Cuarenta y siete años y más de 17.200 días después de su entrada en vigor, la Constitución de 1978 se ha convertido en la más longeva de la historia de España.

Ningún otro texto fundamental, ninguna otra Carta Magna, ha resistido tanto tiempo el desgaste de las crisis económicas, los cambios sociales, los ciclos políticos y las tensiones territoriales.

En un país que conoció constituciones efímeras, pronunciamientos militares y guerras civiles, no es un dato menor: es un hito histórico que debe ser celebrado sin matices.

Sobre todo cuando se comparan los cuarenta y siete años más prósperos de la historia de España con las experiencias de las siete constituciones que la precedieron en una Historia terrible y que debería servir de advertencia contra aventureros y adanistas de todo signo político.

1. La primera clave de esta longevidad es conocida, pero conviene repetirla. La Constitución del 78 es la primera que no fue el programa de una parte de España impuesto a la fuerza sobre la otra, sino el resultado de un pacto entre adversarios.

El consenso de la Transición (entre reformistas del régimen de Francisco Franco, socialdemócratas, democristianos, liberales, nacionalistas moderados y comunistas) dio lugar a un texto deliberadamente inclusivo, capaz de acoger proyectos políticos distintos bajo unas reglas del juego compartidas.

Esa voluntad de acuerdo, expresada después en un referéndum rotundamente afirmativo (votó a favor de ella el 87,8% de los españoles, el 59% del censo electoral de aquel momento), otorgó a la Carta Magna una legitimidad de origen que ninguna otra constitución española había disfrutado.

2. La segunda clave es la combinación de claridad en lo esencial y flexibilidad en lo accesorio.

La Constitución fija con nitidez los pilares del sistema (monarquía parlamentaria, Estado social y democrático de derecho, unidad de la nación española, derechos y libertades fundamentales), pero deja márgenes amplios para que distintas mayorías legislativas desarrollen políticas económicas, sociales o territoriales dentro de ese marco.

Esa "ambigüedad constructiva" ha permitido gobernar a la izquierda y a la derecha, con etapas de mayor liberalización económica o de mayor intervención pública, sin necesidad de reescribir la norma suprema cada vez que cambiaba el ciclo político.

3. Una tercera clave reside en su articulación territorial.

El llamado Estado de las Autonomías no fue un esquema cerrado, sino un proceso abierto que permitió integrar las aspiraciones de autogobierno de Cataluña y el País Vasco y, al mismo tiempo, extender competencias a todas las comunidades.

Con todos sus defectos, este diseño evitó repetir los fracasos del pasado: ni centralismo rígido, ni confederalismo inviable.

Hubo encajes difíciles, agravios comparativos y sentencias dolorosas. Pero durante décadas, el modelo autonómico funcionó como válvula de integración y no como palanca de ruptura.

4. Finalmente, la propia arquitectura de reforma (exigente, pero no imposible) ha contribuido a su estabilidad. La dificultad para modificar los títulos nucleares ha disuadido aventuras de mayoría simple y ha obligado, cuando se ha tocado el texto, a buscar acuerdos amplios.

Ese equilibrio entre rigidez y adaptación ha consolidado la Constitución como un marco duradero, no como una ley ordinaria susceptible de ser reescrita a golpe de coyuntura.

Precisamente por todo ello preocupan tanto las amenazas que hoy pesan sobre ese pacto. No se trata sólo del desafío independentista catalán, que intentó en 2017 sustituir el orden constitucional por un mandato plebiscitario unilateral.

La amenaza más corrosiva es la progresiva ruptura del consenso que ha sostenido la legitimidad de la Carta Magna durante casi medio siglo. Y en esa erosión el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desempeña un papel innegable.

Sánchez ha optado por gobernar España apoyándose de forma sistemática en fuerzas que no sólo no se reconocen en la Constitución, sino que la consideran un obstáculo a superar.

Los indultos a los líderes del procés, la reforma penal que rebajó los costes de los delitos vinculados a ese desafío y, sobre todo, la amnistía negociada con quienes proclamaron la secesión han trasladado un mensaje inequívoco: vulnerar gravemente el orden constitucional puede acabar saliendo rentable si se tiene capacidad de chantaje parlamentario.

Esa lógica desprotege la Constitución y debilita el principio de igualdad ante la ley.

A ello se suma la deslegitimación retórica de instituciones esenciales del Estado de derecho. El uso reiterado de la palabra lawfare para referirse a decisiones judiciales, la presión sobre el Poder Judicial y la ausencia de una voluntad real de buscar pactos de Estado con la oposición han erosionado el clima de confianza mínima que requiere cualquier arquitectura constitucional robusta.

Cuando el Gobierno presenta a los jueces como un actor político más, y la oposición responde negando la legitimidad moral del Ejecutivo, el terreno bajo los pies del pacto del 78 se agrieta.

No es por tanto la Constitución la que ha envejecido mal, sino el comportamiento de quienes deberían ser sus principales garantes. El Partido Popular (con todos sus errores) mantiene en lo esencial una defensa cerrada del marco de 1978, de la separación de poderes, de la unidad de la nación y de la necesidad de grandes acuerdos para tocar las reglas del juego.

El actual PSOE, en cambio, ha pasado en pocos años de ser pilar del consenso a asumir una agenda marcada por socios que viven de cuestionar la existencia misma de España como nación política.

No es una deriva menor ni coyuntural. Es una amenaza a la convivencia de primer orden.

Por todo ello, este récord de longevidad no puede limitarse a una conmemoración complaciente. Debe ser una llamada de atención y un compromiso renovado.

La Constitución de 1978 es, de lejos, el marco que ha proporcionado más años de paz, de libertad y de prosperidad económica en la historia contemporánea de España. Bajo su amparo hemos consolidado una democracia homologable a las europeas, nos hemos integrado en la Unión Europea, hemos modernizado la economía y hemos elevado de forma sostenida el nivel de vida de los ciudadanos.

No hay otra etapa comparable en nuestra trayectoria nacional.

Defender hoy la Constitución no es un ejercicio de nostalgia, sino de responsabilidad. Significa exigir que los grandes acuerdos vuelvan a situarse por encima de la aritmética parlamentaria coyuntural; que las reformas necesarias se aborden desde el pacto y no desde el trueque; que las instituciones de control recuperen su prestigio; que la unidad de España deje de ser moneda de cambio.

Significa, en definitiva, reclamar que el espíritu de consenso de la Transición vuelva a orientar la acción política. La alternativa no es una tabla rasa sobre la que edificar una "España nueva", sino el retroceso de nuestro país a los años más oscuros de nuestra historia.