clínico actual.

Esta incertidumbre ha llevado a los operarios del puerto tinerfeño, según reporta EL ESPAÑOL desde Granadilla, a amenazar con bloquear el acceso del Hondius al muelle, argumentando que las instalaciones no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión de un brote de alta letalidad.

Es lamentable que, con la salud pública en juego, las administraciones parezcan estar pasándose la bomba biológica entre ellas.

El escenario actual reproduce algunas de las dinámicas observadas durante la crisis de la Covid-19, caracterizadas por la descoordinación, la improvisación, la insuficiente información y la imprevisión.

La descoordinación no sólo es patente entre el Gobierno central y el autonómico. Se ha manifestado dentro del propio Consejo de Ministros.

La previsión del traslado de los catorce españoles al hospital militar Gómez Ulla ha hecho aflorar una discrepancia (atravesada por el conflicto competencial entre Sanidad y Defensa) a propósito de la cuarentena de los repatriados, que ha dejado una serie de versiones contradictorias entre Margarita Robles y Mónica García sobre la obligatoriedad o la voluntariedad del confinamiento.

La improvisación ha marcado los sucesivos cambios de criterio sobre la acogida del barco, que revelan la ausencia de un plan coherente.

El flujo informativo también ha sido deficiente. El Gobierno canario denuncia un vacío comunicativo sobre el estado real del brote a bordo. Y tampoco cuenta con detalles precisos sobre las características específicas de la variante Andes (ANDV), que requiere protocolos de aislamiento más estrictos al ser la única cepa de hantavirus con transmisión demostrada entre humanos.

Y la falta de previsión queda personificada en la incomparecencia de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Anunciada por Pedro Sánchez hace seis años para centralizar la respuesta a una crisis como la actual, la agencia sigue siendo un organismo fantasma, sin sede operativa y sin estatutos, incapaz de ejercer el mando único técnico que esta crisis requiere.

Aunque la escala epidemiológica del hantavirus no es comparable a la de la Covid-19, los paralelismos en la insatisfactoria gestión administrativa son insoslayables.

España vuelve a enfrentarse a un patógeno importado desde la fragilidad de los protocolos de bioseguridad, y con la misma debilidad en la cogobernanza que entonces.

Es imperativo que se resuelva la situación que denuncia el Gobierno de Canarias para evitar que se repitan los errores de transparencia del pasado.

Solo así se podrá demostrar que, como dictaba la propaganda gubernamental, efectivamente hemos salido mejores de la pandemia.