El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la proposición de ley que pretendía prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos españoles.

La iniciativa, impulsada por Vox y apoyada por el PP, ha caído en la primera votación, la de toma en consideración, por el voto contrario de PSOE, Sumar, y el resto de la izquierda parlamentaria, respaldados por los partidos nacionalistas y una miríada de siglas que han convertido el debate en un ritual de adhesión a los dogmas identitarios de la nueva ortodoxia progresista.

La Cámara ha perdido una ocasión de situar a España en la senda de otras democracias europeas que han entendido que el velo integral no es un simple accesorio religioso, sino un símbolo tangible de subordinación femenina, un problema de seguridad y un obstáculo para la convivencia.

Este diario sostiene que el burka, el niqab y otras prendas que ocultan el rostro constituyen una agresión frontal a la dignidad y a la autonomía de la mujer.

Es inaceptable, e impropio de una sociedad democrática del siglo XXI, que, en nombre de una concepción mal entendida de la tolerancia, se dé carta de naturaleza en el espacio público a un símbolo que consagra la invisibilidad femenina.

La libertad religiosa no puede erigirse en coartada para tolerar prácticas que contradicen el núcleo duro de los valores constitucionales: igualdad, libertad individual y plena ciudadanía de las mujeres.

La dignidad y la igualdad de la mujer no son optativas, ni "renunciables"; no son un menú a la carta que pueda negociarse en función de tradiciones, costumbres comunitarias o presiones familiares.

La izquierda española, que en otros terrenos se proclama adalid del feminismo más militante, se refugia aquí en un relativismo cultural que, lejos de proteger a las mujeres musulmanas, consolida su vulnerabilidad.

Ampararse en que "algunas lo eligen libremente" es ignorar el peso de las estructuras de poder dentro de determinados entornos comunitarios, y desentenderse de quienes no tienen capacidad real para decir no.

Convertir la defensa de la igualdad en un gesto selectivo (muy duro con el presunto "patriarcado" autóctono, extremadamente comprensivo con el ajeno) no es coherencia progresista.

Es puro cinismo político.

El burka plantea, además, serios problemas de orden público. El espacio público democrático descansa en un mínimo de visibilidad recíproca: ver y ser visto, reconocerse como iguales, compartir reglas básicas de identificación.

La ocultación total del rostro rompe ese pacto elemental. Afecta a la seguridad en el transporte, en los edificios oficiales, en la calle; dificulta la identificación, genera zonas de opacidad donde deberían primar la transparencia y la confianza cívica.

Defender una prohibición general del velo integral no es islamofobia, sino la extensión al conjunto de la ciudadanía de una regla básica: en la vida pública, todos somos identificables y todos jugamos con las mismas cartas.

Hay, por último, un argumento de convivencia e integración que la izquierda prefiere eludir. El burka y el niqab no sólo separan a la mujer de la mirada de los demás, sino que la encapsulan fuera del circuito ordinario de interacción social.

Una sociedad abierta exige rostro, gesto, contacto visual; exige una mínima reciprocidad que permita construir confianza entre desconocidos.

Una prenda que borra literalmente a la mitad de la población del paisaje público dificulta esa convivencia y refuerza lógicas de segregación comunitaria. No es casual que en muchos barrios europeos el velo integral se haya convertido en la punta de lanza de proyectos comunitaristas que rechazan la integración y reivindican la excepción permanente respecto a las normas comunes.

La experiencia de la Unión Europea demuestra que no se trata de un debate exótico, ni monopolio de la extrema derecha, como caricaturiza la izquierda española.

Francia, Bélgica, Austria, Bulgaria, Dinamarca o Suiza han aprobado leyes que prohíben el uso del velo integral en espacios públicos, en todos los casos con argumentos combinados de seguridad, dignidad de la mujer y cohesión social.

Otros países, como Países Bajos o Alemania, han optado por vetos parciales en transportes, escuelas o edificios oficiales, reconociendo que hay contextos en los que la ocultación total del rostro es incompatible con el funcionamiento normal de los servicios públicos.

Frente a esa tendencia, España corre el riesgo de quedar atrapada en un multiculturalismo naïf en el que cualquier crítica a prácticas regresivas se etiqueta como racismo y la defensa de estándares comunes se confunde con intolerancia.

Resulta llamativo que quienes defienden con vehemencia la laicidad del Estado frente a los símbolos católicos no tengan reparos en blindar, en nombre de la religión, un símbolo que consagra la desigualdad de género. No hay coherencia intelectual en perseguir el micromachismo en la publicidad y, al mismo tiempo, aceptar que una mujer se desvanezca por completo bajo una tela en el espacio público.

Este diario considera que España debe avanzar hacia un marco legal claro que prohíba el uso del burka, del niqab y de cualquier prenda que oculte totalmente el rostro en espacios públicos y en determinados ámbitos privados de uso público.

Esa norma debe ser neutral en su redacción, pero firme en su propósito: proteger la dignidad y la seguridad de todos, y en particular de las mujeres sometidas a códigos de vestimenta que las relegan a la invisibilidad.

Respetar la libertad religiosa no implica abdicar de los principios que sostienen nuestra democracia.